SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Pedro César Mota Pacheco, fue sometido a la justicia este viernes, mediante querella, por supuestamente posesionar unos terrenos ajenos en el sector Salamanca de Pedro Brand, a terceros.

La querella por violación de propiedad privada y asociación de malhechores que fue depositada ante la Fiscalía del Distrito Nacional, establece que los terrenos en cuestión, unas 2,419 tareas, fueron vendidos por el CEA en el año 2001 a los esposos Manuel de Jesús Salcedo y Lucy Geomar Olivero Rodríguez, por RD$9,685,920. Este pago acordado fue completado, según consta tres recibos de diciembre del 2010, y enero del 2014.

La acusación apunta que el director de esa institución luego le quitó a la pareja parte de las tareas para, supuestamente, posesionar en ellas a terceros, entre ellos militantes y allegados al Partido de la Liberación Dominicana, quienes construyeron mansiones.

Uno de los abogados representantes, Manuel Sierra, explica que tiene constancia de oficios donde fueron posesionadas unas 300 tareas de sus clientes a al menos 12 personas. “Cuando vemos la cantidad de inmuebles en esos terrenos, hay como 25 a 30 casas buenas, como mínimo”, apuntó el abogado, quien asegura que, aunque no tiene oficios que certifiquen, “hay mucha más gente con más propiedades, más grandes”, en la tierra en litis.

La querella incluye a otras 12 personas, entre ellas la directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Anina Marcelino del Castillo, quien de acuerdo a la acusación es parte beneficiada de los terrenos despojados.

Los otros involucrados en esta querella son Amaury Sánchez de la Rosa, Cándido Cueva Rivas, Adriano de Jesús Espaillat, Altagracia del Rosario Kranwinkel, Zuleyka Marie Hernández Castillo, Elvira Mora Quezada, Olgui Marte, Bienvenido Calcaño de la Cruz, Roberto Manace Almonte, Juan Alfonzo Guerrero Giron y Rubén Calcaño.

En el sometimiento, interpuesto por los abogados Manuel Sierra Pérez, Ybo René Sánchez Díaz y Santiago Díaz, se solicita prisión preventiva, 80 millones de indemnización y la devolución de las tierras.