SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los colectivos Team UASD y La Plaza Alzá fueron parte de los más de 20 colectivos, agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil que, junto a partidos políticos, participaron en el Diálogo Político Ciudadano del pasado viernes 6 de marzo.
“Todos los colectivos y los manifestantes queremos elecciones limpias, confiables, con participación social, institucionalidad y soberanía nacional”, afirman, “Sin embargo, lo ocurrido este miércoles 11 y jueves 12 de marzo, es más que objetable y constituye una amenaza muy grave para el derecho de la ciudadanía dominicana a elecciones limpias y democráticas, por las que ha luchado dignamente”.
Desde su punto de vista, el conjunto de decisiones tomadas la noche del miércoles a puertas cerradas, no avaladas por ningún consenso ni voto mayoritario, sin contar con la participación abierta ni la transparencia exigidas en las últimas semanas, carecen de legitimidad y se están convirtiendo en una validación de imposiciones.
Según explican, lo que ha venido a ejecutarse es una pauta del CES, que fue tan repudiado, con el peso determinante del CONEP, un observador del propio Monseñor Agripino Núñez Collado, ONGs del empresariado, y otros actores del poder político y económico “que recuerdan a la comisión de Punta Catalina y todas las “comisiones” creadas para garantizar impunidad y que los poderosos sean los que dirijan, mientras la ciudadanía y la juventud quedan como espectadores y “observadores” pasivos, meros entes decorativos para terminar validando lo que ocurra, dando un cheque en blanco y sin ningún poder real, como premio de consolación”.
Por igual, dicen objetar los criterios y formas en que una persona respetable como Gisela Cueto, pero cuyo nombre fue planteado ayer entre cuatro paredes y ni siquiera había sido nombrada en la opinión pública, haya sido nominada desde la reunión en la JCE y designada al vapor como Procuradora Especializada en Delitos Electorales.
Indican que la señora Cueto, a esta alturas de su avanzada carrera no desempeña ninguna labor de investigación y labora en las tareas judiciales de procesos de extradición en la Suprema Corte de Justicia, por lo que difícilmente podría cumplir las tareas que la sociedad espera.
Añaden que esto se hace a menos de 48 horas para las votaciones, y denuncian que fue imposible lograr que la JCE abriera las inscripciones de forma institucional para permitir participar a los miles de ciudadanos y jóvenes que se mostraron interesados en ser observadores electorales. “Sencillamente aquí se está poniendo en función un típico libreto de que se están haciendo cambios, y la verdad es todo sigue bajo los mismos amarres y simulacros”.
Señalaron que la democracia en todo este proceso ha sido un reclamo fuerte y claro y que la ciudadanía ya no está disponible para acuerdos entre cuatro paredes ni pactos entre cúpulas. “Diálogo siempre, cuando sea constructivo, útil, democrático, abierto, horizontal y representativo. Aclaramos que del Diálogo del viernes 6 de marzo no emanó ningún mandato para apoyar una Comisión de Acompañamiento como la que se ha creado ni estas decisiones a gusto del poder: "No podemos fallarnos ni podemos fallarle a la ciudadanía en este momento crucial. Necesitamos fortalecer el verdadero diálogo, que es entre los diversos sectores que conforman el pueblo dominicano, para porfundizar en nuestras demandas".
“En el pasado no muy lejano-aseguran- tenemos pruebas más que contundentes para darnos cuenta de que la creación de “comisiones” y las firmas de “pactos” entre cúpulas, con algunas concesiones a los actores sociales, sin un debate real, son salidas de emergencia que utilizan los sectores del poder, para evitar que se generen discusiones y transformaciones en favor de las grandes mayorías. Solo buscan borrón y cuenta nueva y salvar su sistema corrupto y clientelar”.
Recuerdan que de nuevo, como en la crisis de 1994, se hace bajo el tutelaje de la OEA, que viola la soberanía nacional y profundiza aún más la crisis institucional. Consideran que las funciones esenciales del Ministerio Público y del Estado no pueden ser cedidas, y en lugar de hacerlo, dada su falta de credibilidad, deberían destituirse y reemplazarse los funcionarios que no cumplen su deber.