SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión de Ética y Anticorrupción del Senado de Haití rindió un informe en el que destaca que de los 3,834 millones de dólares recibidos de Petrocaribe para apoyo a esa nación, se tiene la percepción en la sociedad que una parte fue utilizada para “ayudar a enriquecer personalmente a algunos dirigentes que tuvieron la responsabilidad de administrarlos”.
El reporte informa que los principales responsables fueron los presidentes y primeros ministros siguientes, con sus respectivos montos administrados:
“Por lo tanto, se analizaron las transacciones realizadas por las administraciones de Préval/Pierre-Louis (septiembre de 2008 – octubre de 2009) US$197,500,000.00; Préval/Bellerive (noviembre de 2009 – mayo 2011) US$348,240,830.01; Martelly/Conille (noviembre de 2011 – mayo de 2012) US$210,303,222.68; Martelly/Lamothe (mayo 2012 – diciembre 2014) US$668,315,429.20; y Martelly/Paul (enero 2015 – marzo 2016) US$280,003,698.66”.
Sugiere que la justicia actúe con las empresas y personas que violaron las leyes de emergencia o las burlaron, para conseguir obras o para obtenerlas y todavía no las concluyeron, entre las que se encuentran empresas dominicanas.
Los señalados directamente para ser llamados por la acción pública son los ex primeros ministros Jean Max Bellerive y Laurent Salvador Lamothe, varios ex ministros de Obras Públicas, Finanzas, Agricultura, Recursos Naturales, Desarrollo Rural, y de Salud.
La comisión dice en su informe que “la justicia debe pedir explicaciones sobre aquellos contratos con efecto retroactivo a partir de resoluciones adoptadas en 2013, 2014 y 2015, para hacerlos caer en el período de emergencia que terminó en noviembre de 2012. La maniobra es grosera y demuestra, si fuera necesario, que estas administraciones han burlado la ley deliberadamente para evitar todo control de la Comisión Nacional de Contratación Pública (CNMP)”.
Se refiere a las empresas dominicanas que encabeza el senador Félix Bautista, que son tres de un mismo propietario, entre ellas Hadom y Rofi, y que se les señala como donantes de varios políticos haitianos, el informe dice lo siguiente:
La investigación confirmó las sospechas de nepotismo y prevaricación y de corrupción en la gestión de este programa. De hecho, el uso de mecanismo de grado a grado o de licitación restringida para la adjudicación de los contratos públicos facilitó la firma de contratos en detrimento de los intereses del Estado. Los funcionarios autorizaron, por ejemplo, a tres empresas que pertenecen a las mismas personas para hacer ofertas por contratos por un total de varios cientos de millones de dólares, lo que les permitió apoderarse de todos ellos sin competencia.
La comisión sugiere profundizar las investigaciones sobre las empresas que sobravaloraron obras, entre ellas HADOM y Constructora Rofi, así como RNM y SOTEC, entre otras. Igualmente confirma que hubo soborno a políticos haitianos que recibieron dinero de las cuentas de Félix Bautista, en particular Mirlande Manigat y el ex presidente Michael Martelly.
Lea a continuación informe íntegro, traducido por Iván Pérez Carrión:
REPÚBLICA DE HAITÍ
SENADO
Quincuagésima Legislatura
COMISIÓN DE ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO /INFORME PETROCARIBE
17 DE AGOSTO, 2016
RESuMEN EJECUTVO
El 12 de abril de 2006 Haití se unió al programa Petrocaribe después de la firma del acuerdo del mismo por los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y René Préval de Haití. Este programa es un servicio que se ofrece a varios países de la región para la adquisición de productos derivados del petróleo a un costo razonable y realizando pagos según condiciones favorables, Haití tuvo la oportunidad de pagar un cierto porcentaje de su factura petrolera a la entrega y pagar el saldo en un fondo que se utilizaría para financiar proyectos económicos y sociales. Se trata en realidad de un préstamo en condiciones favorables con tasa preferencial del 1% anual pagadero en veinticinco (25) años con un período de gracia de dos (2) años.
