SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La testigo número 11 del Ministerio Público en el caso Odebrecht, Jissel del Carmen Paulino Cáceres, ofreció un informe sobre el dinero de Víctor Díaz Rúa, sin incluir las cuentas que pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización a la que el imputado sirvió como secretario de Finanzas, aclaró el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
“La testigo ha demostrado que analizó varias cuentas e hizo un informe sobre la cuenta del acusado Víctor Díaz Rúa y que para la conclusión de ese informe solo tomó en cuenta el dinero de Víctor Díaz Rúa y que excluyó de ese informe las cuentas que pertenecían al PLD”, explicó a la prensa del procurador adjunto.
Reveló que la defensa de Díaz Rúa “ha estado defendiéndolo de cuestiones que no le ha imputado el Ministerio Público; por eso, hemos hablado de que se trata de una defensa ficticia”.
El titular de la Pepca destacó, además, que, en la continuación del juicio este martes por los US$92 millones en sobornos que pagó la constructora Odebrecht para lograr contratos de obras del Estado, el Ministerio Público consiguió que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazara la objeción presentada por la defensa técnica de Díaz Rúa a la incorporación de nuevas pruebas.
Tras la decisión del tribunal, el órgano acusador continuó con la presentación de las pruebas a través de la testigo, quien expone sobre los informes financieros relativos al exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
Durante su comparecencia, la analista financiera presenta informaciones contenidas en CD, sobre estados de cuentas, así como movimientos bancarios de distintos productos financieros de Díaz Rúa, sobre los cuales elaboró su informe.
Díaz Rúa es procesado junto a los también imputados Ángel Rondón Rijo, Tommy Galán Grullón, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez.
El equipo litigante del Ministerio Público que encabeza Camacho estima que ha logrado demostrar el incremento patrimonial de los acsuados y cómo obtuvieron los recursos durante el tiempo en que ejercieron sus funciones.
Con más de 1,700 pruebas que serán presentadas durante el proceso, el Ministerio Público procura demostrar que los encartados violaron el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.