SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “ADESA está muy preocupada ante el agravamiento de la terrible crisis de salud del país, la cual se traduce en muertes y proliferación de enfermedades prevenibles. Lo peor de esta situación es que Gobierno continúa actuando como si nada estuviera pasando y no escucha las voces que claman por un cambio de rumbo en la política sanitaria”, expresó Alba Reyes, coordinadora general de esta instancia.
La crisis de la salud “va de mal en peor sin que el Gobierno actúe en consecuencia”. Las 3 mil muertes significarán un tercio más de fallecimientos neonatales registrados el año 2017, a lo que se suma la prevalencia de altas tasas de mortalidad materna y de enfermedades catastróficas y de altos costos, como son el cáncer, la diabetes, las cardiopatías y las enfermedades renales, añadió el reporte.
Según el último boletín epidemiológico de Salud Pública, correspondiente a la semana 40 (del 1 al 7 de octubre), en lo que va de año se han registrado 2,647 muertes neonatales, frente a las 2,304 contabilizadas durante el mismo periodo de 2017.
El 73 % (1,944) de las defunciones de neonatos en 2018 ocurrieron durante los primeros 27 días de vida del recién nacido y, de estos, el 67 % (1,216) fueron en la primera semana de vida.
Reyes lamentó que, “lejos de priorizar la atención estatal en salud, el Gobierno ha enviado al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto para el 2019 en el que increíblemente se reduce la partida destinada a este sector, para limitarla a un 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a menos del 45% de la inversión promedio en América Latina”.
La organización solicitó a la Comisión Bilateral que conoce el proyecto de Presupuesto “enmendar el error” gubernamental y elevar las partidas destinadas a salud “en correspondencia con lo establecido en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo vigente desde el año 2012”.
Más recursos no sacarán a la salud de terapia intensiva
ADESA está consciente, remarcó esta organización en una nota de prensa, que incrementar la inversión en salud “por sí solo no sacaría el sistema de la quiera en que se encuentra”.
“Además es necesario sacar la politiquería y la corrupción de los hospitales, aumentar sustancialmente la capacidad gerencial y administrativa, mejorar la rectoría y la coordinación intersectorial y priorizar el primer y segundo niveles de atención, entre otras medidas”.
En ese sentido calificó de “obvio que fracasaron las reformas de salud iniciadas a principios de siglo”, las cuales prometían el acceso universal a los servicios de salud de calidad de manera oportuna.
Transcurridos 18 años, “el 70% de la población sigue atendiéndose exclusivamente en los cada vez más ineficientes hospitales públicos, donde el desorden y las carencias predominan”, subrayó.
El primer nivel de atención en salud está en el piso
Gabino Hernández, otro vocero de ADESA, dijo que el primer nivel de atención en salud está en el piso y explicó que solamente se han creado 1,800 unidades de atención primarias de unas cinco mil que necesita el país.
Las existentes operan, además, “con grandes precariedades: locales inapropiados, personal extremadamente limitado, pocos equipos y medicamentos y sin ningún presupuesto. Menos del 1% del presupuesto de salud se destina a educación y promoción”.
También reveló que existe un déficit de unidades de cuidados intensivos “superior al 60%, con el agravante de que las existentes están concentradas en el gran Santo Domingo y Santiago”.
En ninguna de las diez provincias de la región Sur, por ejemplo, añadió ADESA, hay salas de cuidados intensivos y por esta causa “muchas personas mueren tras sufrir un accidente cardiovascular, un accidente de tránsito o sufrir cualquier otro problema de salud que requiera de atención especializada urgente”.
La mayoría de los centros de salud también operan con déficit de personal, especialmente de enfermeras y médicos especialistas. De acuerdo a los estándares internacionales, en el país deberían existir 9 enfermeras por cada 10 mil habitantes y “solo tienen un tercio de esa cantidad”, precisó.
Un atraco contra los trabajadores
En el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud (SFS) hay cerca de cuatro millones de personas afiliadas. No obstante a que éstas pagan religiosamente para obtener aseguramiento, “cuando necesitan de atenciones de salud deben pagar adicionalmente un promedio del 42%” de sus costos. Para ADESA, esto es prueba, calificó, de que “se trata de un atraco contra los trabajadores”.
La entidad entiende que el sistema de salud es altamente excluyente, discriminatorio. Favorece los negocios y desampara a los pobres.
“La mejor evidencia de esta afirmación la encontramos –advierte- en cualquier hospital público, donde conseguir una cita con un especialista o un turno para una cirugía es como sacarse la lotería”.
Dijo que ante esta dramática situación, el pueblo y sus organizaciones “estamos obligados a luchar y a exigir un cambio profundo en la política de salud del Estado”.
Ante esta situación, Adesa opina que se requiere de una nueva reforma que tenga como objetivos garantizar servicios universales y de calidad en la atención, incrementar la inversión en salud, acabar con la dispersión y la falta de liderazgo de las instituciones del sector y garantizar la participación de las organizaciones sociales.