SAN JOSÉ, Costa Rica.- La justicia de la República Dominicana les niega a los hijos de extranjeros sin residencia permanente el derecho de ser ciudadano dominicano, aunque estos hayan nacido en el país. Esta sentencia ha provocado un gran revuelo tanto en su vecino Haití y todo el Caribe.

Haití y la República Dominicana  comparten  la isla La Española, viviendo desde hace mucho tiempo una relación bastante tensa. En  el Siglo XIX  Haití que fue colonia francesa y obtuvo su independencia, ocupó  la colonia española situada en el Este de la isla. En el Siglo XX se fortaleció República Dominicana, mientras que la " Perla del Caribe " como era llamada Haití, empobrecía. Durante casi cien años, decenas de miles de trabajadores haitianos fueron buscados y  llevados al otro lado de la frontera, primero para la cosecha de la caña de azúcar, más tarde también para la industria de la construcción. Esto sucedía con el acuerdo de las autoridades de ambos países.

Los malos haitianos
La mayoría de los inmigrantes permanecieron en el país y formaron familias. Sus hijos se sienten como dominicanos. Las autoridades le otorgaron documentos sin el debido control. Muchos  de estos inmigrantes se integraron, otros, especialmente aquellos que permanecieron asentados en los cinturones de miseria de las plantaciones de caña de azúcar, se aislaron. Los prejuicios contra esta población prosperaron. Los niños dominicanos debían aprender  a ser buenos, porque de lo contrario " te lleva el haitiano”. La agitación política contra estos inmigrantes culminó bajo el dictador Rafael Trujillo en el 1937 con el asesinato en masa de cerca de 20 000 personas.

En la República Dominicana estuvo en vigencia en términos de nacionalidad, el jus solis, una tradición en los países latinoamericanos: Los nacidos en el país obtenían la ciudadanía automáticamente. Así lo dice la constitución hasta el año 1966  donde ese automatismo fue abolido. La constitución fue revisada  en 2010, donde a partir de ahí les niega  el derecho a la adquisición automática de la nacionalidad dominicana a los hijos de los residentes temporales o residentes ilegales.

En algunos casos y con mayor frecuencia desde el año 2007, los descendientes de los inmigrantes haitianos para la emisión de la cédula de identidad fue denegada a pesar de la presencia de un certificado de nacimiento dominicano. Este documento es necesario para los adultos para un trabajo legal, para su inclusión en la seguridad social, el derecho a votar  y la escolarización de sus hijos.

Como hija de padres “ilegales” nacida en el 1984,  una mujer llamada Juliana Deguis Pierre recurrió en un caso similar hasta llegar su caso al  Tribunal Constitucional.

Retroactividad “válida”
El tribunal dictó el 23.09.2013  su sentencia. La demandante y todos los que desde el año 1929 han nacido en la República Dominicana, los hijos de extranjeros no establecidos legalmente no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, tanto la demandante, y con ella todos los que desde 1929  ingresaron en territorio dominicano en las mismas condiciones. El Tribunal Constitucional ordenó que Juliana Deguis Pierre que ha pasado toda su vida en el país, sólo habla español y nunca ha estado en Haití, se le emitiera una tarjeta de identificación especial como residente temporal. Tan pronto como sea posible debe ser formulado el "Plan para la regularización de extranjeros”.

Una minoría de la Corte Constitucional ha rechazado el veredicto, debido a la aplicación de la ley retroactivamente. En ese mismo orden, dominicanos y extranjeros, pertenecientes a grupos de los Derechos Humanos critican que esta decisión del tribunal de facto afecta casi exclusivamente los negros de origen haitiano y debido a esto es discriminatoria. El Premio Nobel de Literatura, el liberal Mario Vargas Llosa ha calificado la sentencia como una verdadera filípica en el periódico español "El País ", como un descarrilamiento jurídico al estilo de las leyes raciales nazis y como una crueldad inhumana, no menos grave que la masacre de 1937.

