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Decisión de rechazar recusación del presidente de la SCJ es nula, afirma Carlos Salcedo

Por Nicole Espejo


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El representante legal del imputado por el caso Odebrecht, Andrés Bautista, calificó como nula la decisión adoptada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de rechazar este miércoles 18  la petición de recusación en contra del magistrado Luis Henry Molina Peña, debido a que fue asumida por cuatro jueces que habían sido recusados.

En ese sentido, Carlos Salcedo señaló que la situación de los jueces Frank Soto, Vanessa Acosta, Francisco Antonio Jerez y Napoleón Estévez Lavandier dentro del pleno les impide ser parte de las deliberaciones hasta tanto se conozca de la deliberación y la misma sea acogida o no por el pleno.

“Esa decisión respecto de la recusación del presidente de la Suprema Corte de Justicia es nula, porque participaron cuatro jueces que están inhabilitados”, declaró Salcedo.

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Agregó que esa situación rompe el quorum dentro de la audiencia, ya que en la misma, de los 15 jueces, cinco han sido recusados. La cantidad mínima requerida es de 12 jueces.

“Es de nulidad absoluta la decisión tomada”, reiteró el jurista.

Salcedo sostuvo que debido a la cercanía del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina con el senador Tommy Galán, este no puede ser partícipe del proceso judical.

Explicó que el impedimento se encuentra planteado en el artículo 78 del Código Procesal Penal, el cual indica que la amistad tiene dos fuentes: de familiaridad y de cercanía, por lo que en el caso del juez presidente, su trabajo proselitista en San Cristóbal junto al legislador por el Partido de la Liberación Dominicana en 2016 le limita su participación en el caso.

“Decisión desatinada”

Sobre la decisión del pleno, también se pronunciaron Santiago Ibarra, parte de la defensa del abogado Conrado Pitaluga, y Miguel Valerio, representante legal de Víctor Díaz Rúa.

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Ibarra calificó como desatinada la decisión adoptada por el pleno y aseguró que la misma sirve como una señal de alarma respecto al respeto de las garantías que deben observarse en el proceso que se desarrolla.

De su lado, Valerio expresó su inconformidad sobre el fallo, aunque afirmó que sería acatado. Pese a esto, subrayó que se plantearon situaciones “muy serias” que podrían afectar la imparcialidad del juez.

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