SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso este jueves la lectura de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los seis acusados de recibir sobornos de los US$92 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado para granjearse contratos de obras públicas.
Es decir, en República Dominicana comenzó de verdad, por primera vez, el juicio por la admitida corrupción de Odebrecht tras desecharse unas últimas triquiñuelas judiciales.
Se entra en el fondo de las acusaciones de corrupción con lo que, efectivamente, empezó en la práctica la ruta hacia el castigo o el descargo.
La decisión fue adoptada luego de que el tribunal acogiera la solicitud del Ministerio Público y declarara inadmisible un recurso de oposición presentado por la defensa del imputado Conrado Pittaluga contra una decisión del tribunal que le rechazó un incidente para la nulidad del proceso.
Los representantes de Pittaluga justificaban su petición en la interceptación del teléfono de su hijo Conrad Pittaluga, coordinador de la defensa, alegando que con ello se violó el derecho a la privacidad de su defendido y se incurrió en un fraude procesal.
El órgano acusador argumentó que el pedido carecía de base legal, ya que fue presentado previamente y rechazado en otra fase del proceso, por lo que, en consecuencia, estaba fuera de lo establecido en la ley y no está contenido en ninguna otra norma que le sirva de base.
Indicó, además, que el recurso carece de fundamento, ya que no existe ninguna evidencia de que el Ministerio Público haya interceptado el teléfono en cuestión y, en consecuencia, haya afectado derechos fundamentales de su defendido, tal y como consta en una certificación de la empresa telefónica Claro que fue emitida por disposición del Tribunal Constitucional luego de acoger un recurso de habeas data interpuesto por Conrad Pittaluga.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, advirtió que “no hay un solo artículo en el Código Procesal Penal que permita la anulación de la acusación, ya que las consecuencias de una acusación como las consecuencias del juicio no conducen a la nulidad de ese escrito”.
“Este tribunal tiene que conocer esta acusación. La defensa lo que ha hecho hasta ahora es correr como el diablo a la cruz a la presentación de la acusación, pero esta tiene que conocerse y salir de este tribunal con una condena o con un descargo, porque es lo que establece la ley”, afirmó el magistrado Camacho.
Además del procurador adjunto, el Ministerio Público está representado por los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como por los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
Los imputados son los exsenadores Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez y Tommy Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, su supuesto testaferro Conrado Pittaluga, y Ángel Rondón, exrepresentante comercial de Odebrecht en el país, quien está señalado como la persona que repartió los sobornos. Las defensas se adhirieron a cada uno de los pedimentos.
Luego de la decisión, las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordenaron el inicio del juicio en contra de los seis encartados.
A LA SÉPTIMA VA LA VENCIDA…
Esta es la séptima sesión del juicio, pero las seis anteriores discurrieron sin avances, entre discusiones técnicas y tácticas dilatorias por parte de los abogados de defensa de los seis acusados de repartirse los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en el país en sobornos entre 2001 y 2014.
El caso comenzó a ser juzgado en septiembre por un tribunal de primera instancia de Santo Domingo, después de deambular tres años por la Suprema Corte de Justicia.
En la sesión de este jueves, el fiscal Camacho comenzó a enumerar la relación de las obras públicas en las que se elevaron los precios de forma fraudulenta, por medio de numerosas adendas a los contratos, para ocultar el reparto de los sobornos.
El grupo está acusado de cobrar comisiones ilegales para facilitar la contratación de Odebrecht y para abreviar la concesión de préstamos a la constructora brasileña, que operó de este modo en numerosos países de la región.