SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión y el pago de una multa de cien mil pesos en contra de Carlos Alberto Céspedes Rodríguez, alias El Gordo o Cheo, quien fue hallado culpable de incurrir en el delito de proxenetismo agravado en perjuicio de varias dominicanas y venezolanas.
El tribunal adoptó la decisión en contra de Céspedes Rodríguez, administrador del clausurado bar Satin Dolls, del sector de Gascue, estableciendo además en su sentencia condenatoria el decomiso de algunos bienes que les fueron confiscados en el transcurso de la investigación.
Céspedes Rodríguez, quien deberá cumplir los cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal, fue acusado de violar los artículos 59, 60, 334-1 (ordinales 1ro., 2do., 5to. y 6to) y 334-1 (ordinales 6to. y 9no.) del Código Penal Dominicano.
En un comunicado de prensa divulgado por la Procuraduría General de la República, se establece que por este caso también fue procesada la dominicana Ana Berenice Gómez, alias Verónica, que laboraba en el área de caja del centro de diversión, quien fue descargada por el tribunal.
En la acusación, sustentada en decenas de pruebas testimoniales, documentales, materiales, periciales, auditivas e ilustrativas, el Ministerio Público establece que Céspedes Rodríguez fue procesado judicialmente luego que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas conjuntamente con la Fiscalía del Distrito Nacional, la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, dieran inicio a una investigación penal mediante la cual pudieron determinar que el administrador de dicho establecimiento de diversión se dedicaba al proxenetismo.
El expediente señala que Céspedes Rodríguez se dedicaba a la práctica de esa actividad ilegal en perjuicio de mujeres y menores de edad nacionales y extranjeras, especialmente, de nacionalidad venezolana.
Se desconoce si el propietario o propietaria del clausurado centro de diversión fue investigado por el caso.