SAN SALVADOR, El Salvador.- El Instituto de Medicina Legal de El Salvador identificó hoy a 13 de los 14 reclusos asesinados este sábado en el penal de Quezaltepeque (norte) durante una disputa interna de la pandilla Barrio 18, a la que pertenecían.
La institución explicó que no se logró identificar a uno de los pandilleros fallecidos, aunque no determinó las razones por las que no se pudo averiguar su identidad.
Geovanny Esau Santos, Cristian Geovanny Artiga, Carlos Ernesto Herrera, René Mauricio Valle, Carlos David Campos, Víctor Manuel García, José Manuel Rubio, Emanuel de Jesús Lobato, Henry Mauricio Hernández, José Ernesto Durán, José Antonio Gutiérrez Erick, Alberto Escobar y Óscar Alfredo Grijalva, son los 13 muertos identificados.
Todos los ultimados pertenecían a la pandilla Barrio 18, facción Revolucionarios, en la que, según explicó a Efe la Dirección General de Centros Penitenciarios, "hay disputas internas y a consecuencia de eso, hay purgas entre los propios criminales de la estructura".
Según las autoridades penitenciarias, que insistieron en desmentir "rumores de que se haya producido un motín", inicialmente fueron hallados muertos tres privados de libertad en una parte de la cárcel y minutos después se encontraron 11 en otro lugar, todos miembros de la facción Revolucionarios de la Barrio 18.
Por su parte, el portavoz del Gobierno salvadoreño, Eugenio Chicas, dijo que el Ejecutivo tiene la situación "totalmente controlada" y que no hay "ningún vacío que se escape".
Agregó que "estas muertes son producto de problemas internos de la pandilla Barrio 18″, ya que dentro de las prisiones las pandillas tienen sus propias jerarquías.
Los cadáveres fueron hallados cuando se realizaba el encierro rutinario de los reclusos, alrededor de las 18:00 horas locales del sábado (00:00 GMT).
El hecho tiene un precedente en el año 2004, en la cárcel salvadoreña de Mariona (centro), donde 31 reos resultaron muertos y 28 heridos, durante una disputa entre pandilleros.
En el año 2007 también se produjo una masacre de 21 presidiarios en el penal de Apanteos (noroeste), pero en esta ocasión, según aseguraron en su momento las autoridades penitenciarias, "la mayoría de los fallecidos eran presos comunes", no miembros de pandillas.
El gobierno no evitó la matanza
Posteriormente, el ministro de Seguridad, Benito Lara reconoció que el Gobierno manejaba la posibilidad de que la matanza ocurriera.
Lara admitió que el fiscal general de la República, Luis Martínez, advirtió de que "esto iba a suceder el fin de semana", y que también alertó a la Policía Nacional Civil (PNC).
"Sabíamos, lo que siempre se dice en muchos penales, que pueden haber purgas, eso lo han dicho en muchas oportunidades y nosotros hemos estado muy alerta", dijo el ministro al ser cuestionado sobre declaraciones del fiscal general en las que reveló el conocimiento previo de estos hechos.
El funcionario confirmó que, tanto las víctimas, como los ejecutores, pertenecen a la facción Revolucionarios de la pandilla Barrio 18 y que "todo apunta" a que el hecho acaeció por "una purga" entre miembros del mismo grupo criminal, debido a disputas internas entre las diferentes jerarquías.
"Esta es una investigación que está en curso. No ha finalizado. Tenemos unos indicios, pero debemos profundizar más", apuntó Lara.