SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Estamos convencidos de que la aprobación de este proyecto es una ocasión histórica para avanzar en la construcción de un país con verdadera igualdad y justicia social, que garantice el derecho de toda persona a contar con una identidad”.

Con esas palabras definió el presidente Danilo Medina el proyecto de naturalización denominado “Ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización", depositado en la Cámara de Diputados este jueves 15.

En ese orden, Medina aseguró que  la iniciativa legal que fortalecerá las instituciones, además de que mostrará al mundo la grandeza del pueblo dominicano y la capacidad de encontrar soluciones basadas en el diálogo y el consenso para “poner siempre el bienestar de los seres humanos, especialmente de los más vulnerables”.

La propuesta, entregada en el Congreso Nacional por el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, propone regularizar los documentos expedidos a personas nacidas en el territorio nacional, cuyas actas de nacimiento fueron “instrumentadas irregularmente por funcionarios públicos”, pese a no haber cumplido los declarantes con el requisito de presentar una cédula de identidad válida al momento del registro.

“Regularizar estos documentos es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes, y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación”, amplía la carta rubricada por el presidente Medina.

Asimismo, explica que solo se podrán acoger a los beneficios de esta iniciativa legislativa las personas inscritas en el registro civil dominicano entre 1929 y 2007, por lo que la población definida tiene un número limitado y no podrá aumentar en el futuro.

De igual forma, propone que se reconozcan con “eficacia retroactiva a la fecha del nacimiento, todos los actos de la vida civil de las personas que se encuentren en esta condición y se beneficien de esta ley”.

“Es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes, y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación”.

Finalmente, Medina expresó que la medida se encuentra orientada en la formación de un país sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos fundamentales de las personas y el respeto a la soberanía y las leyes dominicanas.

Regulación y sanciones.

En lo referente a la regularización de hijos de extranjeros que estén en capacidad de demostrar que nacieron en República Dominicana, pero que no fueron inscritos en ningún registro público, el proyecto indica que esta población deberá acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros en condición irregular, que se encuentra en proceso y, posteriormente, podrían acceder, si así lo deciden, al procedimiento de naturalización establecido por la ley que rige la materia.

“Esas personas podrán registrarse, primero, en el libro para extranjeros, siempre que acrediten fehacientemente el hecho del nacimiento por los medios establecidos en el reglamento de esta ley”.

La población que, pudiendo acreditar su nacimiento, no se encuentre registrada aún en dicho libro, tendrá un plazo de 90 días para realizar la solicitud al Ministerio de Interior y Policía.

A partir de la inscripción en el libro de extranjería, la persona tendrá un plazo de sesenta (60) días para acogerse a lo establecido en el Decreto 327-13, que instituye el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular.

Así mismo, el proyecto contempla sanciones penales para los interesados y los funcionarios que incurran en falsificaciones u otras prácticas ilícitas, a fines de preservar la integridad del Registro Civil, por lo que ningún beneficio se otorgará a personas que hayan tenido participación directa o indirectamente en algún fraude o irregularidad grave.