La comisión del Senado que investigó la gestión del Gobierno brasileño frente a la pandemia aprobó este martes su informe final, que acusa al presidente, Jair Bolsonaro, de "crímenes contra la humanidad" y otros ocho gravísimos delitos.
El informe, producto de seis meses de investigación, fue aprobado por siete votos frente a cuatro y ahora será remitido a la Justicia ordinaria, la Fiscalía, la Corte Suprema y hasta a la Corte Penal Internacional de La Haya, que deberán evaluar si aceptan las denuncias e instauran los correspondientes procesos.
El documento presenta graves acusaciones contra 78 personas y dos empresas y está encabezado por Bolsonaro, líder de una negacionista ultraderecha que minimizó la gravedad del coronavirus y es acusado de nueve delitos, todos tipificados en el Código Penal brasileño.
Se trata de crímenes contra la humanidad, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, epidemia con resultado de muerte, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación y atentados contra la dignidad del cargo.
La lista de acusados por la errática gestión del Gobierno ante una pandemia que ya ha matado a más de 606 mil brasileños también incluye a cuatro ministros y a tres hijos del presidente Bolsonaro: el senador Flavio, el diputado Eduardo y el concejal de Río de Janeiro Carlos.
Asimismo, figuran el exministro de Salud y general Eduardo Pazuello y el excanciller Ernesto Araújo, así como una decena de parlamentarios de ultraderecha, funcionarios, asesores del Gobierno y médicos de un grupo informal de consejeros del mandatario.
También se pidió que Bolsonaro sea suspendido de todas las redes sociales por una masiva difusión de información falsa sobre la pandemia y que sea obligado por la Justicia a retractarse de todas las declaraciones en que despreció su gravedad o puso en duda las vacunas.
El grupo comenzó su investigación el pasado 27 de abril, cuando Brasil sumaba unos 391.000 muertos por COVID-19, y concluyó su trabajo con la aprobación del informe en momentos en que los decesos pasan de 606.000, cifra que lo mantiene como el tercer país más afectado en el mundo, junto con Estados Unidos y la India.
Acusados Bolsonaro, 3 hijos suyos, 4 ministros y otros
El informe de la comisión del Senado brasileño que investigó la gestión del Gobierno frente a la pandemia formula graves cargos contra el presidente Jair Bolsonaro, tres de sus hijos y cuatro ministros, incluidos en una lista de 80 acusados.
El informe fue aprobado este martes y ahora será remitido a la Justicia, que deberá decidir sobre los eventuales juicios por las supuestas responsabilidades en el combate a la pandemia de la covid-19, que hasta ahora ha matado a más de 605.000 brasileños.
Las sospechas pasan por la promoción de remedios de efectividad dudosa contra el coronavirus, violación de las medidas preventivas, difusión de información falsa sobre la pandemia, uso irregular de dinero público y negociaciones fraudulentas para la adquisición de vacunas, entre muchas otras.
Los doce principales acusados y los cargos formulados en el informe parlamentario son:
1.- Presidente Jair Bolsonaro.
Crímenes contra la humanidad. Infracción de medidas sanitarias. Charlatanería médica. Incitación al delito. Falsificación de documentos. Uso irregular de dinero público. Prevaricación. Epidemia con resultado de muerte. Atentados contra la dignidad del cargo.
2.- Ministro de Salud, Marcelo Queiroga (en el cargo desde marzo pasado)
Epidemia con resultado de muerte. Prevaricación.
3.- Ministro de Defensa y exministro de la Presidencia, general Walter Braga Netto.
Epidemia con resultado de muerte.
4.- Ministro de Trabajo y exministro de la Secretaría General, Onyx Lorenzoni.
Crímenes contra la humanidad. Incitación al delito.
5.- Ministro de la Contraloría General, Wagner Rosario.
Prevaricación.
6.- General Eduardo Pazuello, exministro de Salud (mayo 2020-marzo 2021).
Crímenes contra la Humanidad. Epidemia con resultado de muerte. Uso irregular de dinero público. Difusión de información falsa.
7.- Exministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo (enero 2019-marzo 2021).
Epidemia con resultado de muerte. Incitación al crimen.
8.- Diputado Ricardo Barros, jefe del oficialismo en el Congreso.
