SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Francisco Contreras Núñez, procurador General de Corte de Apelación y Titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales; solicitó al presidente Luis Abinader la paralización del desarrollo del Cementerio Jardín Memorial por violación a la Ley 389 y la Ley 202-04, conocida como Ley Sectorial de Áreas Protegidas.
La solicitud formal se hizo vía la procuradora General, Miriam Germán Brito, basada en la denuncia que el Consejo de Defensa del Parque Nacional Mirador Norte hizo desde que en el año 2003 el Estado le cedió “por favores y amistad política”, el 40% (70 hectáreas) del terreno del parque a un “privilegiado empresario venezolano” de nombre Carlos Termini Bellone para construir un cementerio.
En una carta dirigida al mandatario, Contreras Núñez hizo seis solicitudes de acciones a tomar para dar solución a la problemática. Primero, pidió que se revoque del decreto 1130-03 por ser contrario a las disposiciones legales.
Mediante ese decreto, el ex presidente Hipólito Mejía concedió construir un cementerio privado en los terrenos de la ampliación del parque y vender los terrenos para su propio beneficio. En consecuencia, el procurador solicitó que se reintegren a la extensión territorial del Parque Nacional Mirador Norte todas las áreas que este decreto excluyó.
Segundo, que la directiva del cementerio Jardín Memorial en los terrenos del Parque Nacional ordene la paralización de las futuras obras y las obras en construcción actuales.
Tercero, que las personas sepultadas en las áreas construidas del Cementerio Jardín Memorial, sean mantenidas en dichos espacios y que a la administración le sea vetado la posibilidad de agregar una persona fallecida más en las instalaciones del cementerio.
Cuarto, que sea ordenada la supervisión estatal en la administración de los nichos existentes en el cementerio Jardín Memorial, toda vez que está ubicado en territorio de dominio estatal.
Quinto, que los terrenos en que los árboles han sido desmontados y talados, así como aquellos que están en construcción al momento de la emisión del decreto y donde no existan personas sepultadas, se ordene la remediación ambiental del terreno a través de la siembra de árboles propios de la zona, actividad que quedará bajo responsabilidad y costo de la administración del cementerio Jardín Memorial.
Por último, que se instruya al Ministerio de Medio Ambiente a dejar sin efecto la licencia ambiental que se otorgó en favor del cementerio Jardín Memorial.