Franchesca Martínez/Especial para Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A más de cuatro meses de la promulgación de la Ley169-14, el 23 de mayo pasado, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil, menos del uno por ciento las personas que carecen de identidad legal han podido recibir los beneficios de esta Ley, según denunció el Comité de Solidaridad con las personas Desnacionalizadas.
Los demás afectados siguen a la espera de que el Estado les dé una solución para poder tener sus documentos de identidad y puedan ejercer sus derechos. Según afirma El Comité de Solidaridad con las personas Desnacionalizadas.
Dicho comité denunció en la mañana de hoy jueves “el boicot institucional” desarrollado por la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía de negar las actas de nacimientos a los beneficiarios del régimen, estableciendo requisitos y procedimientos que violan de forma arbitraria las disposiciones de orden público dispuestas en la misma.
Estas informaciones fueron obtenidas en el marco de una rueda de prensa efectuada en las instalaciones del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP)
Guillermo Esterling, miembro del comité, indicó que, en tres semanas se termina el plazo del Reglamento de la Ley para el grupo B, los nacidos en el país sin registro civil y son escasos los que han podido cumplir requerimientos legales.
El Comité estuvo integrado por: Avelino Stanley, Cristina Luis, Guillermo Esterling, y Manuel Robles.
El mismo manifestó, que continúan persistiendo los inconvenientes, para la realización del Plan como: Falta de energía eléctrica, fallas del sistema informático, falta de información a la población afectada, obstáculos en los hospitales para la entrega de certificados de nacimiento, renuencia a legalizar actos notariales en la Procuraduría General entre otros. Lo cual perjudica la efectividad del proceso en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
“El incumplimiento y retardación en que incurren la JCE y el Ministerio de Interior y Policía se rige como un desafío al Poder Legislativo, instituidas en el mandato del cumplimiento obligatorio a las leyes que emanan del Congreso Nacional, vincula a todos los poderes públicos, según disponen los Artículos 93 y 109 de la Constitución de la República”, expresó, Guillermo Esterling.
Por todos estos inconvenientes, la entidad civil se vio en la obligación de cursar una petición al Congreso Nacional para que se inicie un proceso de investigación contra el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario y el Ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, con la finalidad que de comprobarse estas faltas “graves” derivadas del incumplimiento de la Ley por parte de estos funcionarios, se lleve a cabo un juicio político que resulte en la destitución de los ya mencionados.
Reiteraron, que el incumplimiento y retardación de la Ley 169_ 14 y su reglamento por parte del Ministerio de Interior y Policía y la Junta Central y Electoral, llevan concluir que el proceso de naturalización, se encamina al fracaso.