¿IMPULSA EL TURISMO?

Danilo Medina hizo grandes esfuerzos por el acuerdo de pre autorización, sin éxito

Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, socializó con los jueces del TC las comunicaciones recibidas estimulando la aprobación del acuerdo de pre-autorización, pero la relación de fuerzas no era favorable a la pieza, y nunca obtuvo los nueve votos necesarios para ser aprobada

El expresidente Danilo Medina

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente Danilo Medina remitió el acuerdo de pre-autorización con Estados Unidos, firmado el 1 de diciembre de 2016, en pleno periodo de transición entre las administraciones Obama y Trump, al presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien lo recibió en 8 de diciembre, dos semanas antes de que finalizara el año. Donald Trump juraría el 20 de enero de 2017.

En su carta, además de explicar el acuerdo, Danilo Medina decía que la pre-autorización estaba llamada “a incrementar considerablemente el flujo de pasajeros en la República Dominicana, así como hacia cualquier otro aeropuerto del país que más adelante entre a formar parte de un esquema similar, lo que convertiría al país en un destino aún más atractivo para los turistas y pasajeros que viajan desde y hacia los Estados Unidos de América”.

Las cartas de presión al Tribunal Constitucional

Miguel Vargas, firmante del acuerdo, lo explica en su comunicación al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, mediante la cual solicita la tramitación del acuerdo por vía de la presidencia y sostiene que “dicho acuerdo tiene el propósito de facilitar los viajes y mejorar la seguridad del transporte aéreo entre las partes, haciendo de la República Dominicana un destino más atractivo, incentivando el turismo, pilar fundamental del crecimiento y desarrollo económico del país”.

Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional

Nadie ha presentado un estudio que sostenga la hipótesis del crecimiento del turismo, que analizaremos en una entrega posterior de esta serie de reportajes.

IDAC lo avala

El 13 de diciembre de 2016, el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Alejandro Herrera Rodríguez, remitió una carta al Tribunal Constitucional solicitando la aprobación del acuerdo. Dijo que para el IDAC “constituye un hito de suma importancia el establecimiento del citado procedimiento en nuestro país, pues con su implementación, que en cierto modo constituye un privilegio otorgado a un limitado número de países que cumplen sus rigurosos prerrequisitos, no solo se estaría actuando de conformidad con el dinamismo y agilización….”.

CESAC lo reclama

También el 13 de diciembre el jefe del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC), general de brigada Aracenis Castillo de la Cruz, remitió su carta a Milton Ray Guevara para animarle a aprobar el documento.

Según este oficial “una interacción más estrecha con los EE.UU nos beneficiaría como país en materia de información y capacitación sensitiva, sobre las nuevas y cambiantes manifestaciones de terrorismo en el mundo…”.

Primera carta del Consultor Jurídico

El 16 de diciembre de 2016, Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, también escribía a Milton Ray Guevara, para que el Tribunal Constitucional ejerza el control preventivo de constitucionalidad previsto en el artículo 185 numeral 2 de la Constitución.

Dice que para la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en el acuerdo existe un balance entre las obligaciones, responsabilidades y deberes de ambas partes. También expresa que la soberanía del país no se ve amenazada ni comprometida con la suscripción del documento y su eventual aplicación.

“Hay que señalar que se trata de un acuerdo en el que ambas partes recibirán beneficios, lo que sustenta el principio de reciprocidad entre los dos Estados. Dice que sería un privilegio que los vuelos desde la República Dominicana recibieran el tratamiento de vuelos domésticos en Estados Unidos, lo que nos daría la oportunidad “de acceder a decenas de aeropuertos estadounidenses con los cuales nuestro país no tiene conexión alguna. Esto está llamado a aumentar significativamente el flujo de pasajeros y a reforzar el turismo, una de las fuentes principales de ingresos para ambos países”.

