SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, informó que solicitará al Presidente de la República la urgente convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, con el fin de discutir y evaluar la situación en que se encuentra el sistema de justicia del país.
Según expresó el descargo del senador Félix Bautista y otros casos, obligan a una nueva y profunda reforma en el Sistema Judicial.
Domínguez Brito señaló que el Ministerio Público ha asumido su rol con responsabilidad en el caso del Plan Renove, el de los invernaderos, en la venta de indultos por parte de anteriores autoridades, así como en Bahía de las Águilas; así como los casos recientes de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OSIOE), Obras Públicas, Liga Municipal Dominicana, Bienes Nacionales y de varias alcaldías.
Respecto a la OISOE y el senador Félix Bautista, Domínguez Brito expresó que el Ministerio Público retomó el expediente, pidió el levantamiento del archivo e investigó profundamente probando de forma concisa que había méritos para enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito.
“El Ministerio Público ha luchado con toda la responsabilidad en este caso. Contra todos los obstáculos y amparados en la búsqueda de la verdad y el auténtico interés de brindar a la sociedad respuestas contundentes, que sirvan de mensaje sobre el verdadero sentido y el compromiso que se asume en el ejercicio público”, manifestó.
El máximo representante del Ministerio Público reiteró que el tribunal supremo designó a la magistrada Mariana Daneira García, en el caso de Félix Bautista, con el fin de producir el desempate y favorecer al senador en la acusación que se hiciera.
“Siendo tan predecible el resultado frente a la actual Suprema Corte, entendemos que la mayor sanción moral ante la falta de responsabilidad exhibida, es, precisamente, el desconocimiento de la instancia en cuestión”, agregó Domínguez Brito.
Manifestó que dicha decisión no debe interpretarse como resignación ni mucho menos la intención de cesar en la postura de absoluta intolerancia frente al robo del dinero del pueblo, sino es una forma de luchar y de obligar a una nueva ola de reformas y de producir los cambios.