SANTO DOMINGO,  República Dominicana (EFE).- La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó hoy en segunda lectura el endurecimiento de las penas para los menores que cometen delitos, quienes podrán ser condenados a penas máximas de hasta diez y quince años, según la edad que tengan, informó a Efe un portavoz de la institución.

Los legisladores aprobaron modificar ocho artículos del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, iniciativa que ahora será sometida al Senado y, de aprobarse, pasará al Poder Ejecutivo que deberá dar su visto bueno para que entre en vigencia.

De los 123 diputados presentes (la Cámara tiene 183), 120 votaron a favor y tres en contra. Las modificaciones establecen la posibilidad de castigar hasta con diez años de privación de libertad a los menores de entre trece y quince años que cometan delitos, quienes ahora sólo pueden ser condenados a un máximo de tres años.

Además, los que tienen entre quince y diecisiete años podrán ser condenados a un máximo de quince años, mientras que el límite actual es de cinco años de privación de libertad.

Los delitos que podrán ser castigados con estas penas son el homicidio, las lesiones físicas permanentes, la violación y agresión sexual, el robo agravado, el secuestro y el tráfico de drogas.

Esta reforma es rechazada por una decena de organizaciones que integran la Comisión de Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes (CEJNNA) entre las que figura como organismo asesor el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

También ha provocado la reacción en contra de la Coalición de ONG por la Infancia, formada por cerca de una treintena de entidades.

Todas estas organizaciones consideran que "el aislamiento de una persona que está en proceso de formación, lejos de promover cambios positivos de conducta, contribuye a su desarraigo y a su desocialización", según señalaron en un comunicado en octubre, cuando comenzó el trámite legislativo de estas modificaciones.

La representante de Unicef en la República Dominicana, María Jesús Conde, dijo a Efe que esta reforma se ha hecho "en base a percepciones y lejos de lo que significa la reforma de la justicia juvenil".

"Queremos que se juzgue a los adolescentes cuando cometen un delito y se les apliquen las medidas correspondientes si son declarados culpables. No estamos abogando por la impunidad, pero queremos que se respete el estado de derecho", apostilló.

En su opinión, las políticas de seguridad deben orientarse hacia la prevención del delito, y citó medidas encaminadas a este fin como una mayor inversión en educación, la generación de empleo, la profesionalización de la policía, el control de la proliferación de armas pequeñas y otras.

Conde, quien subrayó que la reforma se ha tramitado "en un contexto electoral" (República Dominicana celebrará elecciones presidenciales en 2012), mencionó casos de reformas semejantes aplicadas en países de la región como Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Guatemala, donde se han constatado los efectos negativos citados.

Además, la representante de Unicef señaló que, según la Defensa Pública, en 2010 descendió la participación de adolescentes en hechos delictivos y dijo que cifras de la Procuraduría General de la República indican que durante el primer semestre de 2010 se registraron 18.468 causas judiciales contra adultos y 1.230 contra menores de dieciocho años.

En su opinión se trata de "una reforma que criminaliza la pobreza" y cuyas medidas no se van a aplicar "a adolescentes de clase media alta", sino "a los más pobres, que son los que tienen menos capacidad económica para disponer de una buena defensa". EFE