SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán, reelecto el 15 marzo, iniciará su segunda gestión 2020-2024, bajo la modalidad de un período especial de 100 días, al igual que en agosto 2016.
Pero, esta vez, las circunstancias de la declaratorias son distintas a las de hace cuatro años, se trata de estrategias para frenar el contagio de coronavirus, no la basura.
Al iniciar su mandato municipal en 2016, el Concejo Municipal, aprobó un período especial, tras la declarar a Santiago en es estado de emergencia, debido al cúmulo de basura dejado por el alcalde saliente (2010-2016), Gilberto Serulle, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Para justificar la declaratoria de los primeros 100 días de su gestión, en 2016, el alcalde Abel Martínez, también alegó que en la Alcaldía, no había recursos (dinero), ni para sacar una copia.
Para entonces los ediles de la oposición política, advertían que el alcalde había dado una especie de golpe de estado al Concejo Municipal y que el funcionario habría abusado del período especial.
Esta vez los regidores y regidoras de Santiago, sesionaron de manera extraordinaria, por las condiciones que aconseja el momento por la pandemia del coronavirus y aprobaron 100 días de emergencia al alcalde Abel Martínez, con poderes especiales, con el objetivo de que el funcionario tome las decisiones que crea pertinentes, para encarar los contagios de la enfermedad en Santiago, donde suman los 274 casos positivos con ochos fallecidos, hasta las 6:00 de la tarde del 08 de abril del 2020, según los registros oficiales, del Ministerio de Salud Pública.
La decisión del Consejo Municipal está amparada en la resolución 3260-2020, habría sido aprobada a unanimidad por los ediles presente en la sesión que se desarrolló en el los pasillos del primer piso el edificio del Palacio Municipal.
Tras la crisis sanitaria por el coronavirus, Abel Martínez, ha sido promotor de una campaña de orientación para que la población acate el “toque de queda”.
En cuanto a sus estrategias como Gobierno Local, ha iniciado la construcción de una fosa común, para enterrar a los fallecidos por el coronavirus, además de anunciar la instalación de cápsulas para desinfección en plazas públicas.
En relación a la resolución aprobada por los integrantes de Concejo de Regidores, algunas voces han denunciado que se trata de una decisión que viola los artículos 262 y 265 de la Constitución de la República.