SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Han transcurrido unas 52,008 horas desde que Juan Almonte fue visto por última vez el 28 de septiembre del 2009; unas 15,120 horas desde la desaparición de Randy Vizcaíno tras su apresamiento por parte de agentes policiales, y 1,704 horas sin Carla Massiel Cabrera, la niña que acudió a un culto cristiano y no regresó a su casa.
Son solo tres de decenas de casos pendientes de solución en República Dominicana, que continúan generando angustia a las familias, las cuales esperan con cada minuto una respuesta a sus preguntas y a sus plegarias, encontrando de frente el frío vacío de un “seguimos investigando”.
Unos 90 “tragados por la tierra”, desaparecidos en el aire caliente y húmedo de República Dominicana, se encuentran pendientes de una solución, según datos ofrecidos por el Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional en marzo de este año, y publicados por Diario Libre bajo la firma del periodista Carlos Reyes.
Todo un reto para las autoridades, especialmente cuando en algunos de los casos (el de Randy Vizcaíno y Juan Almonte, por ejemplo) la Policía Nacional, entidad encargada de investigar, es señalada como responsable del desvanecimiento.
“Uno de los retos del presidente Medina es mejorar la seguridad ciudadana”, afirma el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Manuel Elpidio Báez, entrelazando los dedos al descansar sus brazos sobre una larga mesa en el salón del bloque parlamentario del partido morado en la Cámara Baja.
Pero más allá del proceso de reforma, Báez, miembro de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, pasa la batuta a la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, para demandar el esclarecimiento de los casos sin dejarlos perimir en el tiempo por la inercia o desinterés de las autoridades, en este caso, la Policía.
“Si a la Policía no se le presiona para que esclarezca la situación, no lo van a hacer, porque lógicamente no tienen interés en hacerlo”, asevera.
Tal es el caso de Carla Massiel, de nueve años, que con su desaparición cautivó la atención de los medios de comunicación y puso en vilo a la nación.
Tras promesas del anterior jefe de la Policía Nacional y el actual, Manuel Castro Castillo y Nelson Ramón Peguero Paredes, respectivamente, de hacer cuanto esté al alcance de la institución para resolver la desaparición de Carla Massiel, la niña continúa perdida.
“La sociedad debe exigir y empoderarse para demandar que se establezcan responsabilidades en estos casos, como ha ocurrido con Vizcaíno y Carla Massiel”, afirma.
El pasado 31 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y el Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas, manifestaron frente a la Procuraduría General de la República del Distrito Nacional en demanda de que se ordene una exhaustiva investigación sobre todos los casos de desapariciones forzadas en el país.
Solicitó además a la institución que se reúna “cuanto antes con los familiares de los desaparecidos para recibir sus inquietudes y escuchar su situación y explicarles sobre los avances de las investigaciones”.
"Monstruo"
No falta quien haga la comparación entre la desaparición de Carla Massiel o la de Juan Alfredo Díaz y la efectividad de la Policía Nacional para resolver el enigma, con otros casos en los que las labores de inteligencia han sido impecables, citando como ejemplo la rápida acción para detener a los asaltantes del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
Salvando las diferencias entre los casos, la comparación entre la aparición (o supuesta aparición) del finísimo, exclusivísimo y carísimo reloj Rolex sustraído al exfuncionario con Carla Massiel, quien continúa perdida, causó escozor y preocupación en la población.
Una situación que Nelson Gutiérrez califica como lamentable. A través del auricular del teléfono, el comunicador y director del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CONADEHU), critica que la Policía haya actuado con celeridad en el caso de Díaz Rúa para evitar consecuencias políticas, debido a la cercanía entre el exministro y el expresidente Leonel Fernández.
Pero el caso de Carla Massiel es solo una parte del problema. Las desapariciones forzadas constituyen uno de los temas más espinosos a los que debe responder la Policía Nacional, mismo que Amnistía Internacional, en un comunicado del 28 de agosto del 2014, calificó como "la expresión más brutal de las fallos del sistema policial".
Casos como el de Gabriel Sandi Alistar, desaparecido el 23 de julio de 2009, luego de haber sido detenido en relación con el presunto secuestro de otro hombre. Según un testigo, Alistar fue golpeado en la comisaría. A su hermano, quien asistió al cuartel tres días después de la detención de su pariente, le informaron que había escapado. Nada más se ha dicho desde entonces.
La similitud entre los casos de Gabriel Sandi Alistar y Randy Vizcaíno es difícil de ignorar.
El profesor universitario, Narciso González (Narcisazo), se esfumó un 26 de mayo de 1994 luego de haber sido detenido durante un operativo, según testigos.
Tras 21 años y una condena que obligó al Estado a pagar una indemnización de 450 mil dólares en 2012, sus familiares continúan con la petición de que sea esclarecida la desaparición, y de esa forma obtener un cierre.
En el caso de Narciso González, los segundos se vuelven impronunciables.
“El poder político en este país dejó a la Policía que creciera y se convirtiera en un monstruo. Luego se dio cuenta de que este monstruo no puede operar con los criterios que demanda una democracia moderna. Esa policía nacional hay que reorganizarla. Hay que transparentarla”, señala Manuel Elpidio Báez, quien ya se había pronunciado para que la ubicación de Randy Vizcaíno fuera revelada.
Reforma
El pasado siete de julio, se realizó el Primer Foro Interinstitucional para la Reforma Policial, auspiciado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el Palacio de la Policía Nacional.
Dicha reforma, plantea una revolución dentro de la institución a través de la adopción de una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, con la finalidad de fortalecer la entidad y que permita a tener un personal más capacitado y eficiente en el desarrollo de sus funciones. Una ley que asegura Manuel Elpidio Báez se encuentra “cerca de su aprobación”.
Báez admite que las desapariciones y la falta de resolución demuestran la debilidad de las instituciones, las cuales debe superar para evitar que la población se sienta desprotegida.
Empero, Nelson Gutiérrez augura, con voz cuasi electrónica por el equipo telefónico – un sonido agudo y chillón la matiza –, que la reforma Policial no podrá ser efectiva si no se realiza de manera integral.
Agrega de inmediato que numerosos cambios planteados en la reforma pueden llevarse a cabo de manera administrativa, sin que sea necesaria esperar la aprobación de una nueva Ley Orgánica, incrementando – por ejemplo – los sueldos de los oficiales y mejorando su calidad de vida y del ejercicio de su servicio.
Mientras tanto, la vida de decenas de familias han cambiado por la ausencia de uno de sus miembros, sin que hasta el momento puedan tener un cierre, el regreso de su ser querido o una cruz en la que puedan recostar un ramo de flores.
Mientras tanto, los meses y años, las horas, minutos y segundos seguirán acumulándose en largos sacos tejidos de desesperación, sin que se pueda brindar una respuesta. Solo el tiempo dirá.