ROMA, Italia,1 ago (EFE).- El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado hoy en firme a 4 años de prisión por fraude fiscal por el Tribunal Supremo, que, sin embargo, aplazó su inhabilitación para el ejercicio de cargo público a la espera de que la Corte de Apelación de Milán calcule de nuevo el plazo.

Tras una maratoniana sesión de deliberación, del Supremo rechazó el recurso de la defensa de Berlusconi por el caso Mediaset, aunque dieron un respiro a su futuro más inmediato en la política, pues habrá que esperar a que otro tribunal establezca por cuánto tiempo deberá estar fuera de las instituciones.

La pauta para la sentencia dictada hoy la marcó en la primera audiencia del juicio el fiscal general del Supremo, Antonio Mura, quien pidió la confirmación de la condena, que llegó en primera y segunda instancia, respectivamente, en octubre de 2012 y mayo pasados, aunque con la revisión de la pena de inhabilitación.

Mura advirtió de que el máximo periodo de inhabilitación que recoge la ley italiana por este tipo de delitos es de 3 años y de que en su sentencia, el Tribunal de Apelación de Milán, no explicaba por qué amplió el plazo a los 5 años.

La decisión del Supremo puede dar un poco más de tiempo al Gobierno italiano y aparcar la tan temida inestabilidad, aunque las reacciones políticas fueron inmediatas

Por lo tanto, el Supremo acepta así la petición planteada por la Fiscalía, aunque no del todo, pues Mura instó a los jueces a que fueran ellos mismos quienes calcularan de nuevo la inhabilitación de acuerdo con la ley (de 1 a 3 años), algo que el alto tribunal considera que no entra en sus competencias.

Sea como fuere, el ex primer ministro y actual senador y para quien sus abogados pidieron la absolución plena, verá reducida su pena de cárcel de cuatro a un año, de acuerdo con la ley de indultos de 2006, y puede cumplir esta condena en arresto domiciliario o bajo tutela de los servicios sociales, puesto que supera los 70 años de edad.

Asimismo, una vez calculada la nueva inhabilitación, esta no entrará en vigor de forma automática, ya que para ser definitiva tiene que superar un nuevo trámite en el Senado, que deberá decidir si acepta la decisión de los magistrados, y, si no lo hace, ha de abrirse un proceso por conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

El caso juzga la compraventa de derechos de transmisión de películas estadounidenses por valor de 470 millones de euros por parte de Mediaset -el grupo audiovisual de Berlusconi- entre 1994 y 1999 con un supuesto aumento artificial del precio de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.

Los magistrados que condenaron a Berlusconi en primera instancia cifraron en 17.500 millones de liras en 2000, en 6,6 millones de euros en 2001, unos 4 millones de euros en 2002 y unos 2 millones de euros en 2003 la cantidad de dinero objeto de la evasión fiscal en la que el "il Cavaliere" niega haber participado.

Además de Berlusconi, en este juicio estaban imputadas otras tres personas, entre ellas el productor estadounidense de origen egipcio Frank Agrama, y el Supremo confirmó todas sus condenas de cárcel, que van de un año y dos meses a tres años y ocho meses.

El ex primer ministro recibió la noticia de la confirmación de su condena en su residencia romana, el Palacio Grazioli, en compañía de su primogénita, Marina, y de su actual pareja, Francesca Pascale, y a la vivienda se desplazó instantes después de conocer la sentencia parte de la cúpula de su partido, Il Popolo de la Libertà (PDL).

Y es que el final de este caso, que supone la primera condena en firme de Berlusconi tras algunas prescripciones y absoluciones, está ligado al futuro de la estabilidad de la coalición gubernamental que preside Enrico Letta, a pesar de que gran parte de sus protagonistas hayan negado este extremo.

La posibilidad de una salida de Berlusconi de la vida pública, a sus 76 años y tras dos décadas en la primera línea política, ha generado una gran tensión en el PDL, que cierra filas en torno a su líder y en el que algunos miembros han advertido de posibles consecuencias sobre el Gobierno.

