SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), firmó junto a los Estados miembros de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) la “Declaración Pública” que establece que el acceso a la información es un derecho humano y fundamental para el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Esta firma se realiza en el marco de en el XX encuentro de la RED, que además se encuentra alineado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que facilita el establecimiento de estructuras gubernamentales más eficientes y transparentes, así como de instituciones sólidas, responsables y confiables.
El documento también indica que la independencia y autonomía de los órganos garantes del acceso a la información es fundamental y permite generar mecanismos consistentes de rendición de cuentas gubernamentales que facilitan a los Estados: combatir la corrupción; promover un crecimiento económico tangible y empoderar a la ciudadanía ante la toma de decisiones políticas y sociales para mejorar sus niveles de vida.
Asimismo, aborda el contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19 donde se ha demostrado la relevancia de contar con organismos garantes sólidos que velen por la transparencia y el acceso a información veraz, útil y oportuna, que permita la correcta aplicación de políticas de salud pública y difunda entre la sociedad ejercicios de rendición de cuentas sobre el actuar gubernamental.
También la declaratoria especifica que dado a los efectos negativo de la pandemia en los grupos vulnerables a los que pertenecen las personas en situación de pobreza, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas adultas mayores, con discapacidad, comunidades indígenas e migrantes o que estén en situación de vulnerabilidad por razones relacionadas a identidad de género u orientación sexual, por lo que, la RTA reafirma la importancia de fortalecer el acceso a la información de estos grupos, conforme lo planteado por la Ley Modelo de la OEA 2.0, mediante organismos garantes que aseguren la efectividad de este derecho teniendo en consideración cuestiones tales como el lenguaje claro y sencillo, así como la accesibilidad.
También postula a que las instituciones gubernamentales deben trabajar de forma colaborativa, hoy más que nunca, para garantizar a la sociedad un actuar apegado a los principios democráticos del Estado de derecho, siendo la transparencia la herramienta idónea para reforzar los lazos de confianza ciudadana que han sido otorgadas a éstas.
La RTA se compromete a seguir fortaleciendo los mecanismos de cooperación y asistencia técnica que tengan por objeto mejorar las políticas públicas del acceso a la información, la transparencia y la apertura gubernamental, en favor de las sociedades de la región iberoamericana, así como del fortalecimiento de las estructuras gubernamentales democráticas y aperturistas.
Finalmente, alienta a toda la membresía de la RTA a promover la incorporación de los estándares contenidos en la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública en sus marcos normativos nacionales y apoyar, en la medida de sus posibilidades, los esfuerzos de difusión de dicho instrumento que desarrolla el Departamento de Derecho Internacional de la OEA.