Descuido servicio exterior le costará al país US$51 millones por demanda Sun Land

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La corte que juzgó y condenó al Estado Dominicano y al INDRHI a pagar 51 millones de dólares a dos empresas de la Florida, desmontó todos los argumentos del Estado Dominicano cuando se presentó, fuera del plazo, a intentar rebatir los argumentos de los demandantes Arquitectura & Ingenieria Siglo XXI y Sun Land.

“La Corte no es ciega a la gran cantidad de dinero involucrado en este caso. El hecho de que una gran suma de dinero haya sido ingresada por esta sentencia en rebeldía, a diferencia de un procedimiento sobre el fondo, es en muchos sentidos un resultado desafortunado. Sin embargo, son los demandados los que se ponen en esta posición mediante sus denegaciones firmes y reiteradas a participar en el proceso legal. (Los argumentos jurídicos deben ser planteados en documentos de respuesta "y no justifica una simple negativa a participar en el litigio".). Esto es lo que dice el dictamen del juez Michael Moore.

El análisis que hizo el juez del comportamiento del Estado

La Corte se ocupó primero de determinar si “existía una buena razón para dejar de responder a la demanda”. Los acusados ​​sostienen que “la sentencia en rebeldía es el resultado de un error administrativo, de la incomprensión de la aplicación de las políticas internas del Consulado General para aceptar el servicio de un proceso en un procedimiento en que se nombra al gobierno de la República Dominicana o cualquiera de sus dependencias como acusado en una demanda”.

Los acusados ​​sostienen que los tribunales son tolerantes cuando se producen errores administrativos. (Citan casos: de Scott vs. Power Poder especialistas de mantenimiento del Plan, Inc., No. 09-cv-2591-KHV de 2010de 2010 ", cuando los empleadores manejan mal una orden que llegó por correo; otro en el cual inversores pasivos creían que el asunto estaba siendo manejado por la compañía, y que ellos no tenían que responder personalmente a la denuncia”.

Los acusados ​​alegaron que sus acciones corresponden a negligencia. Los acusados ​​sostienen, además, que el problema se ve agravado por el consejero (Burgos), un abogado que no estaba registrado como consejero oficial, que no fue entrenado en los Estados Unidos y que no revisó la Demanda ni los documentos adjuntos.

Los acusados ​​sostienen que actuaron de buena fe y que sus acciones no fueron “de ninguna manera intencionales o el resultado de la mala conducta”, sino más bien resultado de un error involuntario, de una negligencia excusable. Esto se evidenció en el hecho de que la ayudante del cónsul inmediatamente se puso en contacto con abogados de los demandantes, no una, sino dos veces, para discutir su punto de vista sobre la posición del Consulado General -al margen de si la posición era correcta o incorrecta-.

Los demandantes argumentan que “los acusados ​​reconocieron haber recibido, y considerado, y buscado asesoramiento sobre la forma de manejar los documentos legales que presentaron los demandantes, pero finalmente optaron por no responder. Lacayo, quien se comunicó en varias ocasiones con los demandantes, “fue sólo sinónimo de una falla institucional más amplia para aceptar la responsabilidad y el control”.

Los demandantes sostienen que un desacuerdo sobre el servicio efectivo no excusa la falta de respuesta para los argumentos. “Fue insuficiente de alguna manera, debió haber sido abordado en un escrito de respuesta y no se justifica simplemente negándose a participar en el litigio”. Los demandantes también sostienen que el hecho de no establecer garantías mínimas de procedimiento no constituye negligencia excusable.

Los demandantes señalan, además, que los acusados ​​recibieron varias comunicaciones sobre este asunto en múltiples lugares. La sentencia en rebeldía sólo se registro tras "una falta sin precedentes de los acusados ​​para responder que habían recibido un total de nueve (…) comunicaciones diferentes, escritas u orales…”

Los demandados reconocen que recibieron las demandas. En vez de responder, los acusados ​​en dos ocasiones llegaron a los demandantes para informarles de que no responderían debido a un desacuerdo en cuanto a la validez del servicio. Los acusados ​​sostienen que se trató de un error administrativo, debido a la multiplicación de las políticas internas del Consulado.

