Santo Domingo (EFE).- El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo dictó condenas de entre dos y diez años de prisión contra seis personas acusadas de formar de una red que se dedicaba a la falsificación y adulteración de medicamentos.
Los condenados son Eddy Alberto Cruz Santana, en tanto que a siete años de prisión fueron sentenciados Mónica Altagracia Rodríguez Marte y Natanael Cuevas Sena, alias Natón; a cinco años Andrés Miguel Rodríguez, y a dos años Ubaldo Rosario y Francisco Javier Gómez Veras.
El Ministerio Público informó hoy, en un comunicado, de que el grupo fue condenado por los delitos de almacenamiento, distribución y comercialización de medicamentos falsificados, adulterados, vencidos y sin registro sanitario.
Asimismo, por asociación de malhechores y violación a la Ley sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas en perjuicio del Estado dominicano y de las empresas Pfizer, Inc. y Parke Davis & Company, LLC.
La institución indicó que durante que, como parte del proceso de investigación, el 22 de septiembre del año 2015 se realizaron allanamientos simultáneos mediante un procedimiento administrativo paralelo al penal y ante la jurisdicción competente, siendo clausuradas la Farmacia 2000 y Farmacia Los Reyes, ambas localizadas en Santiago.
También se realizaron allanamientos en residencias y en los laboratorios Roflos, donde se encontraron medicamentos adulterados, vencidos, falsificados, sin registro sanitario y sin número de Lote, entre otras violaciones a la citada Ley General de Salud.
Eddy Alberto Cruz Santana era el propietario de las dos farmacias, mientras que Ubaldo Rosario Flores era propietario de los laboratorios Roflos, quien tenía registro sanitario pero falsificaba y adulteraba medicamentos, apunta la nota.
Durante el juicio la acusación presentó diferentes pruebas vinculantes a los referidos delitos, obtenidas durante el proceso de investigación en una comunidad de la ciudad de Santiago donde se ocuparon medicamentos falsificados, vencidos, adulterados y sin registro sanitario, así como varias armas de fuego ilegales.
La Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, en coordinación con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Contra la Salud, la Dirección General de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud Pública y el Departamento de Falsificaciones de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Dintel), realizaron las labores de inteligencia.
Estas dieron como resultado el conocimiento de las operaciones delictivas que este grupo de ciudadanos cometía, poniendo en riesgo la salud de la población como derecho fundamental.
La institución destacó que la prevención y persecución de la falsificación de medicamentos y otros productos en sentido general, son temas de prioridad en el plan de trabajo institucional trazado por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.EFE