MONTEVIDEO, Uruguay, 7 dic (EFE).- La crítica y el escepticismo generalizado ante los posibles beneficios y la utilidad práctica de la inminente legalización de la compraventa de la marihuana en Uruguay marcan la visión de las organizaciones sociales y gremiales que tendrán que lidiar con el asunto una vez se convierta en ley.

Ni policías, ni expertos en el tratamiento del uso problemático de drogas, ni asociaciones de farmacéuticos, encargados de dispensar la droga según el proyecto legislativo que la semana próxima convertirá con toda seguridad a Uruguay en el primer país del mundo en regularizar la producción y venta de cannabis, ven con buenos ojos esta iniciativa.

La ley de regularización de la marihuana es impulsada por el presidente uruguayo, José Mujica, para combatir el narcotráfico y permitir una atención a los consumidores poniendo orden en un mercado hasta ahora en manos de traficantes y sin garantías de calidad.

Sin embargo, para estos expertos la iniciativa es un paso pernicioso que incluso puede profundizar los daños causados por la droga.

"Francamente, tenemos mucha preocupación por este asunto. El gobierno dice que es para combatir el narcotráfico y ayudar a disminuir los daños, pero no creemos que resulte así. El narcotráfico, como el terrorismo, se combate infiltrando gente en sus redes y poniendo gente en la calle para combatirlo allá donde esté", dijo a Efe Luis Clavijo, secretario general del Sindicato Único de Policía del Uruguay (SUPU).

Según apuntó el funcionario, la puesta en marcha de la ley puede provocar que muchos jóvenes "que ni siquiera se habían acercado" a la marihuana, ahora lo hagan al retirarle las últimas trabas que pesaban sobre su consumo, legal en Uruguay desde hace varias décadas.

Parecidos razonamientos esgrimió la psicóloga Nancy Alonso, de la Fundación Manantiales, el principal centro de rehabilitación de drogadictos del país.

"Nosotros partimos de la base de que hay que consumir cero drogas y cero alcohol. Desde ese lugar, la legalización no mitigará el consumo, sino todo lo contrario. La gente va a tener más acceso y algo que antes era prohibido y malo, ahora se verá con normalidad", apuntó Alonso a Efe.

Además, la psicóloga consideró que la nueva ley supondrá un problema para los drogadictos en recuperación, que se expondrán a un mundo donde la marihuana estará más presente y será más fácil de conseguir, y que hará "mucho más duros" los esfuerzos para recuperarse de la adicción.

"La marihuana es más cancerígena que el tabaco y es muy adictiva. Y ha sido la puerta de entrada a otras drogas para muchos de nuestros pacientes. Hacerla legal hace ver que no es tan mala y que no hace daño", dijo.

Para Alonso, el objetivo último debería ser lograr una reducción del consumo, y según apuntó, con esta norma "no se garantiza" en absoluto.

"Ojalá la ley no sea tan negativa como la vemos, pero creemos que no va a aportar nada", afirmó.

Otra de las grandes críticas al proyecto afecta al método planeado para distribuir la marihuana, que apunta al sistema de farmacias.

Sin embargo, desde la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AQFU) se insiste en que esos establecimientos "no son los indicados" para tal propósito, entre otras cosas "porque no es un producto de salud".

Según relató a Efe la presidenta de la AQFU, Virginia Olmos, los farmacéuticos uruguayos no tienen una postura a favor o en contra de la legalización, pero al igual que no venden "alcohol o cigarrillos" a sus clientes, no deberían vender marihuana.

"En las farmacias de Uruguay se venden otros productos, como juguetes o bisutería, pero los farmacéuticos no somos responsables ante la ley de la calidad de esos productos. Como la marihuana no es un producto de salud, tampoco seríamos responsables de ella, así que daría igual venderla en un bazar o un quiosco", apuntó.

A su juicio, la marihuana debería venderse en algún lugar donde al mismo tiempo "se pueda atender a los pacientes con dependencia", como en una policlínica o centro de adicciones "que cuenten con profesionales en ese campo".

En cualquier caso, Olmos sí se mostró partidaria de que el Instituto del Cannabis que plantea la ley como organismo regulador, cuente con farmacéuticos para controlar su calidad y sus agentes activos, pero siempre lejos de las farmacias. EFE