BUENOS AIRES, Argentina.- Unas 260 personas de la vida pública, política, cultural, el periodismo y la ciencia expresaron su solidaridad con el periodista Daniel Santoro.

Santoro, de Clarín, se encuentra bajo procesamiento judicial como supuesto partícipe de una extorsión al empresario K Mario Cifuentes y una coacción a Gonzalo Brusa Dovat, además de ser incluido en una supuesta asociación ilícita.

De ser condenado, podría cumplir de 3 a 10 años en prisión.

El gesto solidario se hizo a través de una solicitud firmada por las distintas personalidades y que posteriormente fue publicada por El Clarín este sábado

En el documento en apoyo a Santoro se advierte que el fallo “carece del sustento jurídico necesario y podría resultar en una vulneración de garantías básicas contempladas en nuestra Constitución Nacional y en los distintos Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. 

La documentación estuvo firmada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, del filósofo Juan José Sebreli, de la ex miembro de la CONADEP, Graciela Fernández Meijide, del escritor Federico Andahazi, del bailarín Maximiliano Guerra, de los periodistas Norma Morandini y Héctor Guyot, del actor Luis Brandoni, de la investigadora del CONICET Sandra Pitta y del constitucionalista Daniel Sabsay. 

También por el historiador Luis Alberto Romero, el filósofo Alejandro Rozitchner, el economista Roberto Cachanovsky, la diputada y madre de una víctima de la Tragedia de Once, María Luján Rey, Osvaldo Daniel Bazan, el presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri y el presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, entre otros. 

Junto a Santoro también están acusados el abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal de Comodoro Py Carlos Stornelly, quienes han sido señalados por el juez argentino Alejo Ramos Padilla de 'confeccionar informes de inteligencia, realizar chantajes, extorsiones, tráfico de influencias, además de insertar información en expedientes judiciales y en la prensa para llevar adelante "complejas operaciones de espionaje ilegal".