SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El abogado y dirigente político Guido Gómez Mazara sostuvo que el esfuerzo de transparencia y adecentamiento del modelo democrático no puede ser efectivo si se circunscribe al ámbito de los sectores políticos y organizaciones partidarias porque si bien es cierto los precedentes de casos de corrupción en un altísimo porcentaje se asocian a funcionarios públicos, es innegable que existe una fatal tendencia a no escrutar con efectividad el incremento patrimonial de la jerarquía militar y policial.
Aseguró que durante una "etapa de fragilidad democrática el gobernante de turno llenaba el apetito del mando de las Fuerzas Armadas intercambiando ventajas económicas en el interés de construir una estructura de lealtad derivada del aprovechamiento financiero con el Estado".
Una vez superada esa etapa, en la que "el cuartel podía desestabilizar la gestión gubernamental, el viraje en el comportamiento de ciertos exponentes del mando superior y medio se dedicó a la protección y/o asociación formal con actividades ilícitas que sirvieron de punto de partida en alcanzar riquezas indecentes", sostuvo.
Para el profesional del derecho, el hecho de que históricamente se excluyera a los jefes militares y policiales de la persecución penal "provocó que se mal entendieran que el afán por perseguir la corrupción era propio de la jurisdicción civil".
De esa forma, prosiguió, hubo "riendas sueltas a inconductas que, al hacerse indecentes y no penalizadas, abrieron las compuertas para que la ciudadanía comenzará a edificar, en el marco del reclamo institucional, la necesidad de que el combate a la corrupción no excluyera a ningún sector".
Resaltó que las acciones encaminadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en la llamada Operación Coral "no pueden circunscribirse al ámbito de los investigados y acusación penal sino que envían una señal de que la cultura de acumulación inmisericorde desde la jerarquía militar y policial se torna insoportable ante los ojos de la ciudadanía".
Por lo mismo, que "requiere de sanciones ejemplarizantes" para que los cambios expresados electoralmente y los riesgos que corren servidores de la actual administración al cometer cualquier clase de exceso en sus funciones, sirva de espejo a los aspirantes a reproducir semejante conducta.
Lamentó que el comportamiento incorrecto de algunos exponentes del mando militar y policial afecte la imagen de la mayoría de oficiales honestos y de una enorme vocación de servicio que dedican su vida al buen funcionamiento de sus respectivas instituciones.
Asimismo, que internamente hacen un ejercicio crítico de los niveles de complicidad entre políticos y militares que el sentido de promoción, desarrollo y éxito en los organismos castrenses lo establecen en asociación a relaciones primarias y no al mérito como mecanismo de movilidad institucionalidad.
Finalmente, reiteró la validez de las investigaciones desarrolladas por la PEPCA y su enorme contribución al cambio de mentalidad y conducta en las instituciones armadas y policial del país.