SANTO DOMINGO, República Dominicana.– (Panky Corcino)/Acento.com.do  Antes de ganar la Presidencia Danilo Medina aseguró que no le temblaría el pulso para someter ante los tribunales a los funcionarios de su gobierno que incurran en actos dolosos.

Algunos pudieron imaginarse que dos años después las cárceles alojarían a funcionarios del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Pero todavía la población espera “lo que nunca se ha hecho” en materia de lucha contra la corrupción.

Salvo en algunos casos, como el del ex administrador de Bienes Nacionales, Elías Wessin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), aliado del PLD, las denuncias o acusaciones por corrupción se pierden en la burocracia del Ministerio Público o del mismo Poder Judicial encabezado por Mariano Germán Mejía, un abogado del entorno del expresidente Leonel Fernández.

Las memorias de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que encabeza Laura Guerrero Pelletier, explican que esa entidad recibió entre enero de 2013 y abril de 2014 un total de 30 denuncias y querellas contra servidores públicos, incluyendo actuales funcionarios, que habrían incurrido en actos dolosos.

Estas denuncias y querellas se refieren a supuestos actos de corrupción cometidos en Bienes Nacionales, el Hospital General Doctor Vinicio Calventi, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) y el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE).

También recibió una querella sobre supuestos actos dolosos en el Banco de Reservas, otra sobre la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y una denuncia sobre la compra de los ocho aviones súper tucanos.

La unidad de litigación de la PEPCA tiene pendiente de presentar acto conclusivo sobre el caso de San José del Puerto, Villa Altagracia, en relación al imputado Radhamés Díaz. Destaca que estuvo audiencia preliminar en cinco casos, incluyendo el del Seguro Médico para Maestros (SEMMA) y uno relativo al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), respeto al período 2007-2009.

En sus memorias, Guerrero Pellestier resalta que la PEPCA logró el envío a juicio de fondo de diez casos. Pero en pocos de éstos, por no decir en ninguno, están involucradas figuras prestantes del oficialista PLD.

Las instancias judiciales recibieron denuncias que incriminan en supuestos actos de corrupción al expresidente Fernández y a sus colabores cercanos, como el actual senador Félix Bautista o el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa. Pero las afirmaciones públicas de la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, apuntan al derrotero judicial que pueden seguir estos procesos.

“(…) Este sistema del que yo soy parte, pero que está corrompido. Y yo sé que está corrompido, porque yo lo digo desde adentro…”, dijo Reynoso ante un tribunal al recusar a la juez que conocía la denuncia en que el periodista Freddy Aguasvivas acusa a Díaz Rúa de corrupción y lavado de activos, por el supuesto manejo irregular de más de 171 millones de dólares, en complicidad con el empresario de origen árabe Mustafá Abu Naba’a, el estadounidense Harry Sargeant y otros ejecutivos de la empresa Sargeant Petroleum.

La fiscal sostiene que la designación de la jueza de instrucción Margarita Cristo para conocer el caso obedece a un plan para favorecer a Díaz Rúa. También se quejó públicamente, a través de su cuenta de Twitter, luego de que la magistrada la acusó de “ultraje”, que se estaba haciendo “el caso al caso” como una estrategia  para distraer la investigación en curso contra el ex funcionario.

“La querella nuestra  quedó pequeña con la cantidad de pruebas que encontró la fiscal del Distrito contra Díaz Rúa”, asegura Aguasvivas, quien sostiene que se mantendrá firme en el proceso al que se adhirieron otras entidades que luchan contra la corrupción, aunque la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), que preside Yuniol Ramírez Ferreras, se retiró del proceso.

La CONA presentó ante la Fiscalía la querella contra Díaz Rúa y Mustafá Abu Naba’a  el 5 de febrero 2013. Luego, el 23 de octubre, Ramírez Ferreras la retiró bajo el argumento de que “los documentos que presentó el ex ministro Víctor Díaz Rúa evidencian que no hubo violación de la Ley 1486 sobre representación del Estado en Actos Jurídicos” en la firma de las 13 adendas que firmó del contrato con SargeantPetroleum para el transporte, almacenaje y manejo de materiales asfálticos (AC-30).

El 25 de abril de 2013 la CONA presentó ante la Fiscalía del Distrito una querella en la que acusaba a Diandino Peña, director de la Oficina para Reordenamiento del Transporte (OPRET), de retener en forma irregular 146 millones de pesos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción.

Luego, el 25 de julio, llevó ante la titular de la PEPCA una denuncia contra el director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), Alberto Holguín, por la compra por 1.2 millones de dólares del edificio que alojaba la Librería Thesaurus. Según la CONA el funcionario utilizó como “testaferro o presta nombre a un joven llamado Héctor Beras”, a quien definió como “estrecho colaborador del funcionario en el movimiento Avalancha con Danilo que apoyó la candidatura del actual Presidente”.

Otras imputaciones. El abogado Reemberto Pichardo Juan, del movimiento Ciudadano contra la Corrupción (C3), explica que en la actual gestión de Medina su organización presentó ante las autoridades al menos siete querellas y denuncias, incluyendo una el 22 de noviembre de 2012, contra el ex presidente Fernández y Aristipo Vidal por supuesto desfalco en Bienes Nacionales por el denominado “Caso Enade”.

