Por Jorge Perez/Especial para Acento.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Nélsida Marmolejos, manifestó que la disposición de los especialistas en otorrinolaringología de no ofrecer asistencia a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), contraviene la Constitución de la República y la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), argumentando que miles de afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) están siendo afectados por la medida y no cuentan con los recursos económicos necesarios para acceder a estos servicios.

“La salud es un servicio fundamental del que no puede prescindirse y hay la obligación de otorgarlo en caso de necesidad”, expresó Marmolejos.

Asimismo, dijo que la DIDA conoce varios casos de cobros excesivos por parte de especialistas y reconoce que muchas veces los galenos resultan afectados por las acciones de las ARS. “Las ARS hacen uso inadecuado del poder de contratación pagando sumas irrisorias y los pagos con retraso a los especialistas en franca violación al artículo 171 de la ley 87-01 que establece el pago al prestador a 10 días de prestación del servicio”.

Marmolejos llamó al titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Pedro Luis Castellanos, a intervenir para garantizar los servicios de otorrinolaringología a los afiliados y encarar esta situación, puesto que no es posible que se permita a sectores afectar el presupuesto familiar de los afiliados al SDSS en desconocimiento de las leyes.

En ese sentido, manifestó que esta nueva situación que perjudica a los afiliados del SDSS es propicia para transparentar aspectos que hace varios años debieron ser revisados, como el Plan de Servicios de Salud (PDSS) y el Catálogo de Medicamentos.

En las últimas semanas la Sociedad de Otorrinolaringología ha llamado a sus miembros a suspender los servicios a los afiliados del Seguro Familiar de Salud si las ARS no aumentaban el pago de sus servicios, hecho que también ha ocurrido con otras especialidades en ocasiones anteriores en violación a la Constitución de la República.