SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Decenas de jueces y abogados marcharon este miércoles en protesta por la destitución de los jueces Gabriel Marchena y Luisa García, quienes fueron separados del Poder Judicial por emitir decisiones que afectaron al Minsiterio Público.
“Estamos aquí en apoyo a los magistrados Luisa García y Gabriel Marchena que fueron destituidos por el Consejo del Poder Judicial a raíz de una denuncia que realizara el Ministerio Público en atención a fallos jurisdiccionales emitidos por los mismos”, explicó la jueza Rosanna Vásquez Febrillet, miembra de la asociación Jueces para la Democracia (JUDEMO).
Los jueces depositaron un documento ante el Consejo del Poder Judicial en donde exigen la reconsideración del los cinco magistrados que integran el órgano administrador de la justicia.
“Las decisiones del Consejo se fundamentan básicamente en cuestionar el criterio personal y jurisdiccional aplicado por los jueces sobre la base de eso se extrapola a una falta cuando eso está totalmente prohibido…”
Los magistrados que marcharon usando su toga y birrete, explicaron que estas destituciones denotan una lectura incorrecta para los jueces a nivel nacional, además de que afecta la independencia judicial.
“Las decisiones del Consejo se fundamentan básicamente en cuestionar el criterio personal y jurisdiccional aplicado por los jueces sobre la base de eso se extrapola a una falta cuando eso está totalmente prohibido…”, explicó la jueza Gisselle Méndez.
Durante la marcha, los jueces recibieron el apoyo del Colegio de Abogados, de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), de la Red Nacional de Jueces, de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, además de la presencia de jueces de San Francisco de Macorís, del Distrito Nacional, de San Cristóbal, de Santiago, de Nagua, entre otras partes del país.
“No es posible que ningún juez sea destituido o sancionado por la aplicación de sus criterios jurisdiccionales, para eso están las vías recursivas y todos los días usualmente damos decisiones que no siempre favorecen a los que recurren”, expresó Vásquez Febrillet.
De su lado la magistrada Méndez, afirmó que el “temor a una represalia” o “el deseo de un premio”, afectarían la independencia de los jueces.
El juez Gabriel Marchena fue destituido por el Consejo el pasado miércoles, 31 de octubre, tras acoger la denuncia del Ministerio Público que le acusaba de liberar bajo fianza a Pedro Luis Báez Sánchez hombre que presuntamente asesinó de una puñalada en el corazón a su ex pareja Gleny María Muñiz.
“El imputado Pedro Luis Báez Sánchez asesinó de una puñalada en el corazón a su ex pareja Gleiry María Muñoz, en presencia de sus tres hijos menores de edad”, indica el apoderamiento que hizo la Procuraduría General de la República (PRG).
De acuerdo con la acusación contra Marchena, en vez de acoger la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público, el juez le impuso el pago de una fianza de un millón 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país sin la autorización de un juez.
La denuncia contra el magistrado Marchena fue interpuesta por María Jesús -Susi- Pola Zapico del Movimiento Vida sin Violencia.
De su lado, contra la magistrada Luisa Rosa García, también destituida, el Ministerio Público le interpuso una denuncia ante el Consejo por alegadamente dictó de “forma irregular” siete resoluciones de forma administrativa, mediante las cuales declaró la inadmisibilidad de las medidas de coerción solicitadas por los representantes de la sociedad.
En la denuncia, la Fiscalía de Santiago alegó que la jueza rechazó imponerles medidas de coerción a imputados acusados de Tráfico y Consumo de Drogas, robo calificado, asociación de malhechores, porte y tenencia de armas, uso de billetes falsos, golpes y heridas.
La denuncia contra la magistrada García fue interpuesta por Yeni Berenice Reynoso, quien en ese momento era fiscal titular de la provincia Santiago.