Incitación al crimen. Tráfico de influencias. Asociación ilícita. Falta de probidad administrativa.
9.- Senador Flavio Bolsonaro, primogénito del presidente.
Incitación al delito.
10.- Diputado Eduardo Bolsonaro, segundo hijo del presidente
Incitación al delito.
11.- Concejal Carlos Bolsonaro, tercer hijo del mandatario.
12.- Exjefe de prensa de la Presidencia Fabio Wajngarten.
Prevaricación. Tráfico de influencias.
La extensa lista de acusados, que incluye dos empresas, la completan decenas de funcionarios, exasesores del Gobierno, médicos que integraron un grupo informal de consejeros de Bolsonaro y otros parlamentarios alineados en la ultraderecha.
También figuran empresarios que intentaron venderle vacunas en forma fraudulenta y compañías del sector sanitario que falsificaron estudios sobre los supuestos beneficios de remedios no comprobados contra la COVID-19 y usados por el Gobierno para promover su uso en la red de salud pública.
De los yacarés al sida
Usó hasta a las vacunas en su campaña de desinformación y afirmó que quien las tomara se convertiría "en yacaré" o que podrían propiciar el sida.
Esos ejemplos fueron citados en el informe final aprobado este martes por una comisión investigadora del Senado, que acusa al líder de la ultraderecha de nueve delitos englobados en su negacionismo ante una pandemia que ya mató a más de 605.000 brasileños.
La última polémica la desató Bolsonaro en una transmisión en directo por las redes sociales y seguida por decenas de miles de personas el pasado jueves, cuando insinuó que quienes se vacunan contra la COVID-19 corren más riesgo de contraer sida.
"Informes oficiales del Gobierno de Reino Unido sugieren que los totalmente vacunados están desarrollando sida quince días después de la segunda dosis. Lean esa noticia. No voy a leerla aquí porque podría tener problemas", aseguró el gobernante.
Facebook e Instagram retiraron el video de sus plataformas por su contenido mentiroso y Youtube suspendió durante una semana el perfil del mandatario por violar sus directrices de "desinformación médica sobre la COVID-19″.
Por ese último episodio, la comisión acordó exigir que Bolsonaro sea "suspendido" por tiempo indeterminado de las redes sociales y que se retracte por esas últimas declaraciones, que se añaden a un largo historial de información falsa difundida por el gobernante.
"Esa responsabilidad es de mucha gente, pero principalmente del Presidente, un 'serial killer' que tiene compulsión de muerte" y que "con esa última declaración sobre el sida demuestra claramente que no tiene respeto por la vida", declaró el senador Renan Calheiros, instructor de la comisión parlamentaria y redactor del informe.
Bolsonaro, quien tiene una febril actividad en las redes y que solo en Twitter tiene siete millones de seguidores, se ha valido de esas plataformas para poner en duda las vacunas, incluso desde antes de que se aprobaran las primeras, a fines del año pasado.
La comisión parlamentaria ha recabado vastos indicios según los cuales el Gobierno retrasó "deliberadamente" la compra de vacunas, pues apostaba en el contagio para promover una rápida inmunización colectiva que reduciría el impacto económico de la pandemia.
En ese marco, el informe cita la resistencia del Gobierno a las vacunas de Pfizer, al punto de que ignoró decenas de ofertas hechas por la farmacéutica desde junio de 2020 y que finalmente adquirió, bajo fuertes presiones políticas, a inicios de este año.
El documento también recuerda que Bolsonaro llegó a afirmar más de una vez que las vacunas son "experimentales" y que quien las toma puede "convertirse en yacaré" o tornarse "homosexual".
Una declaración denunciada en su momento como homofóbica y que reforzó otras veces, como cuando sostuvo, en noviembre pasado, que Brasil no podía ser "un país de maricas" y "amedrentarse" frente a la pandemia.
Por esas y otras actitudes, la comisión del Senado lo ha acusado de crímenes contra la humanidad y otros ocho delitos, que incluyen infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica y atentados contra la dignidad del cargo, entre otros.
Las conclusiones del informe serán remitidas ahora a la Justicia ordinaria, a la Fiscalía y hasta a la Corte Penal Internacional de La Haya, que decidirán sobre eventuales procesos.