“La querella supuestamente se perdió de los archivos de la  DPCA”, dice Pichardo Juan. El C3 también presentó una denuncia contra el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, por un supuesto desfalco a través del barrilito. “La querella supuestamente se perdió en los archivos de la DPCA”, repite.

Otra querella involucra en supuestos actos dolosos a Frank Rodríguez, ex director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI). La denuncia está en la Fiscalía del Distrito. El C3 también se querelló contra Díaz Rúa, el senador Félix Bautista y el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Mateo Aquino Febrillet. También, contra Adam Peguero y Emma Polanco de la entidad académica estatal.

Lo mismo que el C3, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó varias querellas y denuncias en las que aboga por investigación y sanciones para ex funcionarios de la gestión de Fernández.

Adocco presentó querella contra Jesús Félix, ex alcalde de Santo Domingo Norte; José Mercedes Emérito, alcalde de Las Terrenas; el senador Félix Bautista y Alfredo Paredes, ex director del Instituto de Formación Turística del Caribe del MITUR.

En el caso del senador Bautista el conocimiento de las denuncias se ven afectadas por frecuentes incidentes de procedimiento. El legislador llegó incluso a asegurar que era “bulto” del procurador general, Francisco Domínguez Brito, la intención del Ministerio Público de investigar las denuncias sobre supuestos actos de corrupción durante su gestión en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

La C3 también se querelló contra el presidente y el consultor jurídico del FONPER Fernando Rosa y Luis A. Moquete Pelletier, así como contra Edgar Pichardo Deboyrie, Rolando González Bunster, Pastor Sanjurjo, Marco Antonio De La Rosa Ascanio, Manuel Pérez Dubuc, Julián José Nebreda, Kevin Manning, Eduardo Damián Villareal, ex y actuales ejecutivos de EGE HAINA y EGE ITABO.

Adocco también tomó la iniciativa de pedir una investigación contra Juan Temístocles Montás, Daniel Toribio, Vicente Bengoa y Luis Hernández por su presunta responsabilidad en el déficit fiscal de más de 153 mil millones de pesos que heredó en 2012 la gestión de Fernández a  la de su predecesor.

De igual forma pidió investigar a Félix Jiménez (Felucho), ex ministro de Turismo, y al empresario español Juan José Hidalgo (Pepe) por su el manejo a los aportes del Estado dominicano para la creación de la línea Air Dominicana que no llegó a volar aunque compró un avión y llegó a tener personal.

Adocco presentó una denuncia por supuestos actos de corrupción contra el ex ministro de Educación Melanio Paredes, pero la DPCA la archivó.

Lo mismo hizo con el ex alcalde de Santiago José Enrique Sued y el ex vicepresidente de la CDEEE Radhamés Segura. En ambos casos la DPCA “no ha dado respuesta”, afirma el coordinador de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio.

¿Hombre de suerte? Ya Fernández, que ahora trata de determinar con una veleta la dirección del viento que lo empuje con sus aliados al Palacio Nacional en 2016, recibió una sentencia favorable del tren judicial respecto a la denuncia sobre supuestos actos de corrupción y lavado de activos cometidos a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), presentada por el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno García.

El proceso, que dejó a Moreno García bostezando su frustración desde una mecedora en una iglesia católica de Cristo Rey, sólo sirvió paralegaralgunos matices para la historia: la fiscal Reynoso reconoció la pertinencia de cuestionar la forma en que dependencias estatales pagaban cursos de formación en la Funglode, pero alegó que el país carecía de instrumentos legales para proceder en consecuencia; además, la jueza de la Suprema Miriam Germán Brito determinó que al menos era pertinente investigar la denuncia.

En las últimas gestiones de Fernández (2004-2012) se produjeron más hechos de corrupción administrativa que en todos los gobiernos que tuvo el país después de 1966, de acuerdo a la percepción recogida por la encuesta Gallup publicada por el diario Hoy a principio de febrero. El 47% de los consultados deploraron estos mandatos mientras el 25.5% cuestionó el de Hipólito Mejía (2000-2004).

Gallup-Hoy reveló que en la actualidad la corrupción administrativa ocupaba la posición número 6 dentro de las preocupaciones de la población. Un total de 14.8% señaló este problema, después de la delincuencia y la inseguridad ciudadana (66.1%), la inflación y costo de la vida (63.5%), el desempleo (39%), la deficiencia en el suministro de energía eléctrica (27.2%) y la educación en general (16.2%).

A nivel de los gobiernos municipales, la propia Funglode determinó, a través de su Unidad de Gobierno Local del Observatorio Político Dominicano (OPD), que los más importantes medios de prensa escrita registraron 111 “situaciones” (así le llama la Funglode)que involucran municipios o distritos municipales durante el trimestre enero-marzo de este año.

Los “servicios municipales básicos” acapararon el 36% de las noticias municipales destacadas por los medios de prensa y la “transparencia” 33.6 %. “Los principales periódicos destacaron denuncias y sometimientos por falta de transparencia en la gestión municipal. Varios funcionarios municipales (entre alcaldes, regidores y funcionarios administrativos) fueron acusados y judicializados por supuestos delitos relacionados a la corrupción administrativa”, dice la Funglode.