SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La falta de recursos e infraestructuras con que opera la Oficina Nacional de Defensa Pública podría hacer colapsar a todo el sistema de justicia penal, advirtieron este lunes la y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Asociación Dominicana para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Defensores Públicos.
Marcia Ángeles, presidenta de esta última entidad, afirmó que los defensores públicos requieren de una partida presupuestaria de al menos RD$765 millones para superar las condiciones “infrahumanas” en que ejercen sus funciones.
Explicó que los RD$310 millones que les fueron asignados al sector son insuficientes para suplir eficazmente la alta demanda de estos servicios, así como la apertura de filiales del organismo en doce provincias del país, como se había proyectado.
Ángeles indicó que los 145 defensores públicos que tiene el sistema judicial están sobrecargados y tan solo el pasado año atendieron alrededor de 30 mil casos, al tiempo que devengan entre RD$25 mil y RD$40 mil mensuales, “menos del 50% de lo que gana un juez de Paz”.
Los olvidados del sistema
En el país hay 23 oficinas de defensoría pública, en lugar de las 35 que debieran existir, y se precisan de 400 de estos servidores judiciales para poder atender eficazmente la gran cantidad de casos que se acumulan, dijo Ángeles durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Finjus.
Relató que debido a la falta de instalaciones, los defensores públicos se ven obligados a prestar asistencia en los pasillos de los tribunales e incluso en las aceras, pese a que desarrollan una labor neurálgica, que en términos prácticos equivale a la de siete jueces en cada proceso.
“Somos los olvidados del sistema”, apuntó Ángeles. Advirtió que los defensores públicos están decididos a paralizar la prestación de sus servicios, en caso de que ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo ponderen sus demandas, lo que llevaría al “colapso” del sistema penal.
“Sin los defensores sería imposible conocer audiencias, determinar la situación cautelar en la etapa de investigación, controlar la prisión preventiva y hablar de justicia y debido proceso en el país (…) pero somos los olvidados del sistema de justicia”, aseveró.
De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños, destacó que el estado de precariedad en que se desenvuelven estos abogados desincentiva la integración de nuevos servidores públicos, cuyos servicios son imprescindibles para el funcionamiento de la justicia.
Sostuvo que en el país hay apenas un solo defensor público por cada 16 mil habitantes, y una población penitenciaria de 28 reclusos internos, situación que es insostenible.
A raíz de la reforma constitucional del 2010, la Oficina Nacional de Defensa Pública opera como un organismo autónomo, independiente de la Suprema Corte de Justicia, y su asignación presupuestaria proviene del Poder Ejecutivo.