Flavio Darío Espinal, pasado consultor jurídico del Poder Ejecutivo

El 19 de diciembre Francisco Javier García, ministro de Turismo, remitió su carta a Ray Guevara, diciendo que el acuerdo impactará positivamente el turismo y que ese pacto coloca a la República Dominicana como uno de los pocos países donde la pre-autorización de vuelos es posible.

Dice que “los aeropuertos con pre-autorización de pasajeros tradicionalmente ven un aumento en las actividades de ventas comerciales y de zona franca a medida que más empresas concesionarias entran en las nuevas terminales”.

Segunda carta del Consultor Jurídico

El 13 de enero de 2017, Flavio Darío Espinal remitió un segundo documento, esta vez mucho más extenso, al Tribunal Constitucional. En este documento, de diez páginas, explica por ejemplo el anexo sobre los refugiados, y dice que el acuerdo no modifica el marco legal dominicano respecto de ese tema, aparte de que documenta ampliamente los compromisos dominicanos con Naciones Unidas y con la oficina local del ACNUR para el tema de los refugiados.

En opinión del consultor jurídico, el acuerdo y su anexo no generan obligaciones nuevas ni modifican las obligaciones existentes del país respecto de los refugiados. Sostiene que el aludido acuerdo “tampoco incide en la fuerza normativa del corpus jurisprudencia de este honorable Tribunal Constitucional, precedente vinculante para todos los órganos del Estado Dominicano, particularmente sobre la autoridad de la Sentencia TC/0168/13 de 23 de septiembre, cuyo alcance está circunscrito al otorgamiento de la nacionalidad dominicana a aquellas personas que cumplan con la normativa constitucional atinente a la materia y no se pronuncia sobre el marco legal vigente y la normativa reglamentaria en materia de refugiados”.

Una pregunta surge de manera inmediata: si el anexo no modifica el marco legal dominicano, no incide en la fuerza normativa del Tribunal Constitucional y los compromisos adquiridos están incluidos en el Bloque de Constitucionalidad vigente ¿para qué firmar un anexo separado con compromisos específicos? Para los jueces eméritos del Tribunal Constitución que han cuestionado el tema de la soberanía, parecería lógico que si este anexo no aporta nada nuevo la solución más sencilla es eliminarlo del acuerdo. Pero el anexo sigue siendo parte del acuerdo de Estados Unidos y RD.

La realidad es que el acuerdo modelo inicial de pre-clearance presentado por los negociadores estadounidenses a los dominicanos no incluía el anexo de los refugiados, sin embargo, sorpresivamente, se introdujo durante el curso de la negociación posterior, lo que fue aceptado por algunos de los representantes dominicanos que estuvieron en la mesa de negociación. Nadie conoce la causa de su inclusión. Sigue vigente y sin respuesta la pregunta ¿por qué?

Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, socializó con los jueces del TC las comunicaciones recibidas estimulando la aprobación del acuerdo de pre-autorización, pero la relación de fuerzas no era favorable a la pieza, y nunca obtuvo los nueve votos necesarios para ser aprobada.

Las veces que fue sometida al pleno del Tribunal Constitucional fracasó en la obtención de la mayoría de 9 votos. Fue tanta la insistencia, que la magistrada Katia Miguelina Jiménez elaboró una presentación en Power Point, que socializó con los jueces del TC siempre que se sometió a votación la pieza.

La contra de Katia Miguelina Jiménez

Katia Miguelina Jiménez, juez emérita del Tribunal Constitucional

¿Qué decía la ahora magistrada emérita en esa presentación? Katia realizó una investigación sobre el acuerdo de pre-autorización. Le dio a su presentación el título siguiente: “Preclearence entre los gobiernos de los EE.UU y RD y su anexo sobre refugiados”.

Dice que el propósito del acuerdo es muy claro: Defender la seguridad de los Estados Unidos.

