Brasilia, 15 dic (EFE).- Agentes de la Policía Federal irrumpieron hoy en la residencia oficial del presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, en una operación dirigida a buscar pruebas sobre supuestos delitos de corrupción.
Como jefe de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó iniciar el trámite para un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, fundamentado en unas irregularidades fiscales en las que ha incurrido el Gobierno para maquillar sus resultados.
La operación fue ordenada por el magistrado Teori Zavascki a petición de la Fiscalía, que investiga desde hace meses a Cunha por su alegada participación en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras, que, según la propia petrolera, se apropió en forma ilegal de 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2014.
Las autoridades policiales informaron de que también realizaron operaciones similares en la residencia particular de Cunha, en Río de Janeiro, y en las casas del senador Edison Lobao y del diputado Aníbal Gomes, sobre quienes también pesan sospechas relacionadas con la corrupción en Petrobras.
Lobao fue ministro de Minas y Energía durante el primer mandato de la actual presidenta del país, Dilma Rousseff, y también había ocupado ese cargo durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de la mandataria.
Cunha, Lobao y Gomes son miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, quien en las últimas semanas ha hecho evidente su distanciamiento de la mandataria, que podría ser sometida a un juicio con miras a su destitución.
Según sostiene la Fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción en Petrobras al menos unos 5 millones de dólares y mantenía ese dinero en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia ha negado pero que ha sido comprobada por la propia Justicia helvética.
Si la presidenta Dilma Rousseff fuera llevada a juicio político por irregularidades fiscales en las que ha incurrido el Gobierno para maquillar sus resultados, podría enfrentar su destitución.
La oposición sostiene que esas maniobras suponen un "delito de responsabilidad", que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.
El proceso contra Rousseff comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero fue suspendido por la Corte Suprema tras atender una demanda oficialista que solicita esclarecer la forma en que será realizado el trámite.
Por las acusaciones que la Fiscalía ha formulado en su contra, Cunha responde también a un juicio político en el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, que le pudiera despojar de su escaño si considerase que los cargos tienen fundamentos. EFE