SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El exministro Víctor Diaz Rúa solicitó hoy su absolución de los cargos de corrupto que se le imputan en el caso Odebrecht, en tanto que el procurador adjunto, Wilson Camacho, aseguró que la defensa del imputado "exhibió una conducta ilusa al pretender que el tribunal que conoce las acusaciones por corrupción obvie el tipo penal del soborno transnacional".
Camacho insistió en que en un caso de corrupción como el de Odebrecht, que enfrenta, justamente, un esquema de sobornos transnacional, la defensa de Díaz Rúa pretende que el tribunal le crea “que no hay el tipo penal de sobornos transnacional”.
“Pretender decirle al tribunal, o a cualquier ciudadano dominicano, que un funcionario público puede decidir qué bien declarar o que no y que eso no tiene consecuencia, no puede ser otra cosa que una muestra de ser iluso”, enfatizó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Camacho, quien encabeza el equipo que representa al Ministerio Público en el juicio de fondo que se desarrolla en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, reiteró que “pretender concentrar la discusión, que es lo que han hecho en el día de hoy, en cómo Odebrecht construía las obras, cuando esto se trata de qué hacía Odebrecht para conseguir las obras, y lo que hacía era pagar sobornos, es una conducta ilusa”.
El representante del Ministerio Público ofreció las declaraciones al conversar con la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de que el juicio fuera aplazado para el próximo lunes 30 de agosto, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de los abogados de la defensa de Andrés Bautista García, a quienes corresponde presentar su discurso de cierre respecto a la acusación del Ministerio Público.
La defensa de Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, concluyó con sus alegatos de clausura sobre las imputaciones del Ministerio Público por su vinculación a los US$92 millones que Odebrecht admitió haber distribuido para granjearse la adjudicación de contratos de obras públicas en el país.
Díaz Rúa enfrenta cargos por los delitos de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos producto de infracciones graves, hechos por los que el Ministerio Público ha pedido que le sean impuestos 10 años de prisión.
El órgano acusador también pidió 10 años de prisión para el coimputado Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht; para Conrado Pittaluga siete años y cinco años para los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy Galán Grullón, así como para Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.
Solicita también que cada uno de los imputados pague una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso, además de que se le varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
Las juezas Méndez, Yunes y Naranjo escuchan los discursos de clausura de las partes en la etapa final del proceso judicial. El primero en hacerlo fue el Ministerio Público, luego las defensas de Rondón Rijo y Díaz Rúa, programando para el próximo lunes la intervención de la defensa de Bautista García.
Exministro pidió declarar extinción del proceso penal y liberar bienes
A través de sus abogados, el exministro de Obras Públicas pidió declarar la extinción del proceso penal en su contra y que las juezas rechacen la solicitud de la Pepca sobre el decomiso de bienes y cuentas bancarias y, además, que ordenen el cese de medida de coerción e inmovilización de fondos.
Pasaron cinco años y nueve meses desde que Díaz Rúa dejó de ser ministro de Obras Públicas (agosto 2012) a cuando se presentó la acusación en su contra (junio 2018), entonces el asunto prescribió. Y si no se considera así, entonces la pena máxima por el delito de enriquecimiento ilícito llega a cinco años, sostuvo el abogado Ramón Emilio Núñez.
Por prevaricación, la sentencia máxima es de un año y de soborno, seis meses, añadió.
También el abogado defensor Miguel Valerio indicó que "este es un caso sin soporte probatorio" porque la Pepca pidió la condena de diez años de cárcel para Díaz Rúa sin tener "rigor en la calificación jurídica".