Otras consideraciones del juez Michael Moore

El juez dice que básicamente, los acusados ​​han hecho de la falta de salvaguardas procesales un argumento. Porque Lacayo no siguió adecuadamente las políticas internas y porque no había un sistema de supervisión mejor en el Consulado o en el servicio diplomático dominicano, ocurrió lo contrario, un incidente evitable. Este argumento carece de valor. Es un precedente establecido que "no establecer en un momento determinado garantías mínimas de procedimiento para la determinación de la acción en respuesta a (una queja) no constituye una omisión excusable por negligencia".

La Corte también está en desacuerdo con la implicación de los acusados de ​​que las acciones de Lacayo equivalen a un error administrativo por un empleado de bajo nivel. Lacayo no es un empleado de bajo rango que accidentalmente archivó mal una queja. Más bien, es el asistente del Consulado General, que ha trabajado en el Consulado durante doce años. Lacayo tiene un nivel lo suficientemente alto en su posición, o se sentía suficientemente elevada en su posición para llamar personalmente a los abogados del demandante en dos ocasiones, con el fin de informarles de que no habría respuesta en un corto plazo. Esto no es simplemente una situación que se puede describir como un "error administrativo".

Los acusados ​​también afirman que recibieron un asesoramiento jurídico ineficaz. Estos consejos vinieron de Burgos, un abogado que no es estadounidense, que no examinó la queja ni los documentos adjuntos y no era un abogado registrado de los acusados. Este argumento carece de fundamento. “La falta negligente de un abogado para responder a una demanda no constituye negligencia excusable".

"Como mínimo ‘una parte debe demostrar su diligencia, incluso cuando el abogado comete una falta grave'". Aquí, el hecho de que Burgos no era un abogado capacitado en EE.UU. y que no había revisado los documentos, debería haber puesto al Consulado sobre aviso de que podría ser prudente reconsiderar los consejos de Burgos, ya sea porque se le proporcionaran los documentos pertinentes o mediante la consulta con un abogado local experimentado. Esto sólo se agrava por el hecho de que el abogado de los demandantes explicó la base jurídica del servicio a Lacayo por teléfono.

Esta Corte también está en desacuerdo con la afirmación de los demandados de que su comportamiento fue “de buena fe…” o que simplemente negligente. Con pleno conocimiento de la demanda, los acusados ​​tomaron la decisión deliberada de no responder, al parecer como una maniobra táctica, basados ​​en la idea de que el servicio era inadecuado.

Dos antecedentes: “Los tribunales son menos tolerantes (…) en los casos en que el abogado elabora mal o malinterpreta las reglas o leyes o toma decisiones tácticas malas";  "Si una parte intencionalmente incumple ya sea intencional o imprudentemente, con los procedimientos judiciales, el tribunal no tiene que buscar otros elementos”.

A partir de estos antecedentes, es evidente que los acusados carecían de una buena razón para no responder a la demanda o las múltiples comunicaciones que recibieron sobre este asunto.

Como esta Corte ha establecido que los demandados no han podido demostrar una razón para no responder a la demanda, el Tribunal de Justicia no tiene que analizar si los acusados ​​tienen una defensa meritoria o el perjuicio potencial que le causaría a la parte demandante anular la sentencia en rebeldía. De acuerdo con lo anterior, los demandados no han cumplido con las normas establecidas. [de la Reserva Federal. R. Civ.. P. 60 (b) (1)] y la anulación debe ser negada.

La Corte no es ciega a la gran cantidad de dinero involucrado en este caso. El hecho de que una gran suma de dinero haya sido ingresado por esta sentencia en rebeldía, a diferencia de un procedimiento sobre el fondo, es en muchos sentidos un resultado desafortunado. Sin embargo, son los demandados los que se ponen en esta posición mediante sus denegaciones firmes y reiterados a participar en el proceso legal. (Los argumentos jurídicos deben ser planteados en documentos de respuesta "y no justifica una simple negativa a participar en el litigio".)

Por lo anteriormente expuesto, se ordena y decreta que se rechaza la Moción para anular el fallo por sentencia en rebeldía. Este caso queda cerrado.

20 de agosto de 2013

K. Michael Moore

Juez del Distrito de los Estados Unidos de América

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