REDACCIÓN.- El tres de noviembre del 2014, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzó una campaña a nivel mundial llamada “I Belong” (Yo pertenezco), destinada a erradicar para el 2024 el fenómeno de la apatridia en el mundo, que afecta a una cantidad estimada en diez millones de personas.
En ese sentido, se realizó el pasado miércoles 25 un panel sobre casos de personas que han sido despojadas de su nacionalidad en República Dominicana, en conmemoración del primer aniversario del lanzamiento en Londres de la campaña, donde se expusieron las dificultades que enfrentan los descendientes de migrantes haitianos en el país para obtener sus documentos y ejercer libremente sus derechos.
En la actividad participaron Gonzalo Vargas Llosa, representante del ACNUR en Reino Unido, Chris Nash, de la red europea de apatridia; Laura Quintana Soms, oficial de programa cultural, Grupo Internacional de los Derechos de las Minorías; Rosa Iris Diendomi, miembro del movimiento Reconoci.do y abogada de dominicanos de ascendencia haitiana, quien expuso que derechos fundamentales de dominicanos de ascendencia haitiana han sido afectadas, entre ellos casarse, acceso al sistema de salud y educación.
Durante la presentación ante el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos (All-Party Parliamentary Human Rights Group), un grupo interpartidario formado por parlamentarios londinenses dedicados a exponer y terminar con los abusos de derechos humanos alrededor del mundo, Diendomi aseveró que pese a los esfuerzos realizados por el gobierno dominicano tras la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, estos han sido insuficientes para subsanar el problema.
Apuntó que en el país se han realizado detenciones arbitrarias de dominicanos de ascendencia haitiana, como consecuencia del plan de naturalización y regularización, mientras que Quintana Soms resaltó que la discriminación hacia descendientes haitianos ha sido un problema que se ha mantenido durante años.
Respuesta de la República Dominicana
El tema generó una reacción casi inmediata del embajador dominicano en Reino Unido, Federico Cuello Camilo, quien arguyó que en el país, contrario a lo expuesto durante el panel, no existe apatridia – como ya habían afirmado el presidente Danilo Medina y el canciller Andrés Navarro –, y alegó que se ha resuelto el estatus migratorio de 385 mil personas que hasta el momento no tenían documentación, que equivale al 75 por ciento de las personas en dicha situación.
“Mi gobierno no está de acuerdo con el uso del término apatrida para los casos identificados. Tanto el presidente Danilo Medina y el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, han rechazado la existencia de apatridia en República Dominicana, por una razón muy sencilla: los migrantes no dejan su país de origen en un vacío legal”, señaló el emisario a través de una comunicación remitida al Parlamento londinense.
Recalcó que los migrantes haitianos nacieron en un país con un régimen estricto de nacionalidad basado en jus sanguini, por lo que “su derecho a la identidad de su país de origen está consagrado en el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 11 de su Constitución”.
Cuello Camilo adujo que ambos países tienen requerimientos bilaterales que datan de 1938-39, de que los migrantes deben cruzar la frontera con permisos válidos, documentos de identidad y por un período específico, requerimientos que, indicó, están bien descritos en el Tratado de Washington de 1938 y el Modus Operandi entre Haití y República Dominicana (1939), los cuales continúan vigentes, sin que hayan sido denunciado por ninguno de sus estados miembros.
Sustentó que durante mucho tiempo, a los migrantes se les permitió la entrada y permanencia al territorio dominicano sin la documentación apropiada y señaló en el documento que como resultado, la población de migrantes haitianos indocumentados fue creciendo "dando a luz descendientes indocumentados", lo que nunca fue registrado por sus oficiales consulares.
Asimismo, indicó que tras la puesta en vigencia de la Ley 169-14 para el registro dentro del Plan de naturalización, que establece régimen especial para personas nacidas en República Dominicana inscritas irregularmente, el exembajador haitiano Daniel Supplice denunció el fracaso del plan por parte del gobierno haitiano, que tenía la responsabilidad de dotar de documentos a sus ciudadanos y de esta forma pudieran registrar a su descendencia. El plan del gobierno de Haití tuvo un costo de dos millones de dólares.
Documento para descarga.
Declaración de Federico Alberto Cuello Camilo, embajador de República Dominicana en Reino Unido