SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) calificó como “muy pobre” la colaboración de las autoridades haitianas con las dominicanas para la regulación de los haitianos que viven como inmigrantes indocumentados en República Dominicana.
La entidad evangélica recordó la actitud de las autoridades haitianas, que ejercieron presión a nivel internacional para que se regularice a sus nacionales en el país.
Advirtió que si las autoridades haitianas no cumplen con facilitar a sus ciudadanos los documentos necesarios para la regularización su estatus migratorio, se correría el riesgo de volver a “un punto de retorno” o una situación de inviabilidad para aplicar la nueva ley de naturalización.
“Para poder llevar a cabo y con éxito la ejecución de la nueva ley de naturalización se requiere que las autoridades haitianas cooperen. Creemos que Haití no ha hecho el esfuerzo necesario para que sus nacionales obtengan la naturalización”
Destacó que la nueva ley de naturalización es uno de los mejores esfuerzos realizados en la historia del hemisferio para resolver una crisis de tipo migratorio, y que ese esfuerzo fue reconocido por el vicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden en su reciente visita al país.
“Para poder llevar a cabo y con éxito la ejecución de la nueva ley de naturalización se requiere que las autoridades haitianas cooperen. Creemos que Haití no ha hecho el esfuerzo necesario para que sus nacionales obtengan la naturalización”, expresó Lorenzo Merán.
Expresó que uno de los principales escollos que encuentran los haitianos es que desde que se inició el Plan de Regularización de Extranjeros que ejecuta el Gobierno dominicano, la principal es que su país les quiere cobrar entre 80 y 100 dólares para expedirles la documentación requerida para acogerse al plan.
Expresó que CODUE está siguiendo de cerca el proceso de naturalización y que hasta ahora los reportes que ha recibido son las quejas de los mismos haitianos de sus autoridades por los cobros abusivos para que los doten de sus documentos, por ejemplo para la expedición de un pasaporte cuyo precio es entre 80 y 100 dólares.
“Las quejas que tenemos reportadas de pastores y ministros que tenemos en todo el país es que las mismas autoridades haitianas tienen muy poca colaboración con el proceso por lo que se les puede exigir más participación”, señaló Lorenzo Merán.
Indicó que el Gobierno dominicano no puede ir más allá de su rol como estado recipiente de los haitianos indocumentados que es de facilitar lo más que se pueda siempre de acuerdo a las leyes el proceso de regularización y naturalización.
Recordó que los principales la regularización son crear un espacio de oportunidad para aquellos extranjeros que se acojan a sus condiciones, requisitos y procedimientos, al mejoramiento de las condiciones de vida y laborales, fortalecer la seguridad pública nacional y, por consiguiente, disminuir el número de personas extranjeras que han vivido un tiempo ininterrumpido en el país y no cuentan con estancia regular en el mismo.