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Comité de Solidaridad dice gobierno debe evitar mayores daños a imagen del país

Por Samuel Tapia /acento.com.do


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas recomendó al gobierno evitar mayores daños a la imagen del país y abogó por la búsqueda de una solución factible al conflicto causado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la cual retira la nacionalidad a miles de dominicanos nacidos de padres extranjeros .

Durante rueda de prensa efectuada este viernes 28, el Comité encabezado por el escritor Avelino Stanley, resaltó las palabras del presidente Danilo Medina, quien reconoció que debe buscarse una solución a las graves implicaciones humanas que conlleva la aplicación de la sentencia.

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“Es obvio que el enorme rechazo nacional e internacional a la sentencia de desnacionalización ha creado una situación de graves incertidumbres que ya empiezan a afectar la imagen del país. Las autoridades están en el deber de evitar mayores daños que pudieran derivarse de las denuncias a que está sometido el Estado dominicano”.

“Es obvio que el enorme rechazo nacional e internacional a la sentencia de desnacionalización ha creado una situación de graves incertidumbres que ya empiezan a afectar la imagen del país. Las autoridades están en el deber de evitar mayores daños que pudieran derivarse de las denuncias a que está sometido el Estado dominicano”, indicó la organización.

Asimismo, expusieron que la solución dominicana del conflicto impediría que reclamos de los afectados, los cuales consideraron como “legítimos”, lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a una probable condena al Estado.

Sobre el impase entre República Dominicana y Haití, el economista Miguel Ceara Hatton manifestó que la sentencia es un problema estrictamente dominicano, mismo que debe ser tratado como tal y dijo que es inadmisible negar la nacionalidad a personas estimadas como dominicanos por más de tres generaciones.

“Entendemos que son personas que por tres generaciones han sido considerados como dominicanos, los cuales han recibido documentos, lo que crea un precedente inadecuado”, dijo.

Indicó estar de acuerdo con el plan nacional de regularización, con excepción del artículo ocho, el cual plantea la naturalización de las personas que nacieron en República Dominicana, hijos de extranjeros.

Ceara Hatton citó la aplicación del numeral dos del artículo 18, el cual reconoce como ciudadanos a quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia la constitución del 2010 como una forma de solucionar el conflicto.

Subrayó que “no se puede invocar soberanía para violar derechos humanos. Lo que está ocurriendo es una violación de derechos humanos. El Estado dominicano ha firmado una serie de acuerdos internacionales que reconocen que la nacionalidad es un derecho humano”.

En ese tenor, indicó que el proceso que refiere que los hijos de extranjeros nacidos en el país no son dominicanos, es inaceptable y violatorio de los derechos humanos.

De su lado, el ex director de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, enfatizó la necesidad de que el gobierno dominicano lleve a cabo las medidas que considere necesarias para una política pública basadas en el respeto de los derechos humanos, para resolver los problemas del reconocimiento de la nacionalidad de dominicanos de ascendencia haitiana.

Expresó que el Estado debe buscar respuestas y soluciones al grave problema de migración que tiene el país por encima de “sectores oscuros” existentes en Haití y República Dominicana, que se benefician con la sentencia.

“Lo que ha faltado es voluntad política para que se lleve a cabo las medidas necesarias para resolver y solucionar este problema”, expresó.

Por igual, citó el artículo 18, numeral 10 de la Constitución y enfatizó que el fallo significa tomar una decisión con carácter retroactivo de la Carta Magna, lo cual a su entender, es inadmisible.

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