El director de la Dirección General de Tránsito Terrestre, Luis Terrero, calificó como “un fracaso” los tribunales creados para sancionar las infracciones que se cometen contra la Ley 241, según indicó, porque estos no funcionan.

Terrero recordó que el tribunal que funciona en el edificio que aloja la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), el cual parece un mercado.

“Aquí la multa se aplican de manera administrativa cuando todo el mundo sabe que debe ser el resultado de una decisión de un tribunal, e inclusive el mismo director de Amet denunció en una ocasión que a cada soldado le ponían una cuota, que el nombre de la persona era sacada del padrón de la Junta y por eso habían ciudadanos que aparecían multados sin ser notificado de la infracción”, explicó el funcionario.

Expuso que en el sistema de Tránsito Terrestre sí aparece registrado cuando un ciudadano es objeto de una multa, pero por eso a nadie se le puede negar la renovación de la licencia porque la ley no lo establece, y más cuando esa sanción no proviene de un tribunal competente.

“Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que solamente cuando hay una sentencia de un tribunal competente se le puede negar un papel de buena conducta a un ciudadano, porque, además, esas multas son administrativas y no producto de una autoridad judicial con competencia para ello”, preciso Estrella, al ser entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11.

El director de Tránsito Terrestre sostuvo que si por una de esas multas a un ciudadano se le niega la renovación de su licencia, entonces esa institución estaría incurriendo en desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional.

Dijo que además de la ley que se conoce en el Congreso Nacional, en el país se debe crear el Ministerio de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, para albergar a todas las instituciones que interactúan en el sector y que se encuentran dispersas, muchas veces haciendo funciones comunes o que son competencias de otras instancias.

Criticó el desmantelamiento de que ha sido objeto la institución que dirige, debido a que, según afirma, se ha hecho en violación a la Ley 241, la cual establece que Tránsito Terrestre es la institución responsable de todo lo que tiene que ver con tránsito y transporte en la República Dominicana.