SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento político Camina RD expresó su preocupación por las consecuencias que con el cierre del Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), se puedan generar para los migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana que no tienen documentos.
“Lo que hoy vivimos, es el arrastre de la irresponsabilidad histórica del Estado Dominicano en esta materia, caracterizada por ser una migración instrumentalizada por el empresariado y por el estado, sin garantizar la documentación debidas”, argumentó el movimiento.
Señaló que dicha irresponsabilidad se refleja en la corrupción administrativa de quienes están en la frontera, por las violaciones de derechos de quienes ejecutan la ley de migración y por la explotación, sin sanciones, de quienes exprimen al migrante trabajador.
“Con el Plan que se concluyó, el Estado dominicano no pudo responder a las décadas de irresponsabilidad incurridas. El tiempo limitado, las trabas y los costos que envolvían el proceso alertaban desde el inicio, que este no iba a regularizar un número significativo de migrantes haitianos”, dijo.
Camina RD explicó que con el cierre de este proceso y con las medidas anunciadas, se profundiza el nivel de fragilidad de quienes han dejado caer su sudor por décadas en el territorio dominicano.
Los miembros del movimiento consideraron que la situación anterior requiere acciones urgentes para garantizar la vida y los derechos de los migrantes y sus familias, por lo que solicitaron al Estado que cumpla con las líneas de derechos humanos, colocadas en el reciente Plan Nacional de Derechos Humanos, así como:
- Ampliar el plazo del proceso de regularización para migrantes que cuyos expedientes han sido recibidos, pero no completados.
- Garantizar que las personas que tienen iniciados sus procesos no serán deportadas.
- Garantizar el respeto a la dignidad de los migrantes y sus familias tanto en el proceso de repatriaciones como en los centros destinados a acoger a los migrantes para la revisión de su situación migratoria, antes de proceder con la repatriación final.
- Cumplir con la aplicación del Protocolo de Entendimiento sobre mecanismos de repatriaciones, que fue firmado en 1999 por la República Dominicana y Haití. Esto requiere, de un diálogo continuo entre representaciones de ambos países, en los que estén presentes actores gubernamentales y no gubernamentales.
- Garantizar condiciones dignas en los centros de acogida, en los que puedan contar con servicios básicos, protección de la intimidad y contra la violencia en cualquier de sus manifestaciones, especialmente para poblaciones más vulnerables.
- Garantizar el derecho a la nacionalidad de dominicanos-as de padres haitianos-as, cuya documentación está en proceso por parte de la Junta Central Electoral, para que los-as misma no corran los riesgos de ser deportados.
“La situación es urgente y requiere acciones urgentes, que superen los mecanismos legalistas, que no toman en cuenta la persona y sus contextos de vida”.
Camina RD llamó al estado dominicano a proteger los derechos de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana que están sin documentos migratorios, y que el proceso de deportaciones anunciado no recurra a persecuciones y amenazas que transgreden la vida.