SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El gobierno del presidente Danilo Medina al transarse con los “propietarios” fraudulentos de los terreros en Bahía de las Águilas validaría la decisión del ex director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, quién vendió alegadamente miles de tareas de ese Parque Nacional.

La abogada Laura Acosta Lora, explicó que este presunto fraude ocurrió en los años 1995 y 1996, finales del gobierno del ex presidente Joaquín Balaguer, cuando los terrenos del Estado y de un área protegida pasaron a manos de “campesinos” de la provincia Pedernales.

“Es una barbaridad que el gobierno sólo disponga de un 55 por ciento del valor de esos terrenos cuando el gobierno es el titular de ese derecho de propiedad imprescriptible e inalienable en un 100%, por lo tanto si quisiera ayudar a los pedernalenses de verdad  debió dedicar el cien por ciento de la propiedad de los terrenos a Pedernales”, criticó Acosta Lora.

El periodista Huchi Lora opinó, a través de su cuenta de Twitter, que en 1996 el entonces director del IAD, sacó títulos con asentamiento que nunca hizo, después hizo actos de venta a terceros, en franca violación a la ley que prohíbe vender las parcelas del Estado.

El ex director del IAD, Jaime Rodríguez Guzmán, estuvo preso al descubrirse que en su gestión dispuso ilegalmente de terrenos de Bahía de las Águilas esas tierras del Estado, tras alegadamente crear un falso asentamiento agrario, en una zona donde no hay producción agrícola.

Este jueves, el gobierno del presidente Danilo Medina anunció que el Estado llegó a un acuerdo económico con las personas que tienen títulos originales de las parcelas que serán utilizadas en la explotación, que pondrá fin a la litis judicial en cuanto a ellos

De su lado, Participación Ciudadana calificó como “inaceptable” la decisión tomada por el presidente Medina de negociar lo que pertenece al Estado con aquellos que lo habían robado previamente.

“Los beneficiarios de ese delito no pueden alegar que fueron adquirientes de buena fe porque sencillamente en la adquisición de esas tierras se violaron todos los procedimientos legales por parte del IAD, por parte del Estado dominicano y de los propios adquirientes”, explicó el Coordinador de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez.

En lo que por muchos abogados, comunicadores e instituciones de la Sociedad Civil califican como el mayor acto de corrupción inmobiliaria que haya conocido el país,  se “solucionaría” una supuesta litis, no en los tribunales sino a través de la figura del  fideicomiso.

En este caso, el Estado y IAD recibirán el 55 por ciento de los beneficios que ingresen a ese patrimonio  y las personas que tienen derechos registrados recibirán el 45% de beneficios.

Lentitud judicial

Producto del supuesto fraude con la venta de los terrenos del Estado en el Parque Nacional Jaragua, provincia Pedernales, la justicia penal sometió a Jaime Rodríguez Guzmán, su hermano Rafael Antonio Rodríguez Guzmán, Reyna Margarita Martínez

Moisés Marchena y el dirigente político Puro Pichardo, los dos últimos fallecidos.

En una litis que duró 15 años en los tribunales, el 12 de octubre del 2012, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró extinguida la acción penal en el sometimiento por la  expropiación de terrenos de Bahía de Las Águilas.

“Ha querido confundir a la opinión pública diciendo que ahí hay una litis y que esa litis duraría cuarenta años, precisamente quien representa al Estado aplaza todas las audiencias lo que hace aún más eterno el conflicto judicial”, indicó Acosta Lora.

La lentitud de los procesos judiciales fue una de las excusas que puso el gobierno para no llegar al fondo y castigar a los responsables. En ese sentido, en la rueda de prensa llevada a cabo este jueves en el Palacio Nacional, el ministro de Turismo, Francisco Javier García Fernández, explicó que Medina tomó la decisión puesto que el desarrollo turístico de la región sur es su prioridad y  “No puede esperar cuarenta o cincuenta años que podría durar la litis” sostuvo.

“Da pena y vergüenza que hayan utilizado la excusa de la lentitud del poder judicial para justificar este acuerdo con los adquirientes que sustrajeron estos terrenos, porque están enviando un mensaje equivocado a la población”, aseguró Álvarez.

El Gobierno aseguró ayer que no tocará “ni una pulgada” de los terrenos de Bahía de las Águilas ni ninguna otra área protegida en el proyecto turístico que tienen previsto desarrollar en la región Sur y que comprende las provincias  Pedernales, Barahona, Baoruco e Independencia.

En una rueda de prensa, convocada para tratar lo relativo al tema, también se anunció que el Estado  llegó a un acuerdo económico con las personas que tienen títulos originales de las parcelas que serán utilizadas en la explotación, que pondrá fin a la litis judicial en cuanto a ellos.

La transacción consiste en que a través de la figura  de legal  ‘Fideicomiso’ el Estado  y el Instituto Agrario Dominicano recibirán el 55% de los beneficios que ingresen a ese patrimonio  y que las personas que poseen derechos registrados aportados sobre los terrenos registrados recibirán  el 45% de dichos beneficios.

Un poco de historia

La parcela 215-A del Distrito Catastral No.3 del Municipio de Enriquillo, Provincia de Pedernales con una extensión superficial de 36,197 hectáreas, 87 áreas, 62 centiáreas (361,978,762 de metros cuadrados) constituye el Parque Nacional Jaragua.

Fue declarado reserva científica mediante decreto número 1315 del 11 de agosto de 1983 y confirmado por el decreto número 57-86 del 26 de febrero de 1986 y que durante años ha estado protegida por la Dirección Nacional de Parques que hoy depende del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en virtud de la Ley 64-00.

El 5 de diciembre de 1995, mediante oficio número 10790, el entonces Director General del Instituto Agrario Dominicano (IAD) dirigido al Registrador de Títulos del departamento de Barahona, en donde solicitó el traspaso de la parcela 215-A en favor del IAD, en virtud, según el oficio citado, de que esa parcela se encontraba un importante asentamiento “de gran interés” para el IAD y la reforma agraria.

El doctor Ramírez Suberbí, Registrador de Títulos de Barahona, el mismo día en que recibió el mencionado oficio, procedió a transferir en favor del IAD la totalidad de dicha parcela.

Rodríguez Guzmán tenía los Certificados de Títulos a nombre de dicha institución, procedió otorgar asentamientos campesinos en medio de las rocas, los cactus y las guazábaras del Parque Nacional, otorgando títulos de propiedad definitivos en favor de supuestos “parceleros”.

Esta información fue ofrecida por la jurista Laura Acosta Lora, en un informe que realizó sobre el expediente Bahía de las Águilas.