“Bastaría visitar Wikipedia para enterarnos que la pre-autorización, pre-chequeo, preclearance (en inglés) no surge para beneficiar el turismo, sino que se trata de un programa de los Estados Unidos con el propósito de establecer instalaciones de autorización previa, realizar operaciones de autorización previa o proporcionar servicios de aduanas fuera de los Estados Unidos de América, para prevenirse de los terroristas, instrumentos terroristas y otras amenazas a la seguridad nacional en el ingreso a los Estados Unidos”.

Y sigue diciendo que la idea “surge por vez primera mediante un acuerdo bilateral entre los Estados Unidos y Canadá en el año 1952, por lo cual se trata de un programa de ampliación del alcance de las operaciones de pre-autorización que ha estado implementando el Departamento de Seguridad Nacional de dicho país”.

Y sigue explicando que no hay secretos sobre este tipo de acuerdo, pese a que en República Dominicana se ha presentado como algo beneficioso para el país:

En efecto, a través de La Ley de Autorización para pre chequeo preventivo (Preclearance Authorization Act of 2014) se concede potestad al Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para ubicar aeropuertos extranjeros en los cuales no se disponga de estaciones de pre-chequeo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), preferiblemente en aquéllos que tengan un volumen alto de trasiego de pasajeros en viajes internacionales.

El proyecto presentado en noviembre de 2013, en la Cámara de Representantes, pretendía establecer los parámetros que permitirían al Secretario de Seguridad Nacional (DHS) establecer instalaciones de preclearence y servicios de aduanas con la finalidad de evitar que los terroristas y amenazas a la seguridad nacional tuvieran acceso a los Estados Unidos, en el marco de discusión sobre la instalación del preclearence del aeropuerto de Abu Dhabi.

El proyecto fue rechazado y no llegó a convertirse en Ley, y el preclearence de Abu Dhabi se inauguró pese a la oposición de sindicatos, miembros del Congreso y las aerolíneas estadounidenses que no tienen vuelos directos entre el aeropuerto y los Estados Unidos.

José Miguel Insulza, Hillary Clinton y Margarita Cedeño

Katia Miguelina investigó el tema a fondo

El aeropuerto de Punta Cana, en RD fue seleccionado durante la primera temporada de ampliación del programa, conjuntamente con: Bruselas (Bélgica); Narita (Japón); Amsterdam-Schipol (Países Bajos); Oslo (Noruega); Barajas (Madrid); Estambul-Atatürk (Turquía); Londres-Heathrow y Manchester (Reino Unido). Ninguno lo ha suscrito.

Actualmente existe pre-chequeo solo en 8 de los aeropuertos canadienses, en las Bermudas, las Bahamas, Aruba, Irlanda y los Emiratos Árabes.

Katia fue a las fuentes norteamericanas

Katia Miguelina Jiménez buscó en Wikipedia, en publicaciones de The New York Times y en publicaciones oficiales, como del Congreso de los Estados Unidos, lo que la lleva a afirmar con firmeza que el “Pre-chequeo en aeropuertos extranjeros es visto como una necesidad para combatir el terrorismo”. Y en este punto cita un texto del periodista Ron Nixon del New York Times, 24 de julio 2016, quien dice que es visible que “el objetivo no es beneficiar al turismo”. El propósito es “proteger las fronteras de los EEUU de la entrada de personas que se consideran inadmisibles. Es el único propósito de este acuerdo”.

Otro propósito que tendría el acuerdo sería “evitar retrasos en vuelos de conexión. Tampoco estaría garantizado; en todo caso sería un “beneficio colateral” por el cual los dominicanos pagaremos un alto precio: cesión de soberanía (porque se estaría violando el artículo 3 de la Constitución, entre otros).

Afirma que las informaciones disponibles hablan de modo distinto en los Estados Unidos y en la República Dominicana.