La decisión del Supremo puede dar un poco más de tiempo al Gobierno italiano y aparcar la tan temida inestabilidad, aunque las reacciones políticas fueron inmediatas hoy, como la del cómico Beppe Grillo, líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), quien anunció con sorna que "Berlusconi ha muerto. Viva Berlusconi".

Mediante un comunicado, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, pidió "confianza y respeto a la magistratura" e indicó que Italia necesita reencontrar "serenidad y cohesión sobre temas institucionales" para salir de la crisis actual. EFE

Berlusconi, 20 años de problemas con la Justicia

Roma, 1 ago (EFE).- El exprimer ministro Silvio Berlusconi lleva 20 años arrastrando problemas con la Justicia y ha sido imputado o investigado en una treintena de ocasiones hasta hoy, cuando el Tribunal Supremo de Italia confirmó su condena a cuatro años de prisión por fraude fiscal por el caso Mediaset.

Sin embargo, el Alto Tribunal dispuso que la Corte de Apelación de Milán vuelva a calcular la pena accesoria, que en primera y segunda instancia era de cinco años de inhabilitación para un cargo público.

Tras dos audiencias maratonianas, la Alta Corte dispuso hoy que se devuelva a la segunda instancia el caso para que se reconsideren los plazos de inhabilitación, lo que da, por el momento, un respiro a Berlusconi y a la coalición de Gobierno italiana, ante las consecuencias que podría haber tenido la salida de la vida pública del líder de uno de los partidos que la apoya.

Según los datos publicados por la prensa italiana, la historia judicial de Berlusconi cuenta con 13 investigaciones archivadas, mientras que en el resto de los juicios fue absuelto o los delitos prescribieron.

Actualmente, Berlusconi tiene pendientes cuatro procesos:

La apelación por el llamado caso Ruby, en el que ha sido condenado a siete años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de un cargo público por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores.

También debe comenzar la apelación por la condena a un año de cárcel por el delito de violación del sumario con la publicación de escuchas telefónicas en el diario "Il Giornale", propiedad de su hermano Paolo.

Además se está celebrando la audiencia preliminar del juicio por la supuesta compra en 2007 del senador Sergio de Gregorio para hacer caer al Gobierno de Romano Prodi.

Y está pendiente asimismo la apelación por la sentencia de divorcio de su segunda esposa, Verónica Lario.

En el pasado, Berlusconi ha conseguido siempre salir indemne de las acusaciones, comenzando por el caso más reciente, cuando en mayo de 2012 fue absuelto por el llamado caso Mediatrade, en el que estaba acusado de fraude fiscal y apropiación indebida.

En 2001 fue absuelto del delito de falsedad en balances de la sociedad All Iberian, que pertenecía al grupo Fininvest, en un caso que se remonta a principios de la década de los año 90.

Por este mismo caso, y en relación a la financiación ilegal del Partido Socialista de Bettino Craxi, Berlusconi fue absuelto en 2005 después de que su Ejecutivo cambiase las penas sobre la falsedad en balance.

En 2001 también fue absuelto por el delito de soborno a la Guardia de Finanza (policía financiera italiana) para que no investigasen las cuentas de algunas de sus empresas.

Otra absolución llegó en 2001 por el delito de falsificación de balance en la adquisición de la empresa cinematográfica Medusa, en la que en primera instancia había sido condenado a 16 meses de cárcel en diciembre de 1997.

También el Supremo en 2007 le absolvió del delito de corrupción de jueces para impedir la compra de la empresa agroalimentaria pública SME en 1985 por el industrial Carlo de Benedetti.

Ese mismo año, en España fue absuelto por el caso Telecinco en el que estaba acusado de falsedad de balance y violación de las leyes antimonopolio.

Entre las prescripciones más sonadas destaca la del caso Mills, cuando después de casi siete años de proceso, en febrero 2012, se declaró la prescripción del delito de corrupción en acto judicial del que estaba acusado.

El caso Mills, llamado así por el letrado británico David Mills, juzgaba el supuesto pago de unos 600.000 dólares por parte de Berlusconi al abogado a cambio de su testimonio favorable en dos juicios anteriores. EFE