SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que los contratos de prestación de servicios de 54 artistas por parte del Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) para las festividades navideñas del año pasado por la suma de 55.6 millones de pesos, se realizó de manera irregular al no cumplir con el “debido proceso administrativo”.
De acuerdo a las conclusiones de la Resolución RIC-74-2021 entre las irregularidades evidenciadas, el órgano rector señala que las contrataciones se hicieron sin utilizar el Portal Transaccional, y por ende no se publicó ninguna información relativa al procedimiento ejecutado, en violación al artículo 138 de la Constitución, numeral 3 del artículo 3.
También se violentaron los principios de economía y flexibilidad; de igualdad y libre competencia y participación, así como el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 340-06, que consagra el principio de equidad.
De igual forma, el artículo 108 del Reglamento de Aplicación, al efectuar la entrega total de los montos adjudicados en un pago único e inmediato sin haberse prestado los servicios contratados, cuando la norma solo permite entregar como avance máximo el 20 % del monto del contrato.
En ese sentido la DGCP solicitó al titular del GCPS, Francisco Antonio Peña Guaba, identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar dicha contratación, tras asegurar que no se cumplió con el debido proceso administrativo y en violación a varios principios de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Entre las sanciones que pudieran corresponder, conforme al debido proceso y de acuerdo a las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la referida Ley, la DGCP cita la amonestación escrita; la suspensión sin goce de salario hasta por 6 meses; despido sin responsabilidad patronal o sometimiento a la justicia.
En su momento luego de las críticas el GCPS aseguró que iniciaría el procedimiento de declaración de lesividad sobre las adjudicaciones realizadas, para su posterior revocación y rescisión de contratos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), por lo que la DGCP solicitó a su titular que informe el estatus de dicho proceso contencioso-administrativo.