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Comisión de Jamaica llama a líderes del Caribe a buscar solución ante sentencia del TC

Por Carolina Batista/Acento.com.do


KINGSTON, Jamaica.- La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis Católica Romana de Kingston, Jamaica, expresó su alarma ante la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que dejaría sin nacionalidad a miles de dominicanos descendientes de indocumentados, principalmente haitianos.

Por tal razón hacen un llamado a todos los líderes del Caribe para trabajar con la República Dominicana para garantizar una solución a este juicio que respete los derechos humanos de los descendientes de los migrantes.

“Este fallo potencialmente priva a cuatro generaciones de descendientes de inmigrantes indocumentados de la ciudadanía en el único país que han conocido” expresaron.

Lea íntegro el documento de la comisión

Los líderes del Caribe deben buscar una solución justa a la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana

La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis Católica Romana de Kingston está alarmada por la sentencia 0168/13 recientemente dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el 23 de septiembre de este año. Hacemos un llamado a todos los líderes del Caribe para trabajar con la República Dominicana para garantizar una solución a este juicio que respete los derechos humanos de los descendientes de los migrantes.

Este fallo potencialmente priva a cuatro generaciones de descendientes de inmigrantes indocumentados de la ciudadanía en el único país que han conocido. Esto podría afectar hasta a 200,000 personas nacidas en la República Dominicana, casi todos ellos de ascendencia haitiana.

La República Dominicana reconoció previamente la nacionalidad dominicana de los descendientes de los inmigrantes indocumentados. Ellos fueron registrados al nacer como ciudadanos dominicanos. A muchos se le concedieron los documentos de identidad y electoral, y algunos viajaron con pasaportes dominicanos.

La mayoría nunca ha tratado de obtener ninguna otra nacionalidad. Sin embargo, como resultado de esta decisión, los despojados de su ciudadanía se han convertido efectivamente en “migrantes indocumentados y por lo tanto caen en la categoría de extranjeros en tránsito”, a pesar de que no conocen ningún otro país.

La comunidad católica reconoce el derecho de un gobierno a determinar sus propias políticas internas. Sin embargo, la Iglesia católica entiende que este derecho de la soberanía no otorga al gobierno la autoridad para violar los derechos humanos. De hecho, la Iglesia Católica entiende el derecho del Estado a su soberanía se deriva de la obligación que tiene, junto con todos los demás estados, de defender los derechos humanos que todas las personas tienen como hijos de Dios. Por esta razón, cualquier ley que viola los derechos fundamentales de una persona es una ley injusta, y es obligación del Estado remediar esto.

Estos derechos humanos se expresan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la cual República Dominicana es signataria. El artículo 15 (2) de esta declaración dice: “Nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad”. El despojo de la ciudadanía de los descendientes de los migrantes indocumentados, especialmente teniendo en cuenta que el Estado había reconocido previamente y oficialmente su ciudadanía dominicana mediante el registro, priva arbitrariamente a una persona de su nacionalidad. Por lo tanto, como signatario de la Declaración Universal, y como un Estado obligado a respetar los derechos humanos fundamentales, incumbe a la República Dominicana encontrar una manera de poner remedio a la amenaza planteada por la sentencia 0168/13 a los derechos fundamentales de miles de personas.

La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica de Kingston anima a todos los católicos en la Arquidiócesis de Kingston, y a todos los ciudadanos y residentes de Jamaica para instar a los gobiernos del Caribe y al Gobierno de Jamaica, en particular, a trabajar activamente para proteger los derechos de los miles de afectados por este fallo.

Estamos juntos a los afectados por esta decisión, y nos unimos a la comunidad internacional para pedir al gobierno de la República Dominicana que encuentre una manera de anular esta decisión y proteger sus obligaciones de respetar los derechos humanos fundamentales de los hombres, mujeres y niños que son descendientes de inmigrantes.

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