SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La entidad pro derechos de la mujer, Colectiva Mujer y Salud, acusó este jueves 12, a la Iglesia Católica de interferir en el proceso legislativo que realizan los legisladores dominicanos en la reforma del Código Procesal Penal, la cual calificó como “particularmente ofensiva”.
La entidad enfatizó que la injerencia eclesiástica apunta contra medidas oportunas como son la tipificación del feminicidio y la adopción del Estado de Necesidad para permitir la interrupción médica del embarazo cuando éste amenace de forma inminente la vida de la mujer.
Asimismo, manifestó que a lo largo de la última década, las y los legisladores dominicanos han sido objeto de presiones, amenazas y hasta de chantajes por parte de una Iglesia católica que, actuando al margen de principios y procedimientos democráticos, se empecina en utilizar el poder coercitivo del Estado para imponer sus posiciones doctrinales particulares a toda la población.
“Este proceder eclesiástico resulta por demás incomprensible: ¿Cómo es posible que a estas alturas la Iglesia se oponga a una medida que busca combatir el feminicidio, en un país donde los asesinatos de mujeres alcanzan la categoría de catástrofe nacional?”, cuestionó.
En ese orden, recalcó que no sólo se opone, sino que “utiliza el argumento baladí de que la calificación resulta discriminatoria contra los hombres, por no existir en el Código la contrapartida del “masculinicidio”.
En lo que respecta a los artículos del Código relativos al aborto, la Colectiva Mujer y Salud expresó que las posiciones de la Iglesia alcanzan un grado de fanatismo extremo, debido a que pide incrementar a 30-40 años la pena de cárcel para la mujer que aborta, entendiendo que éste debe ser castigado como homicidio premeditado.
De igual forma, requiere, según la institución, que sea eliminado el párrafo del artículo 90 que permitiría “la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en establecimientos de salud públicos o privados, siempre que el mismo se produzca como consecuencia de un estado de necesidad”, es decir, cuando el embarazo represente “un peligro actual o inminente” contra la vida de la mujer.
“El principal argumento de la Iglesia en este sentido es que ante una complicación que ponga en peligro la vida de la mujer, el médico está obligado a luchar para salvar las dos vidas y si en este esfuerzo uno de los dos muere no hay ninguna responsabilidad penal”, lo que calificó como un “lenguaje canónico cifrado para edulcorar un poco la posición despiadada e inhumana de la Iglesia frente el aborto terapéutico”, y que se reduce a lo siguiente: el embarazo no debe interrumpirse nunca, aunque muera la mujer, porque el embrión es una persona y como tal tiene el mismo derecho a la vida que la mujer adulta.
Finalmente, volvió a cuestionar la posición de la sociedad dominicana, por vía de sus representantes electos al Congreso, de permitir que la Iglesia imponga una visión, la cual consideró como extremista, oscurantista y misógina, y comparó la situación del país con otras naciones como Irán y Arabia Saudita, en las que se permite el aborto terapéutico.