Desde su implementación en 2008, hasta el 21 de marzo de 2016 el Fondo Petrocaribe entregó US$3,833,890,217.58. De esta cantidad, el BMPAD* paga como deuda a corto plazo (30 días) para los productos derivados del petróleo recibidos US$1,714,288,623.21. La suma de US$2,119,601,594.37 alimentó el presupuesto de inversión del Estado en este periodo. Desde de 2013, Haití, que se benefició de un descuento de su deuda externa en 2004 tuvo que introducir de nuevo en su presupuesto una línea para el servicio de la deuda.
Los recursos del Fondo Petrocaribe sirvieron para financiar varios proyectos en todo el país. Sin embargo, con razón o sin razón son muchos los ciudadanos que cuestionan el uso eficiente del dinero por los gobiernos que se han sucedido en los últimos años. Existe en el seno de la población la sensación de que cuando menos estos fondos fueron mal utilizados y en el peor de los casos, fueron desviados, en parte para ayudar a enriquecer personalmente a algunos dirigentes que tuvieron la responsabilidad de administrarlos.
Por tanto, se justifica que los representantes del pueblo se apoderen de este asunto y hagan todo lo posible para iluminar a la nación sobre la realidad de estos hechos imputables a los dirigentes que han estado a cargo de la gestión de los fondos del Estado. Es en esta búsqueda de la verdad que la Comisión de Ética y Anticorrupción del Senado ha decidido llevar a cabo un estudio lo más completo posible sobre la eventual malversación en el uso del Fondo Petrocaribe.
Dada la magnitud de la tarea y la limitación de los recursos humanos y materiales de que disponía, la Comisión no podía investigar cada proyecto y cada desembolso. Sin embargo, la Comisión ha tenido la preocupación permanente de velar por evitar la parcialidad en el desempeño de su labor. La investigación se centró en los que fueron responsables de la gestión de los fondos, independientemente de su rango o afiliación política.
Por lo tanto, se analizaron las transacciones realizadas por las administraciones de Préval/Pierre-Louis (septiembre de 2008 – octubre de 2009) US$197,500,000.00; Préval/Bellerive (noviembre de 2009 – mayo 2011) US$348,240,830.01; Martelly/Conille (noviembre de 2011 – mayo de 2012) US$210,303,222.68; Martelly/Lamothe (mayo 2012 – diciembre 2014) US$668,315,429.20; y Martelly/Paul (enero 2015 – marzo 2016) US$280,003,698.66.
Ninguna administración ha quedado fuera. La obligación de rendir cuentas en relación concierne a todas aquellas personas que han tenido el privilegio y el honor de estar a cargo de los asuntos del Estado. En general, se hizo evidente que el sistema establecido para la gestión del Fondo Petrocaribe, unido a un mal uso de las disposiciones de las leyes de emergencia sucesivas, han creado una situación que permitió a los líderes escapar a todos los controles en el procedimiento de adjudicación, y sobre todo, en la determinación de los precios cobrados a la comunidad
Los desembolsos se realizaron, en principio, sobre la base de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Ministros y en aquellos que les fueron imputados los proyectos presentados por varios ministerios. Pero para confundir las pistas, los dirigentes asumieron la mala costumbre de modificar las resoluciones de forma imprecisa al no indicar que ciertas cantidades ya incluidas en las resoluciones anteriores o modificar los contratos sin firmar endosos o dar órdenes a las empresas contratantes para realizar tareas diferentes a las previstas. Y en el caso más fragante, a firmar contratos sin resoluciones de autorización. Todo esto ha hecho muy difíciles las búsquedas y complicado las investigaciones.
