SAN PEDRO DE MACORÍS, República Dominicana.- José Domingo, de 87 años de edad, es un jornalero que lleva dos años laborando en un proyecto agrícola del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en el batey AB-4, de San Pedro de Macorís.

Aunque es reconocido en la comunidad como una persona muy laboriosa, confiesa que está pasando por todo tipo de precariedades debido a que su empleador, el CEA, va a cumplir once quincenas de retraso en el desembolso de su salario.

En los bolsillos solo le quedan facturas pendientes y el comprobante de su último pago, fechado el 3 de abril de este año, por un monto de mil 426 pesos, que se reducen a mil 362 cuando se le aplican los descuentos correspondientes al Seguro Familiar de Salud y al Fondos de Pensiones.

Aunque al principio José Domingo se sostenía con endeudamiento, la única bodega que tiene la comunidad se ha visto en la obligación de cerrarle el crédito tanto a él  como a todos los trabajadores que se encuentran en esta misma situación.

“Estamos pasando demasiado necesidad trabajando en este proyecto. Yo le debo unos cuartos a aquel bodeguero de allí y no se lo he podido pagar. Me han parao el crédito. Las personas de aquí es que nos han estado dando bocados para no dejarnos morir. Yo he perdido la ropa ahí y no he podido comprar una porque no tenemos con qué comprarla”, cuenta el obrero.

Vivir de lo que le pueden dar los vecinos en el batey AB-4 es, literalmente, pasar hambre, puesto que se trata de una comunidad con unos niveles de pobreza tan extremos que pocos se pueden dar el lujo de comer más de una vez por día.

Decenas de trabajadores más padecen este mismo problema. Entre ellos está Pascual Domínguez, un anciano al que sus precarias condiciones de salud lo hacen pasar por una situación mucho más dramática:

“Trabajando mucho tiempo, trabajando sin cobrar un centavo, muerto del hambre. Tengo esta enfermedad. Mire como estoy, hinchado, con un dolor en el pecho que no se me quita. Ayer estaba interno…” cuenta con los ojos cargados de lágrimas.

Ya no sólo vive de la caridad de los demás, sino que ni siquiera puede levantarse por sí solo de una silla, situación que a un hombre como él, acostumbrado a ganarse las cosas a base de su propio trabajo, le provoca un doloroso sentimiento que oscila entre la impotencia, la vergüenza y la indignación.

Cuando el llanto está a punto de asfixiar su voluntad, el trabajador se ve obligado a callarse. Sus compañeros continúan narrando que fue precisamente en ese proyecto del CEA donde Pascual se enfermó y que ni siquiera ha podido tener acceso al seguro médico por falta de un documento que acredite su filiación.

Rosa María Richardson, la encargada del proyecto agrícola en el batey AB-4, cuenta que ha habido casos de mayor infortunio, como el de otro trabajador que falleció tras sufrir una enfermedad que no pudo superar debido a la dolorosa condición de precariedad económica en que vivía.

Describe la situación que padecen como un abuso por parte de las autoridades y como algo completamente indignante no sólo para los afectados directamente, sino también para toda la comunidad, que ha tenido que ver cómo muchos de sus hombres se desgastan trabajando en este proyecto sin recibir ni siquiera un salario a cambio.

“Lo que nos está pasando a nosotros en este proyecto es indignante. Le voy a mostrar. La última vez que cobramos fue el día tres de abril de este mismo año y estamos en septiembre. Óigame, es un abuso… Ya la comunidad está harta de que cada vez que alguien se enferme y hasta cuando alguien se muere se haga una colecta… Yo me avergüenzo de la situación que estamos pasando… Esto es indignante. Los comerciantes no nos fían porque, imagínate, para pagar cuándo”.

Agrega que hasta el momento el Consejo Estatal del Azúcar no les ha dado ninguna explicación sobre las causas de estos atrasos en los pagos ni sobre cuándo van a reponerles el dinero que les adeudan.

Piensa que, quizás, el director de esa entidad, Enrique Martínez, se disponga a saldar las deudas con los trabajadores, que cada madrugada salen a cumplir religiosamente con su jornada de trabajo.

“Simplemente seguimos trabajando porque si no lo hacemos dirán usted abandonó”, explica Rosa María.

Además de las personas afectadas por la irresponsabilidad de esta institución pública en el batey AB-4, que son unas ocho, hay decenas de personas más pasando por la misma situación en otros bateyes de la zona.

Mario Jacob, un abogado que tiene seis años trabajando en el Centro de Atención Jesús Peregrino, explica que, actualmente, atienden  68 casos de violaciones a los derechos laborales, entre los que hay despidos y desahucios; y que todos son en contra del CEA.

Detalla que ya han conseguido 25 sentencias favorables por casos de desahucio, aunque algunas de ellas han sido apeladas por el CEA.