BAVARO, Punta Cana.- El ayuntamiento del Distrito Municipal de Verón, en Punta Cana, provincia La Altagracia, mantiene un enconado conflicto con el sector hotelero organizado, a quienes reclama el pago de más de 22 millones de pesos por concepto de recogida de basura.

El síndico, Radhamés Carpio, es del Partido Reformista Social Cristiano, y se le considera un hombre que responde a los intereses de Amable Aristy Castro, quien controla la provincia, en especial el municipio cabecera, a través de su hija, la síndico Karina Aristy.

La vicesíndico de Verón, donde se encuentra en centro del problema de la basura, es Angela Rivera, también del Partido Reformista, pero contraria al síndico en sus pretensiones de cobrar sumas millonarias por el derecho del ayuntamiento a cobrar el depósito de los desechos sólidos.

Angela Rivera es miembro, además de vicesíndico, de la Asociación de Recolectores de Basura de Bávaro-Verón-Punta Cana. Una fuente vinculada al ayuntamiento de Verón dijo que la vicealcaldesa es propietaria de una de las empresas recolectoras de basura.

El problema se ha complicado porque el Grupo Puntacana tiene su propia empresa de recogida de basura, llamada Tecnología Ambiental, y está bajo la dirección de Frank Elías Rainieri. Ofrece servicios a las empresas del Grupo Puntacana y a otros hoteles de la zona.

Leonel Taveras es otro empresario importante de la zona, que también tiene su propia empresa de recogida de basura, GERONSA. El síndico presiona a los hoteles para que paguen por un servicio que no ofrece el ayuntamiento –recogida de basura- y que sí prestan las empresas privadas.

La última decisión del ayuntamiento de Verón fue prohibir a los camiones recolectores de basura depositar los desechos en las zonas destinadas para ello. El ayuntamiento en la práctica ha prohibido que se recoja la basura, aduciendo que los hoteleros no pagan a la autoridad responsable de cobrar ese servicio.

Con este conflicto, que lleva varias semanas ardiendo en la zona turística, se pone en riesgo el negocio turístico.

Este martes el ayuntamiento de Verón emitió un comunicado en que acusa a los hoteleros de negarse a pagar por el servicio. El comunicado es el siguiente:

EL ayuntamiento del Distrito Municipal Verón-Punta Cana, hace de conocimiento público lo siguiente:

Que el ayuntamiento, en virtud de la ley de municipios y la constitución de la Republica tiene la facultad exclusiva de la recolección, transporte y destino final de los desechos sólidos (Basura)

Que por concepto de la recogida de basura en el sector hotelero el ayuntamiento está dejando de percibir aproximadamente quince millones de pesos (RD$15,000.000.00)

Que el ayuntamiento, mediante ordenanza ha establecido un 20% de las facturas de los recolectores de basura privado, en los hoteles, sin embargo, los recolectores privados no han honrado su compromiso de pago con el ayuntamiento, por lo que a la fecha le adeudan al ayuntamiento, Veintidós millones de pesos (RD$22, 000,000.00) a esto se le suma el no pago de permiso de operación, consistente en una tasa mínima de RD$150,000.00 pesos anuales.

A que el sector hotelero se ha unido a este sector para evadir el justo pago que le adeudan al ayuntamiento. Evitando así que el ayuntamiento pueda realizar las obras prioritarias, en salud, educación, construcción, desarrabalizacion y asistencias a sus munícipes.

ASI EL AYUNTAMIENTO NO PUEDE TRABAJAR!

Otra versión sobre el negocio de la basura

Está claro que se trata de un conflicto por el dinero que deja el negocio de la basura. Los recolectores privados no pagan la tasa del 20% dispuesta por el ayuntamiento. ¿Es legal o ilegal esa tasa? ¿Por qué si la principal función de los ayuntamientos es recoger la basura el de Verón no puede hacerlo?

La explicación la ofreció Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles de Bávaro-Punta Cana, quien además es regidor de en el ayuntamiento de Verón.

La anterior síndica de Verón, la peledeísta María Verón, ofrecía el servicio de recogida de basura con tres camiones y permitía que los hoteles recibieran el servicio de las empresas establecidas. Pero en el 2010, cuando ganó Radhamés Carpio la sindicatura, se dedicó a organizar el negocio por parte del ayuntamiento.

Declaró asesor a Víctor Gómez Bergés, adquirió cuatro camiones nuevos para recoger la basura y concertaron una alianza con la empresa Triplet. En esas condiciones, el ayuntamiento declaró el estado de emergencia y sin licitación contrató los servicios de Triplet para recoger la basura en los hoteles, no en la comunidad.

Esas decisiones implicaban que sacarían a los recolectores privados tradicionales, los cuales ofrecen sus servicios a los hoteles. La relación calidad/precio no fue establecida, ni se cumplían las normas de medio ambiente. Además, Triplet quería imponer una tarifa de recogida de basura por habitación hotelera, y no por tonelada, como es lo habitual.

Los recolectores recurrieron a los tribunales. Y la Cámara Civil y Comercial de Higuey dictó sentencia ordenando al ayuntamiento y a Triplet cesar sus pretensiones contra los recolectores de basura ya establecidos, y le ordenó al ayuntamiento respetar los contratos vigentes.

La dirección de Contrataciones Públicas del gobierno, encabezada por Eric Hazim, también emitió una resolución diciendo que el contrato de recogida de basura del ayuntamiento de Verón con Triplet es irregular, adolece de irregularidades y por tanto colinda con la nulidad.

La Liga Municipal Dominicana no ha intervenido en el conflicto. En apariencia tampoco la ha hecho la sindicatura de Higuey.

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