El argumento de que el preclearance surge para beneficiar el turismo y que RD fue que buscó su suscripción no es verdad. En el sumario del referido proyecto de ley se indica claramente el objeto del pre-chequeo:

“Autoriza al Secretario de Seguridad Nacional (DHS) a establecer operaciones de chequeo previo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un país extranjero para:

  • evitar que terroristas, instrumentos de terrorismo y otras amenazas de seguridad ingresen a los Estados Unidos;
  • evitar que personas inadmisibles ingresen a los Estados Unidos;
  • garantizar que la mercancía destinada a los Estados Unidos cumpla con las leyes aduaneras aplicables de los EE. UU; y
  • garantizar el rápido procesamiento de las personas elegibles para viajar a los Estados Unidos”.

(Sec. 4) Se requiere que el Secretario de Seguridad Nacional de los EU:

(1) notifique al Congreso a más tardar 180 días antes de suscribir un acuerdo con un país extranjero para establecer allí operaciones de autorización previa de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y

Las parejas Clinton-Rainieri

(2) haga ciertas certificaciones al Congreso a más tardar en 90 días antes de entrar en un acuerdo para establecer las operaciones de autorización previa de CBP en un aeropuerto de un país extranjero.

La ley indica que en el procedimiento, le corresponde al Departamento de Seguridad Nacional solicitar cartas de interés por parte de los aeropuertos extranjeros.

El Aeropuerto de Punta Cana y sus propietarios llevaban años intentando conseguir que los Estados Unidos y nuestro país firmasen los acuerdos necesarios para poder establecer el preclearence, especialmente durante el segundo periodo de la administración del presidente Clinton (1997-2001), la gestión de Hillary al frente de la Secretaría de Estado (2009-2013) y su postulación como candidata a la Presidencia por el Partido Demócrata (2013-2016).

Esas gestiones tuvieron éxito, y por ellas Punta Cana había logrado que la República Dominicana fuera identificada por los Estados Unidos como aeropuerto de gran flujo de pasajeros y, como explica Katia Miguelina, respondió por escrito a una solicitud del Secretario de Seguridad de Estados Unidos, que en ese momento era Jeh Johnson, dando inicio al proyecto y consiguiendo con su influencia en la administración demócrata la “puntacanización” de un acuerdo entre estados.

Un último empujón lo dio Danilo Medina al proyecto, cuando de manera inesperada apoyó el nombramiento en el Consejo Nacional de la Magistratura del abogado Miguel Valera, como juez del Tribunal Constitucional, en diciembre de 2018. Valera había sido entre diciembre de 2004 y agosto de 2007 director legal de Grupo Punta Cana, según expone el mismo en su declaración de bienes, relación continuada posteriormente a través de su bufete, lo que generaría un importante conflicto de intereses salvo que se inhibiera del conocimiento del caso en el Tribunal Constitucional, cuando el acuerdo se vuelva a conocer.

Frank Rainieri se ha referido en algunas ocasiones al tema, con afirmaciones de desconsuelo. En abril pasado consideró que siempre ha habido personas negativas, que por una u otra razón, incluso por temas económicos, están en contra de la puesta en marcha de la pre-autorización. “Eso se cae de la mata, como se dice vulgarmente, porque es algo tan transparente y claro que solamente los empecinados que no quieren el verdadero desarrollo del país son los que pueden estar en contra”.

Anuncio oficial del acuerdo firmado en la República Dominicana

Dijo “estar convencidísimo de que el Tribunal Constitucional en los próximos meses lo va a conocer (el preclearance) y lo va a aprobar como debió ser desde un principio, porque esto protege totalmente. Esto es algo de lo que República Dominicana ha sido firmatario y no estamos agregándole nada a esto”.

“Tenemos mucha esperanza y creemos que finalmente lo van a aprobar”, dijo Rainieri luego de la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, entre los que se encuentra Miguel Valera, que fue avalado y propuesto por Rainieri al presidente Danilo Medina.

Indicó que con la aprobación del pre-chequeo de pasajeros por la terminal de Punta Cana se dará un “enorme” apoyo al crecimiento turístico del país y en particular de la zona Este

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