Brasilia, Brasil (EFE/Eduardo Davis).- Brasil vivió este lunes otra jornada de intenso cabildeo antes de la retomada del trámite parlamentario que definirá si el presidente Michel Temer será sometido a un juicio por presunta corrupción, que lo suspendería de sus funciones durante seis meses.
Temer enfrenta una denuncia por corrupción pasiva presentada por la Fiscalía hace poco más de un mes ante la Corte Suprema, que sólo puede decidir si la acepta o no si cuenta con el aval del pleno de la Cámara de Diputados, que el próximo miércoles debatirá el caso.
El Parlamento estuvo de receso durante las últimas dos semanas y retomará sus trabajos mañana, cuando el trámite será retomado con la lectura de un informe que recomienda enviar la denuncia contra el presidente a los archivos y ya fue aprobado en una comisión que hizo un primer análisis del asunto.
Antes del reinicio de las sesiones legislativas, muchos diputados aprovecharon la jornada de hoy para afinar posiciones tanto a favor como contra Temer, en discusiones de carácter mucho más político que jurídico.
En vísperas del reinicio de los trabajos legislativos, hoy fue divulgada una encuesta realizada por el Instituto Ibope, según la cual el 81 % de los brasileños considera que los diputados deberían darle curso a la denuncia.
El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio Temer y tiene con 63 diputados la primera minoría en la Cámara baja, reiteró hoy sus llamamientos a la "unidad" y también que todo legislador de esa formación que avale la denuncia será objeto de sanciones, que pueden llegar a la expulsión.
La minoritaria oposición, que en pleno se volcará por recomendar que la denuncia sea aceptada, anunció hoy que se reunirá este martes a fin de articular estrategias para reforzar su intento de desalojar a Temer del poder.
Sin fuerza para garantizar ese objetivo, los adversarios de Temer barajan la posibilidad de impedir el quórum necesario para la votación del miércoles, que las normas del Congreso fijan en 342 diputados, igual al número de votos que daría curso a la denuncia.
Tanto el PMDB como el Gobierno confían en la base oficialista, integrada por una decena de partidos que suman unos 260 diputados, cuyos votos bastarían para anular la denuncia de la Fiscalía.
Para reforzar esa base, Temer se propone exonerar por un día a una decena de sus 28 ministros, que retomarán sus escaños en la Cámara baja para participar en la votación a fin de inhibir a algunos sectores del oficialismo que aún no deciden su posición.
Según las normas constitucionales, una denuncia penal contra un presidente en pleno ejercicio del poder sólo puede avanzar si tiene el apoyo de al menos dos tercios de los diputados, que representan 342 votos.
Asimismo, para bloquear un eventual proceso, bastarán 172 votos, que el Gobierno confía que tiene asegurados.
Las acusaciones formuladas por la Fiscalía se fundamentan en testimonios de directivos del grupo cárnico JBS, que han confesado a la Justicia que sobornan a Temer a cambio de "favores políticos" desde 2010 y que incluso lo hicieron una vez que asumió el poder.
Lo más comprometedor es una grabación hecha por el dueño de JBS, Joesley Batista, de una conversación que tuvo con Temer el pasado abril en la residencia oficial de la Presidencia, en la que narra maniobras ilegales que hacía en favor de su grupo ante el Gobierno y algunos jueces frente al silencio o la complacencia del mandatario.
Según la Fiscalía y la oposición, esa grabación ya basta para comprobar que Temer incurrió por lo menos en un delito de corrupción pasiva, y que incluso pudiera ser acusado de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, por lo cual aún se le investiga.
Temer, por su parte, ha descalificado la grabación, sostiene que ha sido objeto de "ediciones" que han creado una "pieza de ficción" sin ningún valor legal y confía en su fuerte base parlamentaria, que ha menguado al calor del escándalo, para bloquear la denuncia.
En vísperas del reinicio de los trabajos legislativos, hoy fue divulgada una encuesta realizada por el Instituto Ibope, según la cual el 81 % de los brasileños considera que los diputados deberían darle curso a la denuncia.
El sondeo también indicó que el 79 % de los consultados cree que los diputados que eventualmente se inclinen por archivar la denuncia contra Temer serán "cómplices" de corrupción, frente a un 18 % que no comparte esa tesis y un 3 % que declinó pronunciarse. EFE