SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Superintendencia de Bancos (SIB), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía del Distrito Nacional suscribieron este miércoles un acuerdo de cooperación para la creación de una Unidad de Investigación de Delitos Financieros.
El nuevo organismo operará en la sede de la Fiscalía del Distrito Nacional, y tendrá como función principal perseguir y procesar penalmente a las personas físicas y jurídicas que lleven a cabo actividades de intermediación financiera de manera ilegal, sin contar con la autorización de la Junta Monetaria.
Además tendrá la facultad de investigar y procesar penalmente las personas o empresas que comentan “actos fraudulentos en perjuicio de las entidades de intermediación financiera y cambiaria, del sistema financiero” regulado.
Otra de sus facultades será perseguir y procesar ante la justicia a los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera reguladas “que alteren, desfiguren u oculten datos o antecedentes, libros, estados de cuentas, correspondencias u otros documentos o que consientan u omitan la realización de estos actos, con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalización que corresponda efectuar” a la SIB.
Al dar a conocer la iniciativa, el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, indicó que el nuevo organismo ha sido concebido para enfrentar el funcionamiento al margen de la ley de entidades de intermediación financiera no reguladas.
“Son empresas, no entidades de intermediación financiera”, dijo el funcionario aludiendo a las compañías de este tipo cuyos registros de operación han sido cancelados por la SIE, por captar dinero de los ahorrantes de manera irregular.
Proceso penal para rumores y “campañas difamatorias”
La Unidad de Investigación de Delitos Financieros también está llamada a “perseguir y procesar penalmente a los funcionarios y personal de la Administración Monetaria y Financiera y los funcionarios, empleados, accionistas, directores, administradores y funcionarios de las entidades de intermediación financiera reguladas, así como, cualquier persona física o jurídica, que conscientemente difundan por cualquier medio falsos rumores u organicen campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia” de alguna entidad y a la estabilidad” del mercado cambiario.
La Superintendencia de Bancos se ha comprometido a cooperar con todo el apoyo que requiera para operar, la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, para proteger a la ciudadanía de la intermediación financiera ilegal.
De su lado, el presidente de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), José Manuel López Valdés, consideró que la iniciativa contribuirá con una persecución más eficaz de este tipo de delitos y a fortalecer la credibilidad del sector financiero dominicano.
“Ya sabemos que cuando se detecte un delito de este tipo tenemos que venir aquí a la Procuraduría General, que es donde estará la nueva unidad; no tenemos que acudir a los tribunales, a múltiples fiscales a nivel nacional, ya tenemos un punto focal y una unidad especializada adonde ir, por lo cual el proceso de persecución de esos delitos”
Agregó que esta nueva logística permitirá además “agilizar y a sostener de una forma más eficaz” estos casos, “de manera que cuando lleguen a la justicia no se le dé libertad a la persona que se está persiguiendo sencillamente porque algún precepto legal de la investigación no se cumplió”.
“Eso permitirá que muchos de esos delincuentes que andan por ahí que se detienen, que se someten a la Justicia y que por falta de una base que sustente el expediente ante el juez, queda libre; ahora será mucho más difícil”, manifestó López Valdés al felicitar a SIE por la iniciativa.
La Unidad de Investigación de Delitos Financieros tendrá un carácter nacional pero operará desde la sede de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.
Asimismo, se informó que el personal técnico será conformado por el fiscal director de la Unidad y los fiscales miembros que se designen, quienes “deberá investigar y litigar en todos los procesos penales que sean conocidos o introducidos al sistema penal por la unidad, en las distintas fases e instancias, cumpliendo con los plazos previstos” en la Ley.