SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) persigue a los conductores de Uber en Punta Cana, a pesar de que tienen identificación de la empresa y los permisos necesarios para ofrecer servicio de transporte a extranjeros y ciudadanos que se desplazan desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana a distintos destinos, según denuncian.
De acuerdo información a la que Acento tuvo acceso, las autoridades detienen a los conductores bajo una “orden directa”, supuestamente debido a que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) está fiscalizando los vehículos que usan plataformas digitales.
Las multas que dicen adjudicar tienen valor equivalente a cinco sueldos mínimos.
En declaraciones a periodistas, choferes indicaron que tanto los oficiales del CESTUR como los taxistas turísticos locales bajan a los turistas de los carros bajo amenazas y los obligan a utilizar el servicio de taxi local.
“Lo normal sería que, si se hace un anuncio de que se puede operar en Punta Cana, quiere decir que todas las autoridades están de acuerdo. Aun así, ni el CESTUR ni el INTRANT han emitido comunicados contrarios a eso”, expresó Américo Larrauri, uno de los afectados.
Contó que los clientes piden Uber, pero desde que los taxistas locales los ven, los abordan y les preguntan. Una vez los invaden, les venden el cuento de que es ilegal pedir el servicio y que los pueden multar.
En ese sentido, los conductores de la aplicación móvil, que anunció la extensión del servicio hacia Higüey y Punta Cana a principios de agosto del presente año, solicitan que se les aclaren las razones de las constantes detenciones, ya que no les han tipificado que están violando la ley.
De ser contrario a lo que dice la ley, quieren que las autoridades aclaren y les demuestren en qué la infringen para no hacerlo.
El argumento que usan para detenerlos es que Uber no está autorizado para operar en la zona.
“Se los llevan al cuartel, los amenazan y les piden dinero a cambio”, explicó Carla Gonell, quien se unió a la plataforma cuando se habilitó el servicio en la zona.
Lo abandonó a los tres días por el peligro que corría ante la situación.
“Un día tomaron a un chico y le amenazaron que si le volvían a ver le romperían el carro. Las autoridades que estaban en el lugar le estaban apoyando”, contó a este medio.
Los choferes han solicitado ayuda del Ministerio de Turismo (MITUR), que los remite al INTRANT.
La competencia entre los precios entre Uber y los servicios de taxi local
“Lo que da pena es que los que residimos en el área no podemos tomar un taxi porque son tan caros. Uber da la oportunidad de que el local pueda moverse a un precio justo”, fue la respuesta de una usuaria que vive en la zona.
La aplicación Uber tiene un precio mínimo de 90 pesos por viaje en vehículo. De Plaza San Juan, por ejemplo, o Los Corales, hasta el aeropuerto, un Uber cuesta 550 pesos estimado. Mientras, un taxi turístico local cobra entre 30 y 40 dólares, que a la tasa actual (58.52) son 1,755.6 pesos y 2,340.8 pesos, respectivamente.
En dirección contraria, del aeropuerto a Los Corales, el precio aumenta a 60 dólares en taxi turístico local. A la tasa del día, son 3,511.2 pesos.
Por la actitud de los taxistas locales, los conductores de Uber entienden que hay un tema de competitividad. “No queremos que quiten los taxistas locales, pero tampoco queremos tener problemas”, afirmó Larrauri.
Disposiciones legales sobre el tema
La resolución 010-2018 del INTRANT, que regula el servicio de taxis en las instalaciones hoteleras del territorio nacional delimita las acciones de los taxis no autorizados por el Ministerio de Turismo (MITUR) para prestar servicio de taxi turístico (aplicable al servicio de Uber).
En su párrafo segundo especifica que “todo taxi no autorizado solamente podrá llevar al pasajero que utilice sus servicios a cualquier instalación hotelera cuando sea dispuesto como destino final, sin poder recoger en ese lugar ningún huésped o pasajero”.
Según esta disposición, los Uber pueden recoger turistas que llegan al aeropuerto y llevarlos al destino que soliciten. La ley penaliza que recojan turistas en instalaciones o complejos hoteleros.
La ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece que a los entes públicos o privados se les concede una licencia de operación del servicio público de transporte de pasajeros, que es el permiso que otorga el Estado para operar.
En el artículo 10 sobre libre competencia, indica que el INTRANT “será responsable de velar por la libre y leal competencia en el sector y sus servicios, y la transparencia del mercado, respetando las instituciones y leyes sobre esta materia”. Entre las medidas que debe aplicar para este fin está impedir los monopolios y las acciones oligopólicas, concertadas, o acuerdos entre operadores y usuarios del transporte, que tiendan a interferir el libre funcionamiento del sector, así como proteger el derecho de todos a ingresar, participar o egresar del mercado de proveedores de servicios de transporte de pasajeros y cargas.