SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Los funcionarios gubernamentales, dirigentes peledeístas y ejecutivos de la empresa Emproy Divisa, Danilo Díaz y Joaquín Gerónimo, fueron condenados a devolver 42 mil dólares a dos señoras y a rescindir un contrato de negocios.
Danilo Díaz es actualmente “Asistente Especial” del presidente Danilo Medina, y Joaquín Gerónimo es el Superintendente de Pensiones de República Dominicana. Ambos son miembros del Comité Central del gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El 28 de noviembre de 2011 la Primer Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó sentencia contra Díaz, Gerónimo y Emproy Divisa, y favoreció a las demandantes Loyda Raquel Reyes y Belkis Altagracia Santana Vásquez.
El 19 de septiembre del año 2013, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional dictó sentencia contra un recurso de apelación interpuesto por Díaz, Gerónimo y Emproy Divisa
Las señoras Reyes y Santana Vásquez demandaron a Danilo Díaz, a Gerónimo y a Emproy Divisa en reclamo de la rescisión de un contrato de venta de un inmueble y la devolución de dinero pagado hasta ese momento, consistente en US$42,000.
Asimismo, el 19 de septiembre del año 2013, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional dictó sentencia contra un recurso de apelación interpuesto por Díaz, Gerónimo y Emproy Divisa.
De esa manera fue ratificada la sentencia anterior que condenó a los dos dirigentes y funcionarios a devolver el dinero solicitado por las señoras Reyes y Santana Vásquez, consistente en la suma de US$42,000, menos el 15% del valor total de venta del inmueble.
En la misma sentencia se condena a Consorcio Empresarial Emproy Divisa a pagar las costas del procedimiento judicial en provecho de los abogados Jesús María Féliz Jiménez y Víctor Nicolás Solís Cuello.
Otra demanda que pesa contra la empresa Emproy Divisa, Danilo Díaz y Julio Balbuena fue interpuesta en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, debido a incumplimientos con varios compradores del proyecto habitacional Pueblo Bávaro, en la provincia La Altagracia, República Dominicana.
La demanda interpuesta en Nueva York está basada en alegadas prácticas comerciales fraudulentas, así como violaciones de la Ley General de Negocios de los Estados Unidos, que prohíbe los actos o prácticas engañosas y la publicidad engañosa.
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