SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Católica para la Justicia Social de Puerto de España, llamó a la República Dominicana a tener en cuenta sus obligaciones con los derechos humanos y no actuar según esta sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que tiene carácter retroactivo hasta 1929 y dejaría sin nacionalidad a miles de dominicanos descendientes de padres indocumentados.

Dicha comisión invitó a todo el pueblo de Trinidad y Tobago a fomentar y apoyar la acción de su gobierno, que actualmente ocupa la presidencia de CARICOM, a actuar con rapidez para ayudar a proteger los derechos fundamentales de algunas de las personas más pobres y marginadas de nuestro Caribe.

 

Lea íntegro el comunicado de La Comisión Católica para la Justicia Social de Puerto de España

La Comisión Católica para la Justicia Social (CCSJ) hace un llamamiento a los líderes de CARICOM para trabajar con las autoridades de la República Dominicana (RD) y con otras organizaciones regionales e internacionales, como la Organización de los Estados Americanos, para encontrar una solución a los efectos potencialmente devastadores del 23 de septiembre sentencia del Tribunal Constitucional Dominicana que “los extranjeros sin permiso de residencia en el país deben ser asimilados a la categoría de extranjeros en tránsito, en las que sus hijos no son elegibles para tener la ciudadanía dominicana, a pesar de haber nacido en territorio dominicano”.

Mientras la CCSJ reconoce la soberanía de la República Dominicana y de su Corte Constitucional, esta Comisión hace un llamamiento al Gobierno de la República Dominicana para que tenga en cuenta sus obligaciones con los derechos humanos y no actuar según esta sentencia, que tiene carácter retroactivo hasta 1929, y que, como han señalado los observadores de los derechos humanos, podría causar una crisis de derechos humanos.

Como ha declarado Amnistía Internacional, “No está claro cuántas personas están afectadas por el fallo de la Corte Constitucional. Una encuesta reciente realizada por la Oficina Nacional de Estadística, reveló que 244,151 personas son hijos de padres ‘extranjeros’ De ellos, 86% de origen haitiano”. La mayoría de los afectados por esta sentencia, por lo tanto, son de ascendencia haitiana y negros.

Si entra en vigencia, esta decisión va a dejar a decenas de miles de personas nacidas en la República Dominicana de padres inmigrantes indocumentados desde 1929 sin

Estado. Podrían enfrentar la deportación y la discriminación. Una declaración reciente de la Agencia de refugiados de la ONU, entre otras cosas: “Si este proceso, efectivamente, se lleva a cabo sin las garantías necesarias, tres generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana podrían ser convertidos en apátridas”. Para ellos, derechos humanos tales como la libertad de circulación, la educación, el trabajo y el acceso a los servicios de salud será un sueño sin esperanzas.

Catholic Relief Services establece: “Las personas más marginadas de la República Dominicana son los inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana que viven en zonas rurales fronterizas, tugurios urbanos y bateyes (barrios de chabolas que se utilizaban para alojar a los trabajadores de la industria del azúcar). Aunque hay dominicanos que viven en condiciones de pobreza en la República Dominicana, los inmigrantes haitianos se enfrentan a amenazas adicionales a su bienestar, incluida la discriminación racial, la explotación y la deportación".

El amor al prójimo tiene dimensiones globales. CCSJ, por lo tanto, hace un llamamiento a todos los ciudadanos a ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas de origen haitiano, nuestros vecinos, en la República Dominicana que se verán afectados por la decisión del Tribunal. Somos una sola familia humana. La Iglesia Católica nos insta a “considerar a todos los vecinos sin excepción como otro yo, teniendo en cuenta en primer lugar su vida y los medios necesarios para vivirla dignamente. Cada programa político, económico, social, científico y cultural debe estar inspirado por la conciencia de la primacía de cada ser humano en la sociedad". (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 132).

CCSJ también invita a todo el pueblo de Trinidad y Tobago a fomentar y apoyar la acción de nuestro gobierno que actualmente ocupa la presidencia de CARICOM, a actuar con rapidez para ayudar a proteger los derechos fundamentales de algunas de las personas más pobres y marginadas de nuestro Caribe. Pongámonos de pie juntos para promover los derechos humanos y la dignidad de la persona humana.