Otro elemento preocupante es el uso sistemático de las leyes de emergencia para firmar contratos que no tenían nada de urgentes, solo para eludir las disposiciones de la legislación en materia de contratación pública, concebidos precisamente para garantizar la transparencia, evitar el nepotismo y asegurar que el Estado obtenga la mejor relación calidad-precio. Los contratos se concluyeron bajo la ley de emergencia y no se ejecutaron hasta años más tarde. Está claro que la ley sobre el Estado de Emergencia debe ser revisada o interpretada por los tribunales de manera restrictiva para evitar los abusos constatados. La justicia debe pedir explicaciones sobre aquellos contratos con efecto retroactivo a partir de resoluciones adoptadas en 2013, 2014 y 2015, para hacerlos caer en el período de emergencia que terminó en noviembre de 2012. La maniobra es grosera y demuestra, si fuera necesario, que estas administraciones han burlado la ley deliberadamente para evitar todo control de la Comisión Nacional de Contratación Pública (CNMP).
La investigación confirmó las sospechas de nepotismo y prevaricación y de corrupción en la gestión de este programa. De hecho, el uso de mecanismo de grado a grado o de licitación restringida para la adjudicación de los contratos públicos facilitó la firma de contratos en detrimento de los intereses del Estado. Los funcionarios autorizaron, por ejemplo, a tres empresas que pertenecen a las mismas personas para hacer ofertas por contratos por un total de varios cientos de millones de dólares, lo que les permitió apoderarse de todos ellos sin competencia.
Cuando la Comisión compruebe la información pertinente que demuestra que estas personas podrían haber hecho importantes donaciones para financiar la campaña electoral de los que más tarde aprobarían estos contratos dudosos, tendrá el derecho de solicitar a las autoridades judiciales competentes que ordene investigaciones adicionales más profundas.
La Comisión ha recogido información suficiente y sacado a la luz prácticas inaceptables en la gestión de los fondos públicos. ¿Cómo entender que los empresarios hayan recibido anticipos del 30 al 80 % por algunos trabajos? En un caso, un beneficiario recibió más del 50 % del contrato a la firma, sin proporcionar seguridades. Al cabo de unos meses, cuando no había entregado nada, la administración le pagó un 30 % adicional y el Estado no recibió ningún servicio a cambio de los fondos desembolsados.
Las libertades tomadas por las administraciones sucesivas con la ley, las maniobras o estratagemas utilizadas para eludir la ley, la ligereza con la que se procesaron los documentos, la sobrefacturación y otros abusos, y la falta de ética, demostraron que las preguntas y sospechas de la opinión pública están bien fundamentadas.
La Comisión no ha podído investigar en detalle cada contrato y cada desembolso, pero encontró suficiente cantidad de componentes índicativos de transacciones sospechosas para justificar la remisión a las autoridades judiciales competentes. La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de septiembre de 1904 (Acta de la Consolidación), constituye la jurisprudencia que permite a los exministros presentarse ante los tribunales de derecho común.
Por lo tanto, la Comisión recomienda que se profundicen las investigaciones sobre prácticamente todos los funcionarios que, debido a la naturaleza de sus funciones, intervinieron en la gestión del Fondos Petrocaribe, y que la acción pública se ponga en movimiento en contra de aquellos, cuya participación ha demostrado estar confirmada en este vasto engaño al Estado.
Se trata en particulier de:
- Jean Max Bellerive, ex Primer Ministro por prevaricación, concusión, violaciones probadas de la ley de adjudicación de contratos de 2009, de la Ley de Emergencia de 2010 art 7.5, nepotismo …;
- Laurent Salvador Lamothe, ex Primer Ministro por violaciones sistemáticas de la ley de adjudicación de contatos de 2009, contratos con efecto retroactivo (Nuevos proyectos, resoluciones 2013-2014…) ;
- El ex ministro de TPTC, Jacques Gabriel, el ex ministro de Finanzas, Daniel Dorsainvil y ex director de BMPAD, Michael Lecorps por malversación de fondos públicos (carpeta de equipos CNE);
- Ø Los ex ministros de Finanzas Wilson Laleau y Marie Jean Marie Carmelle, ex ministro de Planificación, Josefa Gauthier por complicidad en malversación de fondos (desembolsos injustificados a las empresas GTC y construir TRÓPICO), prevaricación… ;
- Hébert Docteur, ex ministro de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural por evidente usurpación de títulos, después de haber firmado una resolución en lugar del ex primer ministro Conille sin título o calidad.
