SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tras la lectura del fallo que anuló los títulos emitidos a particulares de los terrenos de Bahía de Las Águilas y que mantiene el derecho de propiedad a favor del Estado dominicano, el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, manifestó que este ha sido el hecho de corrupción más grande en los últimos años.
“Fue uno de los hechos de corrupción más grandes que ha conocido la historia de la República Dominicana, el cual indudablemente desgarraba en lo más profundo lo que es el patrimonio nacional”, destacó Domínguez Brito.
Domínguez Brito aseguró que devuelve lo que nunca debió ser puesto en duda, que es la propiedad de un patrimonio del pueblo dominicano gracias a “la voluntad y el esfuerzo de un equipo que finalmente brindaron sus frutos”.
“Han sido unos 17 años de lucha en donde la perseverancia, el esfuerzo sin descanso y la voluntad, se impusieron ante choques de intereses a todos los niveles, que iban en detrimento de un patrimonio ecológico de todas y todos los dominicanos, que no podía seguir en manos de particulares; Bahía de Las Águilas es de todas y todos”, manifestó.
Dijo que vale la pena valorar, reconocer el coraje y la decisión del tribunal y la magistrada juez que con mucha responsabilidad tomo esta decisión que durante años y años no había sido tomada en la República Dominicana.
Reconoció el coraje y la lucha constante de Piky Lora, (Carmen Josefina Lora Iglesias) madre de Laura Acosta Lora, para que esos terrenos pasaran a ser patrimonio del Estado dominicano.
Asimismo, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, criticó que no se accione contra los que se declararon dueños de los terrenos que actuaron de forma fraudulenta en la adquisición de las parcelas.
“En ese proceso hay muchas personas que nunca han sido objeto de procesamiento y la sentencia pone en manifiesto que tienen que dar cuenta ante la justicia penal, de su actuación ilícita”, señaló Reynoso.
Tras lo señalado por la jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras, Alba Beard, de la expropiación de los terrenos a través de documentaciones otorgadas con rapidez a los adquirientes de estos, la fiscal del Distrito recalcó que es incongruente que “una resolución se emitió el mismo día, ese mismo día la carta constancia, la transferencia y todo, es decir que es evidente que hay un fraude colosal en contra del Estado dominicano”.
Igualmente, la abogada que representa la Procuraduría General de la República ante el tribunal, Laura Acosta Lora, reconoció la decisión de la magistrada Beard, quien según dice actuó de manera profesional.
“La magistrada Luisa Alba Beard dignifica el Poder Judicial con una sentencia contundente y un gran trabajo de recopilación de cada una de las pruebas”, resaltó.
En tanto, los abogados de los demandados aseveraron que la sentencia ha violentado el derecho de propiedad de todos los adquirientes.
“Utilizó una certificación que ella misma en su propia sentencia, la descalificó y la desechó y luego la tomo como suya, para alegar que existía una oposición inscrita a deslinde y a transferencia, además anuló derechos de forma general, sin identificar uno por uno los derechos de los adquirientes”, apuntó Carlos Jerez, abogado de los compradores de terrenos.
Calificó la sentencia como una violación a los principios impositivos del Derecho Procesal, “ella ha suplido las pruebas sobre la base de una presunción de los que querían las partes demandantes”.
Refirió incoarán el recurso de apelación que corresponde en las instancias superiores.