En el extranjero, Haití  fue el primero que reaccionó.  Ordenó a su embajada a consulta a Puerto Principie. Lo mismo lo hizo el gobierno dominicano con el argumento de que Haití había roto previamente la promesa de permanecer en el diálogo, porque Haití se había integrado en organizaciones internacionales en contra de la República Dominicana.

De hecho amenaza a República Dominicana la condena internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró estar muy preocupado por la sentencia y pidió al gobierno en Santo Domingo estar  en consonancia con sus obligaciones internacionales de proteger los derechos de los dominicanos de origen haitiano. Del mismo modo lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Cuyo tribunal se ha apoderado de varios casos de demandas por deportaciones de haitianos, ha demandado poner fin a estas acciones, las cuales han tardado en concretarse.  Como también ha criticado la política migratoria dominicana y de los derechos civiles de los haitianos que han sido deportados. Mientras tanto, el gobierno ha permitido que una comisión de la CIDH visite Santo Domingo para aclarar sobre la situación.

Sobre todo esto pone en riesgo la entrada de la República Dominicana como miembro de pleno a la Comunidad del Caribe (Caricom). Por el momento el correspondiente procedimiento ha sido suspendido, en el cual Haití en esta decisión no ha sido responsable.

Justificaciones
El gobierno dominicano se le hace difícil justificar lo sucedido. Bien es verdad que  el presidente se lamentó de la sentencia ante una delegación de grupos que aboga por los derechos de los descendientes haitianos, y se comprometió a iniciar un proceso de consulta y abogar por estos derechos. Pero abogados y diplomáticos dominicanos defienden la sentencia sobre la base de que un Estado soberano tiene el derecho y el deber de regular la situación de los extranjeros con un confuso estatus  ya que otros países  también lo harían.

Los haitianos – así aseveran – se establecieron durante mucho tiempo en el país ilegalmente. Las mujeres vienen aquí a parir sus hijos, y hay una verdadera mafia de los documentos de identidad de los cuales muchos son falsificados.

Todo esto puede ser cierto, pero las medidas adecuadas serían accionar en el ámbito policial y no por una ley nacional e internacional cuestionables, retroactiva y afectando varias generaciones por una nueva política migratoria,  que incluso afecte a personas totalmente integradas su identidad y amenace en convertirlos en apátridas. Debido a que han perdido sus derechos a la ciudadanía haitiana desde hace mucho tiempo. Las autoridades electorales han tratado de suavizar este oleaje  diciendo que los  descendientes de los extranjeros podían legalizar su situación siempre y cuando demuestren que han nacido en la República Dominicana y no son delincuentes, entre otras. Pero luego pueden recibir sólo un permiso de residencia temporal, no la ciudadanía.

Sumarios de  deportaciones
Mientras tanto muchos haitianos abandonan la República Dominicana, pero rara vez por su propia voluntad. Tras el asesinato de una pareja de ancianos en la ciudad fronteriza Neiba a finales de noviembre un haitiano fue linchado, por lo cual muchos de sus compatriotas huyeron. El ejército dominicano el año pasado, según diversas fuentes ha repatriado unos 18 000 haitianos que supuestamente estaban en el país ilegalmente. Estos procedimientos han sido llevado a cabo sin posibilidad de objetar o protestar por parte del afectado lo que es legalmente poco creíble,  y en los ojos de los críticos, las autoridades dominicanas socavan su propia afirmación  de que  ellos quieren resolver este problema de larga data de una forma humanitaria.

Ni siquiera está claro cuántas personas podrían verse afectada por el plan de regularización para los extranjeros. Desde el siglo pasado, probablemente alrededor de un millón de personas – han emigrado legal o ilegal en partes iguales, desde Haití a la República Dominicana, que actualmente cuenta con alrededor de 10,5 millones de personas. El gobierno estima que actualmente cerca de 244 000 hijos de inmigrantes viven en el país. Una revisión del registro civil desde 1929  solo registró 24, 392 niños nacidos en el país que fueron identificados  en situación irregular porque sus padres no han presentado los documentos de identidad válida  y 13, 672 de ellos eran haitianos.

Traducción autorizada por el autor hecha por: Rafaelina Segura, Schaffhausen, Suiza