- Florence Duperval, ex ministro de Salud, por falsificación y uso falso (firma de un contrato con un fallecido).
- Michael Lecorps, ex Director de BMPAD por falsificación, concusión, fraude constatado en libros contables de BMPAD y de TPTC.
- Ø Y el Comité de Concurso de Obras Limitado del Ministerio de Planificación (compuesto por los empleados Hervé Day, Lionel Grand Pierre y Jules y Content) por violación sistemática de las leyes de compras.
La Comisión también recomienda que el expediente de:
Ø Sra. Nonie Mathieu, ex presidente del Tribunal de Cuentas y miembro de dicha Corte hasta la fecha, se transfiera a la Cámara de Diputados con el fin de ser acusada de "faltas graves en el ejercicio de" sus "funciones" (autorización de contratos ilegales).
Por otra parte, la Comisión también recomienda que:
Ø La acusación en el Tribunal de Primera Instancia, el ULCC+ y el Tribunal Superior de Cuentas inicien diligentemente investigaciones a fondo de la gestión de todos los antiguos miembros de la Junta de Administración del BMPAD durante el período comprendido entre enero 2008-septiembre 2015 .
La acción pública se ponga en movimiento en contra de los accionistas de las empresas INFRATEC,, GTC, TROPIC BUILD, NOELSAINT CONSTRUCCIÓN, SETRAGEC, INTERLOC, BATIC GRANDANS para recuperar los fondos pagados a estas empresas para trabajos no realizados.
Ø La ULCC profundice en las investigaciones de las empresas SOTEC, IBT, GENERALE CONSTRUCTION S.A., HADOM, ROFI, DISENOS R.N.M. por sobrefacturación, violación de contratos e ineligibilidad en algunos casos.
Las informaciones obtenidas de una periodista de investigación de República Dominicana reveló sumas considerables que se pagaron por un empresario dominicano a dos candidatos a la presidencia de Haití durante las elecciones de 2011 y al ex primer ministro Jean Max Bellerive. Se trata de Myrlande Manigat y Michel Martelly. La primera reconoció haber recibido fondos sin especificar las cantidades, pero el otro no ha respondido, dejando que su secretarío hiciera un desmentido. Le corresponde a las autoridades competentes (ULCC)* profundizar en estos expedientes y obtener explicaciones de estas personalidades cifras. Esto es tanto más necesario que bajo la administración del presidente Martelly, varias empresas obtuvieron contratos importantes en condiciones cuestionables.
Se entiende que estas personas no son los únicos culpables. Sin embargo, lo cierto es que investigaciones más profundas y sistemáticas descubrirán más involucrados al nivel de la administración y de las empresas privadas que han tenido un comportamiento reprobable y participaron activa o pasivamente en la malversación de fondos públicos.
La Comisión no es una instancia judicial y no dispone de los medios de coerción que la ley pone a disposición de un juez, por ejemplo. Le corresponderá a este último hacer frente a esos casos y hacer lo que le corresponde por derecho. La Comisión se ha comprometido a apoyar al poder judicial y obtener los medios necesarios y la seguridad para los jueces que conocerán estos casos. Las limitaciones de tiempo, recursos y mano de obra impidieron a la Comisión llevar a cabo investigaciones más profundas. Y espera que los que tienen la responsabilidad de asumir el relevo comprenderán que será el proceso lo que pondrá fin a la corrupción en Haití.
Notas.
* Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement
+ ULCC : Siglas de: Unidad de Lucha contra la Corrupción