Le Monde.
13 de febrero de 2015
Por Jean-Michel Caroit, corresponsal en Santo Domingo (Traducción Iván Pérez Carrión)
El periódico francés Le Monde, resaltó el asesinato de un joven haitiano, que fue encontrado el miércoles 11 de febrero colgado de un árbol del parque Ercilia Pepín en Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad de la República Dominicana. La víctima, un limpiabotas de veinte años del cual la policía no pudo conseguir más que su apodo, “Tulile”, fue golpeado y apuñalado, y atado de pies y manos antes de ser ahorcado.
Este asesinato se produjo apenas unas horas después de una manifestación antihaitiana, en el sector Los Ciruelitos, al norte de Santiago. Los manifestantes, enmascarados, quemaron una bandera haitiana y exigieron la expulsión de los inmigrantes procedentes de la República vecina.
Diez días antes, cuatro periodistas, entre los más conocidos de la televisión dominicana, denunciaron las amenazas de muerte que han recibido de personas que se identificaron como “patriotas”, quienes los acusan de ser cómplices de un supuesto “plan de fusión de Haití y la República Dominicana fomentado por la comunidad internacional”.
Los cuatro periodistas, Roberto Cavada, Amelia Deschamps, Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora, fueron llamados “traidores” por estos “nacionalistas”, por defender el derecho a la ciudadanía de decenas de miles de inmigrantes descendientes de haitianos de su nacionalidad dominicana, una sentencia retroactiva y controvertida del Tribunal Constitucional de septiembre de 2013.
“El objetivo de estas amenazas de muerte es silenciarnos, no sólo sobre la situación de Haití, sino también sobre otros temas de la vida nacional”, dice Juan Bolívar Díaz. “El principal ideólogo de la campaña de muerte y odio es la Fuerza Nacional Progresista”, agregó. Este pequeño partido de extrema derecha aliado al Gobierno ha hecho de la lucha contra la “haitianización” el principal caballo de batalla de la República Dominicana.
Plan de regularización
La extensión de las reacciones de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos después de la sentencia del Tribunal Constitucional que amenazaba con convertirse en apátridas a cerca de 200,000 dominicanos descendientes de inmigrantes haitianos obligó al Gobierno a que se votara (en el Congreso), en mayo de 2014, una ley para restablecerle la ciudadanía a algunos de los afectados.
Las autoridades también han anunciado un plan de regularización de los inmigrantes indocumentados, en su mayoría haitianos, cuyo número se estima en más de 450,000.
La primera fase del programa que concierne a los descendientes de los inmigrantes nacidos en la República Dominicana terminó el 1 de febrero. “Es un fracaso; sólo 8,755 personas pudieron inscribirse debido a los obstáculos burocráticos, la falta de información, la confusión mantenida por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la falta de voluntad de los hospitales para entregar certificados de nacimiento, y las restricciones a la libertad de circulación impuestas por las autoridades militares”, denunció Ana María Belique, portavoz de la ONG Dominicanos por Derecho.
Al Comité de los Derechos del Niño de la ONU le preocupa la aplicación de la Ley de Naturalización de 2014 e instó a la República Dominicana a “garantizar la ciudadanía a todas las personas, incluidos los niños, nacidos antes de la Constitución de 2010 [que puso fina al derecho del suelo, jus soli]”.
Roque Féliz, director del Centro Bonó, que ayuda a los migrantes y sus descendientes, lamentó “la falta de voluntad política” de las autoridades. “La condición de apatridia de los que no han podido regularizar su situación se formalizará”, dijo. Excluidos de cualquier derecho, podrían ser deportados a Haití, un país donde no nacieron y donde nunca han vivido.
Las autoridades dominicanas han advertido que las deportaciones de indocumentados, suspendida durante el plan de regulación, se reanudarán una vez que este finalice en junio.